Todo lo que está en juego con la extradición de Assange, el símbolo incómodo de la libertad de prensa

No es solo el futuro de Julian Assange el que está en juego si acaba extraditado a Estados Unidos por, supuestamente, violar la Ley de Espionaje de 1917. Es mucho más, es la libertad de prensa, según los directores de los periódicos que en 2010 publicaron las revelaciones sobre la política exterior estadounidense en cooperación con WikiLeaks, la organización que Assange fundó.

Las revelaciones pueden...

No es solo el futuro de Julian Assange el que está en juego si acaba extraditado a Estados Unidos por, supuestamente, violar la Ley de Espionaje de 1917. Es mucho más, es la libertad de prensa, según los directores de los periódicos que en 2010 publicaron las revelaciones sobre la política exterior estadounidense en cooperación con WikiLeaks, la organización que Assange fundó.

Las revelaciones pueden costarle a Assange la extradición y la posible condena por obtener y difundir información secreta del Gobierno de EE UU. Pero el coste puede ir más allá de su caso personal, según quienes hace 14 años estaban al frente de las redacciones de Der Spiegel, Le Monde, The Guardian, The New York Times y EL PAÍS, periódicos que estudiaron, verificaron y contextualizaron los 251.000 cables diplomáticos que había obtenido WikiLeaks.

“A veces no defendemos ante todo a una persona ni sus acciones, sino un principio”, dice Georg Mascolo, que era director del semanario alemán Der Spiegel. “Si esto [la extradición y condena de Assange en EE UU] tiene éxito, no veo por qué yo mismo o mis colegas de EL PAÍS, Le Monde, The Guardian o The New York Times no seríamos imputados”.

EL PAÍS ha entrevistado a Mascolo y a sus colegas tras las audiencias, esta semana, ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, donde se decidirá si Assange puede o no seguir recurriendo en Reino Unido su extradición a EE UU. Los cinco coinciden en los efectos que tendría la extradición del cofundador de Wikileaks y una condena que podría llegar a los 175 años de prisión, según sus abogados, por las 18 infracciones que se le atribuyen.

“Una idea terrible”, resume Bill Keller, que en 2010 dirigía The New York Times. “La relación entre Julian y los directores que trabajamos juntos para publicar la información que obtuvimos de WikiLeaks fue delicada”, admite. “No era fácil tratar con él, pero esto no justifica criminalizar el periodismo, que es lo que supone usar la Ley de Espionaje contra Assange”.

La Ley de Espionaje se adoptó en EE UU durante la Primera Guerra Mundial. Estaba pensada para espías y traidores. Nunca se ha usado antes para imputar a un editor de prensa. Aunque Assange no lo sea, ni tampoco un periodista en el sentido tradicional, las revelaciones por las que se le acusa se publicaron en medios tradicionales y de prestigio, y fueron sometidas a un proceso riguroso de edición y selección.

“Pienso que su extradición y, evidentemente, la condena que vendría después, serían graves para la libertad de prensa”, dice Sylvie Kauffmann, directora de la redacción del francés Le Monde hace 14 años y al frente del esfuerzo para publicar las noticias sacadas de los documentos de WikiLeaks.

Javier Moreno, director de EL PAÍS en la época, señala: “El precedente que abre es brutal. El mensaje que se envía a los ciudadanos es: ‘Vayan preparándose, porque vamos hacia un mundo en el que cosas que hemos dado por supuestas o garantizadas ya no lo estarán”.

“Se piense lo que se piense de Assange, el precedente es peligroso”, concurre Alan Rusbridger, del británico The Guardian. “[La extradición] tendría como efecto amedrentar a las personas que quisieran publicar este tipo de noticias”.

Más de una década sin libertad

El periplo inglés de Assange, ciudadano australiano de 52 años, empezó cuando se refugió en la embajada de Ecuador en 2012 para escapar de la demanda de extradición de Suecia, donde afrontaba una investigación por violación, archivada en 2019.. Ahí pasó siete años, hasta que fue expulsado. Después fue condenado a casi un año de prisión por saltarse las obligaciones de su libertad condicional en el caso sueco. Y ha pasado los últimos cinco años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, también en Londres, a la espera de resolverse la demanda de extradición a EE UU.

