“Di 26 años de mi vida a PDVSA y mira cómo nos tratan”: los jubilados de la petrolera, en huelga de hambre por sus pensiones

Hay una fila de tres hombres, dos en sillas de ruedas, conectados a un suero. Están en un recodo bajo sombra de la Universidad Central de Venezuela. Otros están vestidos, con las maletas de almohadas, echados sobre colchonetas. Cruzan la vejez y el noveno día en huelga de hambre, rodeados de grupos de jóvenes estudiantes también echados en el suelo, que ríen, conversan y lucen indiferentes a lo que ocurre a unos metros de ellos. Los jóvenes seguramente ...

Hay una fila de tres hombres, dos en sillas de ruedas, conectados a un suero. Están en un recodo bajo sombra de la Universidad Central de Venezuela. Otros están vestidos, con las maletas de almohadas, echados sobre colchonetas. Cruzan la vejez y el noveno día en huelga de hambre, rodeados de grupos de jóvenes estudiantes también echados en el suelo, que ríen, conversan y lucen indiferentes a lo que ocurre a unos metros de ellos. Los jóvenes seguramente matan el tiempo libre entre clases; los hombres mayores son jubilados de PDVSA, la principal empresa de Venezuela que se ha devorado el dinero que ahorraron durante años para su retiro. “Esta es el área de mantenimiento”, todavía bromea Daniel Bucko con una aguja en el brazo por la que se hidrata para mantener a raya la hipoglicemia y la subida de tensión tras días sin comer.

Un grupo de jubilados de la empresa petrolera se mantiene en huelga de hambre desde el 26 de septiembre. Se movilizaron desde distintas regiones hasta Caracas, como medida de presión tras años de protestas y reclamos por la falta de acuerdos con las autoridades sobre el pago del dinero del fondo de pensiones de la estatal, creado con el aporte de los trabajadores y la empresa para asegurar los ingresos en los años de retiro. Este es el segundo intento. A principios de septiembre también hicieron una protesta similar en la sede de la empresa y salieron con una fecha para una reunión en la que les dijeron que no tenían dinero para pagarles. Retomaron la huelga desde un lugar más seguro por temor a ser desalojados por la fuerza de la entrada de la sede principal de la empresa.

Pasan los días y los días y este fin semana todavía ninguna autoridad se ha acercado a escucharlos. La empresa, sin embargo, ha enviado a los médicos que los asiste durante la huelga, “porque no les conviene que se les muera alguno”, dice Joel Lenoy, de 62 años, que viajó 500 kilómetros desde Paraguaná para unirse a la protesta, pero se tuvo que retirar hace unos días con el diagnóstico de hipertensión. “Yo di 26 años de mi vida a PDVSA y mira cómo nos tratan”, se queja. “Tengo una hermana con cáncer y todo el dinero que ahorré podría servirme para ayudarla ahora”, comenta frustrado. Trabajaba en la industria fiscalizando la instalación de los andamios que regularmente se arman en las plantas para poder subirse a manipular válvulas y llaves. “Cuando el paro petrolero (entre 2002 y 2003, una de los primeros puntos de tensión del chavismo con la oposición), sacamos todo adelante y así es como nos pagan”.

En 2016, antes de las sanciones, la empresa dejó de pagar los intereses generados por el fondo de pensiones y de rendir cuentas sobre su uso y los ingresos que han entrado por el usufructo de inmuebles adquiridos como activos con el dinero de los trabajadores. Los jubilados calculan que PDVSA debe al fondo al menos 2.300 millones de dólares solo en intereses, desde que tras una reforma de los estatutos que regulan el fondo la empresa se atribuyó la propiedad de los haberes pertenecientes a los jubilados. Según sus cálculos, les correspondería recibir 660 dólares mensuales para saldar esa deuda en lo que les queda de vida, pero solo están percibiendo 180 dólares que son insuficientes para vivir en un país enfermo de inflación. También exigen que la bolsa de comida que dejaron de recibir hace cuatro meses se les pague en su equivalente en dólares y que restituyan la calidad de los servicios de salud que prestaba la empresa a través de un seguro, pues cuentan que cada semana fallecen compañeros jubilados enfermos sin haber recibido atención médica.

Esta es una deuda más que enfrenta la petrolera hundida en la corrupción, litigios internacionales por expropiaciones y bonos en default y cuentas por cobrar perdidas entre intermediarios fantasmas en los últimos años. Malos manejos que la han llevado a los niveles más bajos de producción, en un momento en que las sanciones internacionales contra el Gobierno de Nicolás Maduro han complicado la comercialización del crudo venezolano.

