“Tenemos miedo, es como vivir en guerra”: el infierno de estudiar en Durán, la ciudad más peligrosa de Ecuador

Estefanía camina con sus libros pegados al pecho, con paso acelerado, tiene 10 años y vive en el barrio el Recreo, en la misma calle donde un día antes asesinaron a un niño con su madre. Usa una falda con ruedos roja, zapatillas y una camiseta blanca con el logo de su unidad educativa. No pudo ir a la escuela, porque su centro está incluido en la lista de las 34 instituciones que el Ministerio de Educación de Ecuador decidió cerrar a las clases presenciales ...

Estefanía camina con sus libros pegados al pecho, con paso acelerado, tiene 10 años y vive en el barrio el Recreo, en la misma calle donde un día antes asesinaron a un niño con su madre. Usa una falda con ruedos roja, zapatillas y una camiseta blanca con el logo de su unidad educativa. No pudo ir a la escuela, porque su centro está incluido en la lista de las 34 instituciones que el Ministerio de Educación de Ecuador decidió cerrar a las clases presenciales en la ciudad de Durán, tomada por el crimen organizado, ante la ola de violencia en la que los niños también han sido víctimas de crímenes brutales a cualquier hora del día.

Entra a la casa con la tarea que ha copiado de otro compañero, que vive a unas cuadras porque en la suya no hay computador, el único teléfono celular no se puede cargar y a su mamá no le alcanzó para pagar el servicio internet. Son las once de la mañana y a esa hora estaría jugando con sus amigas a la pelota o a la papa caliente. “Es como jugar a las cogidas, para que no nos atrape el que tiene la papa”, sonríe mientras explica la dinámica del juego y dicta los nombres de cada una de sus amigas y el de su profesora que dice que prefiere que sea ella quien le explique matemáticas, su materia favorita.

Lourdes, su madre, no está de acuerdo con que las clases sean virtuales, a pesar de que por varios meses otras madres y padres de estudiantes de los colegios de Durán han realizado protestas para exigir que las clases no sean presenciales. “Es verdad que da mucho temor que en una balacera algo pueda pasarle a los niños, pero ellos no aprenden como deberían hacerlo estando en clases, ellos deben estar allá con un pizarrón y su maestra”, dice la madre, porque su otro hijo José, de nueve años, apenas escribe su nombre y un par de oraciones. “Aquí lo que debería suceder es que las autoridades garanticen la seguridad de los niños”, agrega. Lourdes le habla a sus hijos de cómo cuidarse, qué hacer en caso de una balacera, “que se lancen al piso y se arrastren hasta el cuarto debajo de la cama, lo más alejado de las ventanas”. Es la lección diaria a la que están expuestos por vivir en Durán.

La medida dispuesta por el Ministerio de Educación se decreta tras una ola de violencia imparable en Ecuador, en la que se han registrado 5.320 crímenes violentos en lo que va del año, de los cuales 1.900 han ocurrido en las ciudades de Guayaquil y Durán. Las autoridades educativas se habían resistido a la medida de clases virtuales, porque consideran que los niños están más protegidos en la escuela que en los barrios donde los grupos delictivos imponen su ley con balas y reclutan a niños y jóvenes. Según la Policía ha detectado que el 16% de alumnos de la zona más peligrosa de Guayaquil, el sector Nueva Prosperina, están vinculados a una banda criminal. “Son más de 200 estudiantes por cada establecimiento educativo”, explica Roberto Santamaría, jefe del Distrito Nueva Prosperina.

“Los reclutados son niños de entre 12 y 17 años. Es la edad ideal para estos grupos criminales porque ese menor es inimputable, lo peor que le pueden dar es una medida socioeducativa”, añade. La Policía además ha determinado que estos estudiantes se dedican a extorsionar a maestros y a otros alumnos al interior de las escuelas. “Por ejemplo, les exigen un dólar para no pegarles”, dice Santamaría.

