La justicia británica decide este lunes si Julian Assange es finalmente extraditado a EE UU

Otro día decisivo para el preso cuya batalla judicial se ha convertido en la defensa universal de la libertad de prensa. Los magistrados del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Victoria Sharp y Adam Johnson, decidirán este lunes si les parecen suficientes...

Otro día decisivo para el preso cuya batalla judicial se ha convertido en la defensa universal de la libertad de prensa. Los magistrados del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Victoria Sharp y Adam Johnson, decidirán este lunes si les parecen suficientes las garantías adicionales ofrecidas por Washington para que Julian Assange, de 52 años, tenga un juicio justo. De darse por satisfechos, podrían otorgar luz verde a la extradición a Estados Unidos del cofundador de Wikileaks, que se halla sometido a prisión provisional en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres, desde abril de 2019. El estado de salud del prisionero ha sufrido un serio deterioro en el último año, por lo que no ha podido estar presente en las vistas judiciales, ni siquiera a través de videoconferencia. Su mujer, Stella Assange, acudirá al edificio de tribunales a primera hora. Se espera de nuevo que centenares de manifestantes se acerquen a expresar su apoyo al antiguo hacker.

El equipo jurídico de Assange ha intentado durante los últimos meses que su cliente tenga una última oportunidad de recurrir su extradición ante la justicia británica. La decisión de dar luz verde a la extradición fue adoptada en 2022 por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, una vez que el Tribunal Supremo dio por buenas las garantías ofrecidas por Washington sobre la seguridad del preso, y sobre las medidas que se adoptarían para impedir que pudiera acabar con su propia vida.

Sin embargo, los magistrados Sharp y Johnson decidieron dar validez a tres de los argumentos esgrimidos por los abogados del editor para evitar su entrega a las autoridades estadounidenses. El pasado 26 de marzo, el tribunal reclamó a Washington garantías adicionales de que, cuando llegara el momento de ser juzgado en ese país, Assange podría utilizar en su defensa la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa; no reduciría sus derechos por no ser ciudadano de EE UU, ni impondría finalmente la pena de muerte al acusado.

175 años de prisión

El tribunal concedió tres semanas de plazo a Washington para ofrecer una respuesta, que llegó en el último minuto como una serie de compromisos y declaraciones ambiguas. Las autoridades estadounidenses aseguraron, en una comunicación diplomática a los jueces, que Assange no sería discriminado por su nacionalidad, ni se reclamaría para él pena de muerte, porque no está contemplada en los delitos de los que se le acusa. El Gobierno de EE UU acusa al preso de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisión en un ordenador. El editor australiano se enfrentaría a 175 años de prisión por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en ese esfuerzo concertado de publicación de estos papeles.

“La respuesta de EE UU ha sido decir que Assange podrá siempre argumentar en su defensa la Primera Enmienda, pero que será el tribunal el que deba decidir si la admite o no. Eso no es ninguna garantía, sino todo lo contrario. No aclara nada de lo que puede suceder si finamente es extraditado a EE UU”, explicaba la semana pasada Jennifer Robinson, la abogada del editor australiano, en una reunión informativa en Londres con la Asociación de la Prensa Extranjera.

Tres son los posibles desenlaces de la vista de este lunes. El equipo jurídico de Assange está convencido de que no habrá que esperar más días para conocer la decisión de los magistrados, que darán a conocer al final de la sesión. Pueden dar por válidas las garantías de Washington y autorizar la extradición; pueden rechazarlas, y permitir que el preso recurra de nuevo su entrega ante la justicia británica —más meses de prisión por delante hasta que se celebrara el juicio—; o la remota pero posible decisión de poner punto final al proceso y ordenar la liberación del preso.

En el caso de que la extradición saliera adelante, el equipo de Assange planea solicitar una orden de suspensión de la ejecución al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, y recurrir más adelante todo el proceso ante esta instancia. No está nada claro, sin embargo, que el TEDH vaya a interferir en la soberanía de dos Estados que negocian una extradición.

El actual Gobierno australiano y su Parlamento han solicitado la liberación de Assange, ciudadano de ese país. La Cámara legislativa aprobó en febrero una resolución con la misma solicitud, con el voto en contra de la oposición conservadora. El primer ministro, el laborista Anthony Albanese, respaldó con su voto la petición, y ha trasladado a Washington el deseo de su Gobierno de que se abandone la petición de extradición y se permita regresar al cofundador de Wikileaks.

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