El Constitucional de Guatemala deja sin efecto la exclusión de la candidatura progresista de Bernardo Arévalo de la segunda vuelta

El intento de excluir la candidatura encabezada por Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, de la segunda vuelta electoral en Guatemala ha disparado todas las alarmas entre las fuerzas democráticas del país centroamericano. Representantes de la oposición, juristas, organismos internacionales y la ...

El intento de excluir la candidatura encabezada por Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, de la segunda vuelta electoral en Guatemala ha disparado todas las alarmas entre las fuerzas democráticas del país centroamericano. Representantes de la oposición, juristas, organismos internacionales y la Administración de Joe Biden rechazan la decisión de un juzgado que el miércoles inhabilitó a la formación progresista, que obtuvo el 12% de los votos en los comicios del pasado 25 de junio. El partido presentó un recurso constitucional para impugnar el fallo y la Corte de Constitucionalidad ha otorgado un amparo provisional al Movimiento Semilla que protege por el momento la participación de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta electoral. Al mismo tiempo, el Tribunal Electoral ha solicitado este jueves dejar sin efecto la orden del juez y así mantener la convocatoria de la segunda vuelta, fijada para el 20 de agosto. Hasta que el Constitucional no dicte sentencia, en cualquier caso, la amenaza sobre la cancelación del partido persiste. El Movimiento Semilla, surgido al calor de las protestas de 2015 contra la deriva institucional del país, afronta una causa penal promovida por Rafael Curruchiche, un fiscal sancionado por Estados Unidos por corrupción.

Guatemala está todavía a un paso de un golpe técnico, en opinión del excanciller Gabriel Orellana, hoy abogado. “Burdo, pero al final golpe”, señala. A esa conclusión llega después de examinar la orden del juez que busca dinamitar la formación de Arévalo, que interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para intentar evitar que las autoridades electorales cumplan con una disposición “ilegal e inconstitucional”. Acatar la orden de un juez que se entromete en las funciones del Tribunal Electoral plantea una ruptura de la ley fundamental, según los juristas consultados, y además es ilegal, porque ningún partido puede ser suspendido durante un proceso electoral. En este contexto, de acuerdo con el análisis más extendido, el intento de excluir a Arévalo de la contienda electoral persigue la imposición de una segunda vuelta entre la ex primera dama Sandra Torres (conservadora) y un candidato oficialista afín al actual presidente, Alejandro Giammattei.

Ante una población expectante por la oficialización de los resultados electorales de la primera vuelta, confirmados por una repetición del escrutinio, el ministerio público difundió el miércoles un video en el que el fiscal Curruchiche anuncia que un juzgado ordenó la inhabilitación del Movimiento Semilla con el argumento de la supuesta falsificación de firmas de afiliados al partido.

El Tribunal Supremo Electoral ha presentado este jueves un recurso de amparo ante una sala de apelaciones para que se deje sin efecto la orden. “El juez no debió tan siquiera entrar a conocer la cancelación de una organización política”, ha señalado en conferencia de prensa el registrador Ramiro Muñoz, porque esa es una facultad que solo compete a la autoridad electoral. La cancelación tampoco puede ocurrir con un proceso en marcha y cuando ya se emitió el decreto que oficializa los resultados de los candidatos que van a segunda vuelta, detalló. La autoridad electoral también presentará una acción ante la Corte de Constitucionalidad, en defensa de la Carta Magna, como se haría con cualquier otro partido, para defender la supremacía de las decisiones que solo le competen al Registro de Ciudadanos, según Muñoz. El registrador lucía nervioso y cuando se le preguntó si tenía miedo, dijo que no, y recordó que su cargo goza de inmunidad ante una posible amenaza de persecución penal por no atender la orden, valorada como ilegal por varios juristas y por el mismo tribunal.

La preocupación por esta deriva llegó hasta Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos no solo expresó su preocupación por esta situación, sino que manifestó que estas acciones “ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral en el centro de la democracia guatemalteca, que debe promoverse y defenderse de conformidad con la Constitución de Guatemala y la Carta Democrática Interamericana”. “La voluntad del pueblo guatemalteco, expresada a través de los resultados de las elecciones del 25 de junio, debe ser respetada”, advierte un comunicado.

“De ninguna manera vamos a acatar una decisión espuria e ilegal”, señaló, por su parte, Bernardo Arévalo. El sociólogo, de 64 años, se postula como candidato a la presidencia por el partido que representa una propuesta progresista de cambio frente al sistema de corrupción y autoritarismo que se agravó durante el Gobierno de Giammattei. Más de un centenar de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas están en el exilio, mientras otros exfuncionarios anticorrupción han sido encarcelados, como la antigua fiscal Virginia Laparra, a quien Amnistía Internacional ha declarado “presa de conciencia”.

Si sube, lo bajan

En ese contexto de deriva autoritaria, más de 5,5 millones de guatemaltecos acudieron a las urnas el 25 de junio y decidieron que la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres (15% de los votos), y Arévalo (12%) se disputen la presidencia en segunda vuelta, fijada para el 20 de agosto. Durante la precampaña, tres candidatos con posibilidades de llegar al balotaje fueron excluidos mediante decisiones judiciales ampliamente criticadas por arbitrarias y oportunistas. Este es el caso, por ejemplo, del ranchero Carlos Pineda: cuando llegó a la cabeza de las encuestas, el exdiputado Manuel Baldizón, que cumplió condena en Estados Unidos por lavado de dinero, presentó una acción legal para sacarlo de la carrera.