En una escena distorsionada a lo que debe ser un colegio, un grupo de policías ha entrado a las aulas de nueve colegios del sector de Nueva Prosperina. Revisan las mochilas de los estudiantes, buscan drogas, cualquier tipo de armas o explosivos, y obtienen evidencias. “Hay microtráfico, armas y tenemos videos de un estudiante armado que ha disparado dentro del colegio”, añade el jefe de distrito.

El protocolo les impide entrar con armas, pero según Santamaría se ha planteado al Ministerio de Educación, tener un policía escolar en los centros donde se han detectado altos niveles de violencia y la infiltración de las bandas criminales. “Un policía dentro de las escuelas que dé confianza a los maestros porque ellos son los que están siendo extorsionados”, dice el jefe de distrito, quien explica que a los docentes les piden hasta 2.000 dólares para dejarlos trabajar y se agrava a final del año escolar por el llamado “pase de año”, cuando los obligan a que les den el certificado de haber terminado el periodo lectivo aunque nunca hayan ido a clases.

“Actualmente en Durán vivimos con miedo, es como vivir en guerra”, describe Consuelo, docente de un colegio de esa ciudad, la zozobra en la que transcurren las horas de clases. “El peor momento de muchos de mis estudiantes es cuando se acerca la hora de salida del colegio”, relata la maestra, a quien le preocupan los cuadros de ansiedad que tienen muchos de sus estudiantes. Ocurre de repente. O porque intentaron robarles al ir al colegio, o porque escuchan sonidos parecidos a disparos, o porque confunden el sonido de un globo que explota y los chicos entran en pánico

“Una de mis estudiantes llegó un día con las manos temblorosas. Lloraba, le faltaba el aire, no podía respirar bien, la ayudamos en ese momento haciendo unos ejercicios, pero tampoco nadie se preocupa de la salud mental de los chicos”, dice Consuelo. “Cuando derivamos los casos al Ministerio de Salud, les dan la cita con el psicólogo cada tres meses, cómo los van a ayudar así cuando sus cuerpos piden auxilio, porque ya somatizan el miedo”.

Los habitantes de Durán se sienten paralizados por la violencia, sus testimonios son el reflejo del fracaso de una política de seguridad del Gobierno de Guillermo Lasso para enfrentar a las bandas criminales, que se enfoca en decretar estados de excepción que en el caso de Durán. El mandatario amplió por 30 días la presencia de militares sin obtener resultados positivos.

La violencia ya era aterradora en Durán cuando hace casi dos años amanecieron los cadáveres de dos hombres colgados en el puente peatonal que está a la entrada de la ciudad. Luego empezaron los secuestros a conductores de buses, vendedores y las balaceras en cualquier momento. “Es una lástima ver a niños de 12 o 14 años con fusiles caminando por las calles, muy tranquilos, como si eso no fuese grave”, describe Lourdes lo que ve desde la ventana de su casa en el barrio del Recreo.

“La virtualidad no es la solución”, reclama la docente. “¿Acaso teniendo a los chicos en la casa se acaban los sicariatos o las bandas criminales? El asunto aquí es que las instituciones no están haciendo su trabajo y yo como maestra no puedo hacer el trabajo de la Policía. Yo educo, la Policía tiene que hacer lo suyo, que es dar la seguridad que no tenemos ahora”.

Aun así lo han hecho, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Los maestros hacen turnos para vigilar afuera del colegio a las horas de entrada y salida de los estudiantes. “Un día, a la salida apareció un señor que los amenazó con un cuchillo que les dieran los celulares a dos de nuestros chicos. Ellos no tenían, gritaron y el profesor que estaba más cerca tuvo que defenderlos. Por suerte el ladrón se fue corriendo”, dice Consuelo, quien reclama que se les está quitando a los niños el derecho a educarse por la violencia en una pequeña ciudad que ya no está en control del Estado.

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