El enfrentamiento entre Duda y Tusk acerca a Polonia a una crisis institucional en el primer mes de Gobierno liberal

El primer mes del nuevo Gobierno de coalición de Donald Tusk en Polonia ha sido profundamente convulso. El choque entre el Ejecutivo liberal y las instituciones controladas por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) es constante. Cada iniciativa para restaurar el Estado de derecho y ...

El primer mes del nuevo Gobierno de coalición de Donald Tusk en Polonia ha sido profundamente convulso. El choque entre el Ejecutivo liberal y las instituciones controladas por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) es constante. Cada iniciativa para restaurar el Estado de derecho y recuperar el poder de organismos públicos se topa con organismos como el Tribunal Constitucional y la jefatura de Estado, ocupada por el presidente, Andrzej Duda. El país se sitúa al borde de una crisis en la que unos y otros maniobran mientras cuestionan la legitimidad de algunas instituciones y sus decisiones.

En las últimas semanas se han sucedido escenas espectaculares como la detención en el palacio presidencial el martes pasado del exministro de Interior, Mariusz Kaminski, y un exviceministro, Maciej Wasik, condenados por abuso de poder. Duda intentó protegerles, pero la policía accedió al palacio mientras el presidente estaba ausente. También se han visto episodios como la okupación de las sedes de los medios de comunicación públicos por diputados de PiS para impedir el relevo de los directivos. El último capítulo lo protagoniza estos días el fiscal nacional, que se niega a abandonar su oficina después de que el ministro de Justicia, Adam Bodnar, haya decidido sustituirle. Todo esto ocurre con el aliento de Jaroslaw Kaczynski, el líder de Ley y Justicia, que la semana pasada convocó con éxito en Varsovia una manifestación masiva bajo un frío helador.

Duda y Tusk, que encabezan las dos principales instituciones del Estado, se reunieron el lunes. El encuentro dejó de manifiesto la confrontación entre ambos. En comparecencias separadas, el presidente aseguró que pidió al primer ministro que “por favor, dejase de intentar vulnerar la ley”. El jefe del Gobierno respondió que su equipo seguirá “restaurando el orden legal, le guste o no a quien sea”.

Después de ocho años de un Gobierno ultraconservador que intentó cimentar un régimen iliberal en permanente confrontación con Bruselas, la coalición de tres fuerzas liberales ganó las elecciones del pasado octubre con la promesa de restaurar el Estado de derecho. Los socios —una amalgama de partidos de centroderecha con una minoría socialdemócrata— sabían que la empresa no iba a ser sencilla. El Ejecutivo de PiS había sembrado al frente de las principales instituciones a personas leales al partido y algunos de esos cargos están blindados hasta el fin de sus mandatos, como en el Constitucional. Cualquier nueva legislación requiere además de la firma de Duda, un hombre que dejó su militancia en PiS para acceder al cargo de presidente, pero que ha demostrado su lealtad al partido y ha advertido de que no vacilará en ejercer su derecho a veto.

Ante este panorama, Tusk y los suyos bucean en las leyes para buscar resquicios legales y diseñar estratagemas que les permitan cumplir sus objetivos, empezando por la limpieza que prometieron en las instituciones controladas por PiS. Stanley Bill, profesor de Estudios Polacos de la Universidad de Cambridge y fundador de la web Notes from Poland, subraya el daño causado por PiS a las instituciones, pero critica los primeros pasos del Gobierno para repararlas: “El enfoque es de confrontación y su objetivo es mostrar fuerza, moverse rápido y, si es necesario, en el borde de lo legal o, como un tribunal ya ha dictaminado, en algún caso ha cruzado la línea hacia la ilegalidad”, dice, como en el caso del primer intento del Gobierno de destituir a la cúpula de los medios públicos. El académico reconoce los retos monumentales a los que se enfrenta el Ejecutivo, pero advierte del peligro de recurrir “a los mismos métodos que empleó PiS para politizar estas instituciones”.

