Palestina intenta dar más peso a Europa en la guerra de Gaza por la cercanía de EE UU a Israel

Palestina y los países árabes se movilizan para girar hacia Europa el eje de discusión sobre la guerra en Gaza ante la parcialidad de Estados Unidos hacia Israel. Washington es el socio más influyente en el Gobierno de Benjamín Netanyahu, pero ha sido mucho menos contundente sobre las vulneraciones de los derechos humanos del ejército israelí en Gaza y en imponer sus reclamos a la contención. Con esa premisa, Mohamed Mustafa —primer ministro de la Autoridad Nacion...

Palestina y los países árabes se movilizan para girar hacia Europa el eje de discusión sobre la guerra en Gaza ante la parcialidad de Estados Unidos hacia Israel. Washington es el socio más influyente en el Gobierno de Benjamín Netanyahu, pero ha sido mucho menos contundente sobre las vulneraciones de los derechos humanos del ejército israelí en Gaza y en imponer sus reclamos a la contención. Con esa premisa, Mohamed Mustafa —primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), un Gobierno tecnocrático con el que EE UU y la Unión Europea aspiran a convencer a Israel de que le permita tomar las riendas de la Franja de posguerra— ha presentado a varios países europeos un plan de reforma para “liderar la reconstrucción tras un alto el fuego permanente”, según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El jefe de Gobierno palestino presentó el domingo el plan a los ministros de Exteriores de varios Estados miembros, representantes de la ONU y el Reino Unido, además de varios países árabes—Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Jordania—, Noruega y la UE, en una reunión de donantes y en otra para impulsar una próxima conferencia de paz. El objetivo último del plan, que incluye un cronograma para cada paso de las amplias reformas necesarias, es reunificar las instituciones de Cisjordania y Gaza bajo una única administración y reabrir la Franja al mundo; algo que choca frontalmente con el futuro que esboza Netanyahu.

Los principales donantes se comprometieron a intensificar el apoyo a la ANP, hasta ahora paralizada y desprestigiada, y a impulsar en un plazo breve una conferencia de paz para Gaza. Todo ello mientras Israel mantiene sus ataques sobre Rafah, en contra del llamamiento de la justicia internacional. El domingo por la noche, mientras los ministros árabes y europeos se reunían en Bruselas con el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, un bombardeo israelí mató a 45 personas —23 de ellas, menores— que se refugiaban en un campo de desplazados. Se suman a las más de 36.000 personas muertas y a los miles de desaparecidos entre los escombros.

La ofensiva de Israel en Gaza, en respuesta a los atentados de Hamás del 7 de octubre, divide a los socios de la UE. Algunos, como Austria o República Checa, mantienen un apoyo casi férreo al Estado judío. Otros, como España o Irlanda, claman desde el inicio contra las vulneraciones del derecho internacional humanitario y reconocerán este martes a Palestina como Estado. A medida que el Ejército israelí avanza sobre la Franja, el tono sobre Netanyahu se ha elevado y empieza a ganar peso la posición de España.

Ese endurecimiento del discurso hacia Israel y el hecho de que la UE sea uno de los mayores donantes para los palestinos es una de las principales razones de que Mustafa y su Ejecutivo tecnócrata esté moviendo el eje hacia Europa. El plan que presentó en Bruselas incluye reformas de emergencia por valor de 1.311 millones de dólares (1.200 millones de euros). Recibió apoyo unánime y ofertas de apoyo técnico y económico. Además, presionarán a Israel para que dé marcha atrás al anuncio de la pasada semana de su ministro de Finanzas, el ultra Bezalel Smotrich, de la retención a la ANP de impuestos que recauda en su nombre y que está obligado a transferirle, en represalia por el reconocimiento del Estado de Palestina que efectuarán este martes España, Irlanda y Noruega.

El día después en la Franja

La idea es convertir la ANP en una alternativa aceptable para gestionar el día a día de los gazatíes, que Israel no quiere asumir y para lo que no sobran voluntarios. Es a quien legalmente le correspondería y lo hacía hasta que las fuerzas de Hamás la expulsaron en 2007, un año después de su victoria electoral.

En el plan para el Estado palestino, se plantea que la ANP “lidere” la reconstrucción tras un alto el fuego permanente en dos fases. La primera, una respuesta de emergencia e inicio de la recuperación, que sitúa en los primeros 36 meses tras ese cese de hostilidades. Estaría muy centrada en cubrir las necesidades básicas de la población y empezar en proveer alojamiento en una Franja con barrios enteros borrados del mapa y más de la mitad de las casas dañadas, según explica el documento.

La segunda se extendería al menos una década y consistiría en aprovechar la reconstrucción para “transformar” Gaza, de forma que quede “plenamente integrada política, social y económicamente, en el Estado de Palestina y, a través de él, con el resto del mundo”. Es justo lo contrario de lo que desea el Gobierno israelí, que no dejó de ocupar técnicamente la Franja tras retirar de allí a sus soldados y colonos en 2005 y planea ahora efectuar durante años las redadas que considere necesarias, controlar la frontera con Egipto y mantener una zona tampón dentro de la Franja.

Asegurar la plena transparencia e independencia judicial; transformar las instituciones; eliminar duplicidades; contemplar un sistema fiscal progresivo; actualizar el código legal… El lenguaje del plan suena bien en Bruselas. Y muestra la conciencia del desapego ciudadano con la ANP, al señalar la necesidad de “ganar la confianza pública a través de un foco absoluto en servir a los ciudadanos”.

Según el barómetro árabe, efectuado antes de la guerra, un 77% de los cisjordanos no confía en el Gobierno y un 94% considera que hay corrupción en la ANP. No obstante, solo un 10% cita la corrupción como su principal preocupación, muy por detrás de la guerra en Gaza (50%) y la ocupación militar israelí (23%), en el último sondeo del Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas, del pasado abril.

Por ello, el documento del Gobierno palestino habla de “mejorar la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas”, así como “combatir la corrupción a todos los niveles de Gobierno”, con una política de “tolerancia cero”. También de “promover los partenariados con la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado para detectarla y exponerla”. Son sectores donde impera el clientelismo.

Las palabras cambian. “Revitalizada”, según el presidente de EE UU, Joe Biden; o “fuerte” y “funcional”, como ha dicho Borrell este domingo, la idea es dar un vuelco a la esclerótica y desprestigiada ANP para que asuma más adelante el control civil de Gaza. Todo un reto para el Gobierno que nació de los Acuerdos de Oslo de 1993; solo ejerce una soberanía limitada en un tercio de Cisjordania, militarmente ocupada por Israel; y Netanyahu lleva años desgastando.

Economista de 69 años, Mustafa juró el pasado abril al frente de un nuevo Ejecutivo de tecnócratas con la reconstrucción de Gaza entre sus prioridades. Fue el elegido por resultar del agrado tanto del presidente de la ANP, Mahmud Abbas, como de Occidente, que busca convencer a Israel de que la ANP debe gestionar Gaza. Mustafa es cercano al presidente, con quien ejerció de vice primer ministro y director del Fondo de Inversión. A la vez, se formó en EE UU, ha ocupado puestos de importancia en el Banco Mundial y mantiene contacto con representantes oficiales del país.

Los expertos se muestran escépticos de su capacidad de cambiar las cosas, porque Abbas mantiene amplios poderes y porque choca con los intereses de Israel. Solo un 8% de cisjordanos está satisfecho con Abbas y un 84% quiere que dimita, según el citado sondeo de abril.

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