En 2019, con Donald Trump en la Casa Blanca, la justicia de EE UU acusó a Assange de participar en el robo de los cables diplomáticos y otros documentos secretos en 2010. La acusación se amplió después para incluir, entre los cargos, la publicación de estos documentos.

La acusación ampliada —ya no solo por robar documentos secretos, sino por publicarlos—es lo que preocupa a los directores de medios y periodistas de investigación. En el futuro, la Ley de Espionaje podría aplicarse a los medios tradicionales y afectar su trabajo diario.

Tras las revelaciones de 2010, Wikileaks siguió publicando documentos privados y secretos por su cuenta, sin la cooperación de los citados medios de referencia. En 2016, difundió unos correos electrónicos sobre la entonces candidata a la elección presidencial de 2016 en EE UU, la demócrata Hillary Clinton, supuestamente obtenidos por personas vinculadas a los servicios de inteligencia rusos. En plena campaña electoral, fueron una ayuda para el republicano Trump.

La discusión sobre la verdadera naturaleza del responsable de WikiLeaks aparece en las conversaciones con los exdirectores de periódico. ¿Pirata informático? ¿Activista? ¿Periodista? ¿Empresario de prensa y editor del medio WikiLeaks? ¿Denunciante o whistleblower, en inglés? ¿Simple fuente de información? ¿O incluso agente (voluntario o involuntario) de la Rusia de Vladímir Putin?

“No puedo hablar por todos los directores, pero no creo que ninguno de nosotros le viese como a un colega”, dice Keller. “Era una fuente. Una fuente delicada a la que había que tratar con cuidado”. Al mismo tiempo, precisa: “Intento ser un poco humilde a la hora de decidir quién es periodista. ¿Lo es Tucker Carlson [el presentador de televisión favorable a Trump que recientemente entrevistó a Putin]? Trafica con la desinformación. Es un propagandista, recientemente de Putin”.

“[Assange] desafía cualquier clasificación, es como un actor: a veces editor, a veces periodista, a veces activista, a veces empresario”, sostiene Rusbridger. “Pero se le persigue judicialmente por ser un editor [de un medio] y no hay ninguna duda de que, cuando los cinco periódicos trabajamos con él, se comportó como un periodista”.

Apunta Moreno: “Es verdad que Assange es un personaje incómodo, una víctima incómoda que no resulta fácil de defender, un personaje con sus aristas, complicado”. Y, añade el exdirector de EL PAÍS, existe “un grado de separación” entre el trabajo que hacen Assange y sus colegas, y el de los periodistas de los diarios que dirigían. Pero matiza: “Este grado de separación no me parece tranquilizador (...). No somos lo mismo, pero no hay un océano inmenso entre nosotros, entre él y los periodistas que, con los papeles que él pasó, escribieron. Son cosas distintas, claro. Pero, ¿tan distintas como para quedarnos tranquilos nosotros si a él le ocurre algo? Yo diría que no; ni nosotros, ni la democracia en general”.

Los cinco, al frente de sus redacciones y equipos de especialistas, tuvieron que decidir hace 14 años cuáles, entre las decenas de miles de documentos, podían ser noticiosos y cómo publicarlos. Debían evaluar si ponían en riesgo la seguridad de sus países o personas, y contrastarlas.

Mascolo recuerda que, en 2010, sus colegas directores y él mantuvieron muchos debates con Assange sobre lo lejos que podían ir en la publicación de los cables “y, sin duda, hubo desacuerdos”. “Pero la imputación simplemente es un error, y muy peligrosa”, concluye.

“Julian Assange es un símbolo, un símbolo imperfecto”, describe Kauffman, quien recuerda de aquella época a un personaje atípico, pero también que la relación era correcta. Después hubo lo que ella llama “derivas extrañas”. “La deriva rusa es una de ellas”, dice. “Fue un error por su parte: no habría tenido que colaborar con RT [la cadena pública rusa]”.

Pero la periodista francesa insiste en la importancia de las revelaciones de 2010. “La Administración de EE UU estaba furiosa, lo que es comprensible, pero fue un trabajo de utilidad pública”, dice. “No ponía en juego la seguridad nacional de Estados Unidos. En cambio, proporcionó un número extraordinario de informaciones muy instructivas sobre cómo funcionaba la diplomática norteamericana y las relaciones con otros países”.

