Un líder opositor de Túnez con pasaporte español desafía al régimen de Said tras un año en prisión sin juicio

Un líder de la oposición tunecina, el socialdemócrata Jayam Turki, mantiene una huelga de hambre en la cárcel desde la semana pasada junto con otros dirigentes detenidos hace un año en la mayor ola de represión política bajo el régimen del presidente Kais Said, que clausuró el Parlamento en 2021 y gobierna desde entonces con sesgo autocrático. Turki, de 58 años, es hijo de la escritora Elodia Zaragoza, nacida en Valencia en 1...

Un líder de la oposición tunecina, el socialdemócrata Jayam Turki, mantiene una huelga de hambre en la cárcel desde la semana pasada junto con otros dirigentes detenidos hace un año en la mayor ola de represión política bajo el régimen del presidente Kais Said, que clausuró el Parlamento en 2021 y gobierna desde entonces con sesgo autocrático. Turki, de 58 años, es hijo de la escritora Elodia Zaragoza, nacida en Valencia en 1939 y exiliada en Túnez tras la Guerra Civil junto con su familia de militantes republicanos. Cuenta con pasaporte español y ha recibido asistencia consular española en prisión.

Elodia Zaragoza, que tras su fallecimiento en 2020 en plena pandemia dio nombre a una asociación hispano-tunecina, nació en una cárcel en la que su madre, la militante anarquista Amelia Jover, se encontraba pendiente de que se ejecutara su condena de muerte, tras ser juzgada por un tribunal castrense en un juicio sumarísimo sin garantías, por su militancia en las Juventudes Libertarias del sindicato CNT. Su padre, un marino leal a la República, había huido al final de la contienda a bordo de un submarino hasta el puerto tunecino de Bizerta. Madre e hija lograron escapar de prisión y salieron de España. Tras fugarse más tarde de un campo de concentración del sur de Francia próximo a la frontera española, la familia se reunió finalmente en Túnez, donde se habían asentado unos 4.000 refugiados republicanos.

Jayam Turki, casado y con tres hijos, fue dirigente del partido socialdemócrata Ettakatol y su nombre figuró como aspirante a primer ministro en una coalición formada por islamistas y laicos de centroizquierda y liberales antes de la disolución del Parlamento, que Said consumó en 2022. Desde hace un año se le aplica la legislación antiterrorista sin que se haya concretado aún un procesamiento en su contra.

Durante apenas unos 15 minutos a la semana, su familia le visita en una prisión situada a una hora en coche de la capital tunecina. Sus condiciones de detención son similares a las de los presos comunes, según informan fuentes jurídicas. “En un año, solo ha comparecido una vez ante el juez de instrucción que lleva su caso. Las prórrogas de detención han sido sistemáticas durante este tiempo”, agregan. “La comida llega siempre fría a su celda, donde no tiene medios para calentarla”. Desde el pasado octubre ha recibido asistencia del Consulado de España en Túnez en al menos tres ocasiones en su condición de ciudadano español.

Las fuentes consultadas consideran que su moral es alta tras un año entre rejas, a pesar de sufrir una capsulitis que le causa dolor en ambos hombros. Desde hace dos meses espera a poder ser examinado en el hospital, tras haber pasado por la enfermería de la cárcel. Solo tiene permitido salir al llamado patio de presos peligrosos, de unos 15 metros cuadrados, sin poder acceder al patio principal como el resto de los internos.

Los encuentros que organizó Turki en Túnez entre representantes de la oposición y diplomáticos occidentales fueron vistos con recelo desde las instancias de poder, que le han acusado ahora de “conspiración con fuerzas extranjeras”. Su encarcelamiento a la espera de juicio, junto con otros líderes de la oposición, se interpreta por sus partidarios como una medida preventiva ante las presidenciales previstas este año, en las que Said aspira a afianzarse en el poder sin verse desafiado en las urnas por rivales de entidad. Turki es considerado como una figura de consenso en la oposición y un puente entre las distintas corrientes políticas de la alianza Frente de Salvación Nacional, que busca una salida a la crisis política y económica que golpea a Túnez en los últimos años.