La situación de los 37.000 jubilados petroleros es precaria, pero la de otros sectores no es mejor. En general, la administración pública mantiene los peores salarios de Venezuela y ha llevado a muchas instituciones a la postración. Los sueldos no alcanzan para ir al trabajo todos los días. El salario mínimo no se aumenta desde hace más de un año y equivale a menos de 3 dólares al mes. Es lo que perciben la mayor parte de los pensionistas. Los reclamos laborales puntean como uno de los motivos por los que más protestan los venezolanos y a los dirigentes sindicales se les encarcela por liderar esas manifestaciones. En Venezuela no hay garantías de seguridad social. La semana pasada la Organización Internacional del Trabajo esperaba reunirse con el Gobierno en la cuarta jornada del llamado Diálogo Social que se está promoviendo para conciliar la gigantesca conflictividad laboral que hay en le país, pero las sesiones fueron suspendidas.

La herida del paro

Daniel Bucko estuvo 31 años dedicado al mantenimiento naval en la industria petrolera; la mitad de su vida. Ponía a tono los equipos que usaban las gabarras y barcos para transportar crudo. Es de Cabimas, en la orilla del Lago de Maracaibo, en el occidente del país, cerca de donde hace más de 100 años brotó el primer chorro de brea que hizo de Venezuela un país petrolero. Entró a los 24 años a PDVSA después de muchas entrevistas y pruebas. “PDVSA era próspera”, recuerda. Durante todo su tiempo de servicio destinó parte de su sueldo al fondo de pensiones que se creó en 1992 para asegurar una vejez digna para los trabajadores. Lo que debería percibir ahora no es lo que le corresponde. No le alcanza para sostener una casa en la que vive con dos de sus hijas y cuatro nietos, a la que se le han dañado los aires acondicionados de los que dependen los zulianos para poder dormir a casi 40 grados de temperatura.

El jubilado petrolero también carga con la herida del paro de 2002, que también ha sido una zanja en la historia reciente del país. Fue de los que se quedó trabajando y fue señalado de traidor por los compañeros que decidieron plegarse a la medida que promovieron los líderes de la oposición que tenía Hugo Chávez en ese tiempo. “Yo les dije que había que trabajar, que ese peo político no tenía nada que ver con nosotros”, recuerda con rabia. “Perdí compadres y comadres por ese problema. Me quitaron el habla”. Pese al respaldo que dio a las operaciones de la empresa en ese momento crítico en el que Gobierno finalmente logró controlar políticamente la estatal, hoy le han quitado gran parte de lo que había ahorrado para su jubilación.

Durante ese quiebre, el Gobierno despidió a 18.000 trabajadores por sumarse a la paralización y comenzó el tiempo de los “paracaidistas”, como los llama Bucko. “Después del paro, Chávez dio luz verde para que entrara Raimundo y todo el mundo, desde vendedores de CDs hasta rematadores de caballo, con derecho al trabajo pero que no estaban calificados. Eran los jefes nombrados a dedo, paracaidistas por encima de nosotros a quienes nos tiraron para la basura. A mí me pusieron de supervisor a un muchacho técnico en informática y yo ya era capataz en mantenimiento naval. Eso daba ganas de llorar”, cuenta ahora, desde esta huelga de hambre.

Juan Pablo Chacón era operador de equipo pesado en PDVSA. Recuerda haber transportado camiones de asfalto desde el centro del país hasta los llanos. También haber apagado incendios en tanques de crudo. “Somos unos viejos a los que le quedan pocos años de vida y nos deben un poco de real. Como que quieren que nos muramos para ellos quedarse con lo que nos descontaron semanalmente”, dice el hombre de 66 años, que camina con bastón y, como Bucko, también cría a nietos de los hijos que han emigrado en busca de oportunidades ante la prolongada crisis venezolana.

El 26 de septiembre empezaron la huelga ocho jubilados y ya se han retirado tres golpeados por los días sin comer. “Les debemos mucho”, les dijo Pedro Tellechea a una representación de los jubilados en enero de este año, cuando acababa de ser designado presidente de PDVSA por Nicolás Maduro. “El año pasado en un acto nos llamaron héroes por haber recuperado la empresa después del paro petrolero. Los que levantamos la industria entonces, somos los que hoy nos estamos jubilando y nos tratan como basura”, reclama Julio Blanco, que hasta hace poco trabajaba como capitán de remolcadores.

En Venezuela, las huelgas de hambre son medidas extremas de protesta pero que se repiten con frecuencia ante la falta de respuesta del Gobierno. “Hemos hecho todo lo posible, conversado, enviado cartas, protestado, hemos cerrado las calles y no hemos logrado nada, por eso estamos en esto”, dice Blanco con su antiguo carnet de trabajador colgado al cuello. Aspira a que Tellechea cumpla con su palabra o al menos envíe una comisión de alto nivel con la cual puedan negociar el pago de lo que les deben.

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