Los papeles de Wikileaks: la pesadilla de cualquier diplomático

La lista de revelaciones de 2010, que iban desde las guerras de Irak y Afganistán a la cocina de la diplomacia, es larga. Once años antes de la retirada de EE UU de Afganistán, los despachos de WikiLeaks informaron de la corrupción rampante en el Gobierno afgano apoyado por Occidente. Mostraron cómo el dinero de Arabia Saudí financiaba a grupos terroristas, o cómo la Administración de EE UU ordenó espiar al propio secretario general de la ONU.

Los papeles de WikiLeaks, escribió entonces Moreno, “revelan de forma exhaustiva, como seguramente no había sucedido jamás, hasta qué grado las clases políticas en las democracias avanzadas de Occidente han estado engañando a sus ciudadanos”. En The Guardian, el historiador Timothy Garton Ash los describió así: “El sueño de todo historiador. La pesadilla de todo diplomático”. Y se preguntaba: “¿Cómo puede hacerse diplomacia bajo estas condiciones?” Es decir, sabiendo que en todo momento las comunicaciones privadas podían hacerse públicas.

“Condenamos en los términos más fuertes la revelación no autorizada de documentos clasificados y de información sensible de seguridad nacional”, reaccionó la Casa Blanca en 2010. El presidente era Barack Obama, cuya Administración evitó, sin embargo, denunciar a Assange. Explicó que, de haberlo hecho, habrían tenido que denunciar a periodistas de los medios que publicaron las noticias. “Su postura otorgaba una gran importancia a la libertad de prensa a pesar de las desagradables consecuencias”, se leía en una carta abierta publicada por los cinco en 2022. La Administración Trump cambió de idea.

Aquellas informaciones, sobre todo, arrojaron luz —a veces vergonzante; otras, fascinante— sobre la mecánica interna del mundo. Pudo parecer que se anunciaba una nueva era de transparencia impulsada por la revolución digital pero, dos años después, en un artículo, Keller avisaba: “De hecho (...), sucede más bien lo contrario”. Sí, después de Assange y Wikileaks llegaron las revelaciones de Edward Snowden sobre la Agencia Nacional de Seguridad en 2013. Pero la acción de 2010 tuvo su reacción, en forma de retroceso en la transparencia o de mano dura contra los filtradores o contra Assange.

Rusbridger sostiene que después de Assange, y después de Snowden, “los gobiernos están intentando frenar [el periodismo sobre secretos de seguridad nacional] y haciéndolo imposible por medio de sanciones severas y usando una legislación que no se diseñó para impedir trabajar a la prensa”.

Keller, ante la hipótesis de que Assange sea extraditado y condenado, afirma: “Esto no es el fin del periodismo pero, sin duda, hará más difícil un tipo de periodismo. Y esto, en un momento en que necesitamos más que nunca el periodismo de investigación”. Añade el exdirector de The New York Times: “Son tiempos duros para el periodismo. El modelo de negocio está complicado. El mercado está inundado por las noticias de entretenimiento, la propaganda y la desinformación. Y en varios países hay regímenes autoritarios que persiguen a la prensa. Añadir la Ley de Espionaje al arsenal para atacar a la prensa es un gran error que tendrá consecuencias”.

Catorce años después, ninguno de los cinco periodistas sigue al frente de las cabeceras que sacaron la exclusiva de Wikileaks. Keller, después de fundar el medio sin ánimo de lucro The Marshall Project, está jubilado, escribe libros e imparte clases en prisiones. Moreno dirige la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS. Mascolo sigue ejerciendo de periodista, como Sylvie Kauffmann, directora editorial de Le Monde. Rusbridger dirige la revista Prospect. Y Assange espera la decisión de los jueces. O bien podrá plantear un nuevo recurso en Reino Unido o se le extraditará a EE UU, aunque todavía le quedará la opción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

“Este señor”, observa Moreno, “ya lleva 12 años encerrado de una manera u otra. Si encima ahora le extraditan y acaba con 175 años de condena, todo habrá sido para que los lectores de este periódico, y de otros, puedan haber leído los artículos que leyeron. Hay que pensar en eso”.

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