La Agrupación Elodia Zaragoza Jover Turki, dedicada a la recuperación de la memoria de los exiliados republicanos españoles llegados a Túnez tras la Guerra Civil, ha mostrado su preocupación por el destino del dirigente socialdemócrata encarcelado desde hace un año. Esta asociación, de la que Turki es miembro honorario, ha reclamado al Gobierno tunecino respeto máximo a los derechos humanos y ha solicitado a las autoridades españolas que estén vigilantes ante un posible caso de detención arbitraria.

Desde la asociación hispano-tunecina, que ofrece becas para estudiar en España y cuida del cementerio de los republicanos muertos en Túnez, uno de sus miembros, el profesor Bernabé López, considera que “la dimensión de su caso es desmedida: se reúne con diplomáticos y se convierte en traidor a la patria”. “El Gobierno español no se ha puesto en contacto con nuestra asociación, es un asunto incómodo que revela la tozudez del presidente Said”, precisa el catedrático honorario de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid y experto conocedor del Magreb. “En Túnez se ha registrado un retorno a la época de (el dictador Zine el Abidine) Ben Alí. La libertad que se respiraba tras la revolución de 2011, me temo que ha dado marcha atrás”, concluye Bernabé López, quien hasta tiempos recientes residía en Túnez.

El presidente Said parece haber aplastado la disidencia para afianzar su mandato autocrático tras haber clausurado el Parlamento en 2021. El mandatario, un jurista sin antecedentes políticos hasta su elección en 2019, aspira a revalidar su mandato en las urnas este mismo año en ausencia de una alternativa consistente desde la oposición mientras sigue gobernando por decreto. Decenas de dirigentes disidentes al régimen de Said han sido encarcelados desde febrero del año pasado bajo la acusación principal de “atentar contra la seguridad del Estado”.

Además de Turki, entre ellos se encuentra Rachid Ganuchi, de 82 años, expresidente del Parlamento y líder del movimiento islamista Ennahda, el mayor partido en la Cámara hasta que fue clausurada. Encarcelado desde abril de 2023, el jefe de filas de la mayor formación de la oposición se ha sumado desde el lunes a la huelga de hambre que habían iniciado la semana anterior media docena de dirigentes encarcelados.

El Comité de Defensa de los Dirigentes Políticos Detenidos, que integra al equipo de letrados, califica el arresto de opositores en el marco de una supuesta trama contra el Estado de “caso político dirigido a amordazar a la oposición” mediante pruebas ficticias y a través de “una justicia carente de independencia”. Las acusaciones de “traición” y “conjura con fuerzas extranjeras”, ante lo que constituye una labor de oposición política pacífica y legítima, ha generado además un clima de intimidación para la libertad de expresión y la opinión política que conlleva la detención de periodistas. El Comité cuestiona ante todo la ausencia de garantías en un “proceso con acusaciones múltiples con condenas que pueden llegar hasta la pena de muerte”, de acuerdo con la legislación antiterrorista y el Código Penal, “que recuerdan los cargos presentados [contra los disidentes] bajo la dictadura de Ben Alí (1987-2011)”.

Organización de una trama terrorista, preparación de atentados, adquisición de munición y explosivos, tentativa de asesinato, desvío y blanqueo de fondos, ofensa al jefe del Estado e incluso atentado contra la seguridad alimentaria, al perturbar los mercados mediante el acaparamiento de productos para propiciar la subida precios, son algunos de los 17 cargos presentados contra los opositores tunecinos. Implican a medio centenar de personas. Los abogados de la defensa aseguran que no han visto aún pruebas concluyentes y contrastadas en el sumario, sino solo algunas acusaciones anónimas.

“Las autoridades tunecinas han emprendido una caza de brujas mediante la utilización abusiva del sistema judicial para reprimir el derecho a la libertad de expresión y la disidencia política”, ha advertido Heba Morayef, directora del programa para el Norte de África de Amnistía Internacional. “El mantenimiento de la detención arbitraria de presos políticos”, apostilla, “constituye una parodia de la justicia”.

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