Arévalo sorprendió al captar el 12% de los votos, y se convirtió en el candidato que ni las encuestas ni los analistas lograron ver en segunda vuelta. Esa posición puso al Movimiento Semilla en la mira del llamado Pacto de Corruptos o la corporación en el poder, a la que se atribuye una convergencia para conservar el control de las instituciones. Se trata de personas nombradas por el presidente Giammattei o por la alianza de diputados que tiene mayoría en el Congreso, que responde a los intereses del mandatario o del partido oficial. El Pacto de Corruptos “es una alianza informal de políticos, una élite burocrática y empresarios más algunos representativos de redes criminales”, sostiene el excanciller y analista político Edgar Gutiérrez.

Uno de esos actores, según Gutiérrez, es el propio Baldizón. Además de su historia penal en Estados Unidos, este exdiputado tiene dos procesos abiertos en Guatemala, uno de ellos por la presunta recepción de sobornos en el caso Odebrecht. Baldizón también dirigió las acciones legales para que la Corte de Constitucionalidad suspendiera la oficialización de los resultados electorales hasta que se repitieran los escrutinios en todo el país, lo que demoró todo el proceso al menos una semana.

Así, sin un solo tanque de combate ni violencia, comenzó en Guatemala un golpe “sofisticado” y “burdo” al mismo tiempo, insiste en declaraciones a EL PAÍS el excanciller Gabriel Orellana. Al igual que Orellana, decenas de juristas se volcaron a las redes sociales para exponer sus argumentos legales, que llegan a una conclusión unánime: la cancelación de un partido con una segunda vuelta en marcha es ilegal, inconstitucional y pone a Guatemala frente a una especie de golpe de Estado técnico.

La conversación salió del campo de los juristas conforme avanzaba la noche del miércoles. Las cámaras empresariales, organizaciones sociales, observadores electorales nacionales y extranjeros, estudiantes y la ciudadanía en general se sirvieron de las redes sociales para denunciar lo que consideran un atropello que se gestó desde la Fiscalía y que encontró en el juez Fredy Orellana el aval para poner en riesgo la frágil democracia de Guatemala.

La imposición de candidatos

“El ministerio público y particularmente la Fiscalía Especial contra la Impunidad son los encargados de llevar a cabo esta estrategia sucia, de querer minar el proceso electoral y traerse abajo a Semilla”, afirma el analista Renzo Rosal. Esa acción abre la posibilidad de cualquier escenario y “anula las dudas sobre la actuación deleznable del ministerio público y especialmente del fiscal Curruchiche”, apunta Rosal. En su opinión, se busca distorsionar los resultados de la primera vuelta y que, “ante la desaparición de Semilla, se busque imponer en el balotaje a Manuel Conde”, el candidato del partido de Giammattei, que quedó en el tercer puesto, con un 7,83 % de los votos.

El escenario que dibuja el constituyente Aquiles Faillace va más allá y pone como fecha crítica el 14 de enero, cuando Giammattei tiene que pasar el testigo y dejar el poder. “Aunque Bernardo Arévalo gane la elección, no será presidente”, vaticina. Su hipótesis es que la Fiscalía arme un caso espurio contra Arévalo, que el Congreso le despoje de inmunidad y nombre a otro presidente. El partido Vamos, de Giammattei, logró la mayoría de diputados en el Parlamento y el segundo puesto le correspondió al partido Unidad Nacional de la Esperanza, de Sandra Torres.

La propia Torres reaccionó a la decisión del juez con un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional que hace un llamamiento al Tribunal Electoral “para que conduzca el proceso de elecciones atendiendo a lo que establece la Constitución y la Ley Electoral”.

Entre acusaciones de ilegalidad y de intento de golpe que supone la cancelación de la propuesta política antisistema, la ciudadanía trata de confiar en un tribunal cuya imagen se ha desgastado por la aplicación de criterios desiguales y arbitrarios, según señalan los observadores locales, así como por acusaciones de corrupción. Días antes de las votaciones, The New York Times reveló que una magistrada electoral habría acudido a la Embajada de Estados Unidos para denunciar la entrega de sobornos de parte del presidente Giammattei.

Con una dosis de desconfianza y otra de esperanza, la población trata de encontrar en el Tribunal Supremo Electoral al aliado que defienda los votos que depositaron en las urnas. “Las elecciones se ganan y se defienden en las urnas, esa es la democracia”, expuso la presidenta del tribunal, Irma Palencia, en una rueda de prensa en la que dejó ver su compromiso por garantizar el proceso y el respeto a la legalidad.

“Instamos al Tribunal Supremo Electoral a ejercer con firmeza su papel como máxima autoridad”, destacó la Cámara de la Construcción en uno de los comunicados que circuló durante la noche del miércoles, y que como otros, recoge el sentir ciudadano. La atención y las protestas se dirigen este jueves hacia el tribunal electoral, que debe dar una respuesta a una orden calificada por los expertos de claramente ilegal; al ministerio público y a las cortes de justicia, los actores que definirán el quiebre constitucional o la ruptura del sistema electoral en un país que vive las horas más bajas de su historia democrática.

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