Políticos presos

Entre otros asuntos, Duda y Tusk abordaron el lunes la sustitución del fiscal nacional, Dariusz Barski, anunciada por Bodnar el viernes pasado. El caso del más alto cargo en el ministerio público tras el fiscal general —que por ahora es el titular de Justicia— ilustra los movimientos políticos y legales de las últimas semanas. Duda sostiene que el nombramiento de un nuevo fiscal nacional requiere una consulta con el presidente que no se ha producido, y así lo ha comunicado al Constitucional en una consulta. Bodnar defiende, sin embargo, que la nominación efectuada por PiS en 2022 fue ilegal y asegura que él solo ha constatado ese hecho y ha designado a una persona en funciones hasta que se elija un sustituto permanente. El Tribunal Constitucional, cuestionado por los liberales por considerarlo al servicio de PiS, ha ordenado suspender la sustitución de Barski y Bodnar ha tildado de “defectuosa” esa decisión.

El episodio de la detención de Kaminski y Wasik es otra muestra de la grieta entre liberales y ultraconservadores. Un juzgado les condenó a dos años de cárcel en diciembre por abuso de poder en un escándalo sobre la recalificación de terrenos de 2007. Duda les indultó en 2015, pero una sala del Supremo no controlada por PiS invalidó el perdón porque se otorgó cuando aún no había sentencia firme. Tras el ingreso en prisión de los ya exdiputados, Duda inició los trámites para un nuevo indulto, pero en lugar de usar la medida de gracia a su alcance, que tiene efecto inmediato, escogió hacerlo mediante un proceso judicial, más largo. Este miércoles el presidente informó en X (antes Twitter) de que por orden judicial, Kaminski, que se encontraba en huelga de hambre, recibiría alimentación forzada y apeló a Bodnar a liberarles.

Mientras, PiS los ha convertido en un símbolo del supuesto autoritarismo del nuevo Gobierno al considerarlos presos políticos y en un irónico giro de guion, ha apelado a la intervención de Bruselas. Más allá de esta campaña política, está la amenaza que lanzó este martes la diputada ultraconservadora Elzbieta Witek tras la aprobación de la ley presupuestaria, que PiS apoyó: “Al adoptar el presupuesto en presencia de 458 diputados, podrían darse cuenta muy pronto de que el Sejm [la Cámara baja] actuó de forma incoherente con la Constitución y por lo tanto, las leyes aprobadas también lo serán”. Se trata de ilegitimar las decisiones de un Parlamento incompleto, porque no se ha sustituido a los apresados. De fondo, una amenaza más grave: si las cuentas públicas no están en la mesa de Duda el 29 de enero, este puede disolver las cámaras y convocar elecciones.

Bill prevé que se agudice la confrontación entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional. Entre el Ejecutivo y la jefatura del Estado. Entre la oposición y la mayoría parlamentaria. “Tenemos un periodo extremadamente caótico por delante en el que el conflicto va a escalar y en el que hay una sensación de que hay dos realidades jurídicas totalmente separadas”, afirma el académico por teléfono.

Jakub Jaraczewski, coordinador de investigación del think tank con sede en Berlín Democracy Reporting International, coincide en que “la situación es grave”. “Nunca en la Polonia posterior a 1989 [el fin del comunismo] el traspaso de poderes fue tan hostil y vio cómo el poder político saliente abusaba de las instituciones del Estado para sabotear al Gobierno entrante”, asegura. Advierte, sin embargo, sobre la “narrativa de ‘dos Polonias, dos sistemas jurídicos, dos órdenes constitucionales”, que en su opinión favorece a PiS. “En realidad solo hay un orden jurídico válido y correcto, y luego está el alternativo que PiS ha intentado construir para mantener el poder”, dice en un intercambio de correos electrónicos.

El experto en Estado de derecho reconoce que algunas decisiones del Gobierno de Tusk son “solo técnicamente legales” y otras directamente se “han saltado la ley”. “Por mucho que preferiría que fuera diferente, parece que algunos elementos de la línea dura serán necesarios debido al atrincheramiento del anterior bando gobernante y todas las trampas que ha tendido”, señala. En esa línea se pronunciaba el Financial Times este martes: “La envergadura de la tarea de arrancar instituciones clave de las manos de los designados por PiS, y ante un presidente que se pone del lado de la oposición, significa que el fin justifica los medios”.

Solo algún imprevisto o la proximidad de las elecciones locales en abril y las europeas en verano podrían rebajar la tensión. Por ahora, los liberales mantienen su popularidad en las encuestas pese a sus actuaciones más dudosas. Está por ver si PiS mantiene su postura o la suaviza para atraerse a los votantes indecisos.

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