Sunak endurece la ley de inmigración para lograr el apoyo del ala dura de los conservadores

El mejor modo de calmar cualquier revuelta entre los conservadores británicos más reaccionarios es dar una bofetada a una institución europea. Rishi Sunak ha elegido dársela al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a cambio de asegurarse la aprobación de su nueva ley para combatir la inmigración irregular (que el Gobierno británico insiste en denominar oficialmente “inmigración ilegal”).

La Cámara de los Com...

El mejor modo de calmar cualquier revuelta entre los conservadores británicos más reaccionarios es dar una bofetada a una institución europea. Rishi Sunak ha elegido dársela al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a cambio de asegurarse la aprobación de su nueva ley para combatir la inmigración irregular (que el Gobierno británico insiste en denominar oficialmente “inmigración ilegal”).

La Cámara de los Comunes ha aprobado este miércoles las enmiendas al texto legal, que ha superado este primer trámite parlamentario y deberá ser debatido a continuación en la Cámara de los Lores, donde la enmienda incorporada por la ministra del Interior, Suella Braverman, para asegurarse el apoyo mayoritario de su partido se enfrentará a serias críticas. Como ya ocurrió con el Brexit, la Cámara alta es inmune a las consignas partidistas y poco proclive a dar su respaldo a cualquier medida que suponga un desafío al derecho internacional.

El Gobierno de Sunak permite, con la nueva modificación de la ley, que sus ministros ―previsiblemente, el del Interior— puedan decidir de modo discrecional si obedecen o no una orden de suspensión de deportación que proceda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Todavía escuece en la memoria de los diputados conservadores del ala dura del partido la noche del 14 de junio del año pasado, cuando el TEDH frenó en seco el despegue del primer avión que transportaba inmigrantes desde Londres a Kigali, la capital de Ruanda. El Ejecutivo de Boris Johnson había acordado con ese país africano la posibilidad de deportar allí a muchos de los irregulares que llegaban a las costas inglesas, y Sunak ha mantenido viva esa posibilidad. Los diputados conservadores bautizaron como “orden pijama” —por la hora intempestiva en que fue emitida— a lo que oficialmente se denomina Regla 39 de las Reglas Procesales del TEDH: la posibilidad de imponer una medida cautelar urgente a la decisión de cualquier Estado miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos (y el Reino Unido, hasta ahora, lo sigue siendo) “ante la posibilidad de un riesgo inminente o de un daño irreparable”.

Gracias a la nueva enmienda incorporada a la ley, “quedará sometido a la discreción del ministro si suspende o no el ‘deber’ de expulsar a una persona en el caso de que se haya dictado una medida cautelar urgente [por parte del TEDH]. Esa discreción será ejercida en exclusiva por el ministro. Es decir, puede suspender la expulsión y obedecer la medida cautelar, pero no porque así lo imponga la legislación británica”. Así de confuso lo ha detallado el secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick, al presentar las nuevas enmiendas ante la Cámara de los Comunes.

El Gobierno de Sunak se protege, y halaga los oídos de los diputados más beligerantes con la inmigración, a través de una estrategia doble. Si la nueva ley impone como un “deber” inexcusable de cualquier futuro responsable del departamento del Interior —y, por tanto, sujeto a responsabilidad política si no lo cumple— la expulsión de los irregulares que entren al país, también le otorga la posibilidad de ignorar una orden de suspensión del TEDH si no le parece motivada. La ley del Reino Unido, dice la enmienda, no obliga a obedecer las decisiones del tribunal de Estrasburgo.

“Están pidiendo a esta Cámara que dé su respaldo a una ley que contempla, al menos como posibilidad, que un ministro del Gobierno desobedezca las obligaciones del derecho internacional que este país se comprometió a cumplir... ¿No es ese el efecto que se pretende?”, ha preguntado a Jenrick, durante el debate parlamentario, el diputado Geoffrey Cox. No era un cualquiera. En su papel de Abogado General del Estado —el máximo asesor legal del Gobierno— durante el mandato de la ex primera ministra Theresa May, su dictamen sobre los acuerdos alcanzados con Bruselas respecto al Brexit hizo tambalear a Downing Street. Su prestigio jurídico le ha valido el mote de “el Gandalf de los Tories”, en alusión al sabio de la saga de El Señor de los Anillos, y su crítica ha sido la más relevante del debate, aunque la suerte de la ley estaba echada.

Los ‘valores’ de los inmigrantes

La ministra Braverman ha dejado que su secretario de Estado afrontara la mayor parte de las críticas durante el debate parlamentario, y solo ha aparecido en la Cámara de los Comunes poco antes de la votación. Pero no se ha escondido. Tan dura en su discurso, si no más, que su predecesora Priti Patel, Braverman llevaba a cabo una ronda de intervenciones en los medios que añadían más leña al fuego. “La ciudadanía británica desea mayoritariamente la ley que estamos presentando”, ha asegurado en TalkTV, el canal propiedad del magnate Rupert Murdoch. “La gente que llega de modo ilegal tiene una serie de valores extraños a los de este país. Hemos visto altos niveles de criminalidad relacionados con aquellos que llegan en pateras, en el ámbito del tráfico de drogas, la explotación sexual o la prostitución. Supone un desafío mucho mayor que el de los propios niveles migratorios”, ha dicho Braverman.

La ministra, que ocupó el puesto de Abogada General del Estado poco después de Cox y se dedicó a defender legalmente las decisiones más polémicas del entonces primer ministro Boris Johnson ―como la de incumplir de manera unilateral el Protocolo de Irlanda, para disgusto de Bruselas—, tampoco muestra duda alguna respecto al desafío planteado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “El año pasado asistimos a una situación inaceptable, cuando la entonces ministra del Interior [Priti Patel] decidió deportar a Ruanda a un número de personas. Y aunque los tribunales británicos lo permitieron, un juez de Estrasburgo decidió a última hora suspender esa decisión, socavando así la autoridad de un Gobierno democráticamente elegido”, ha explicado Braverman a la BBC.

Sunak es consciente de que más de la mitad del electorado, incluido el de izquierdas, ha decidido elevar a prioridad política la llegada de inmigrantes irregulares a las costas inglesas. Las cifras son elevadas —45.000, el año pasado—, si bien no comparables en su dimensión a las de los países del sur de la UE. Sin embargo, todas las medidas anunciadas por el Gobierno británico (expulsión inmediata de los recién llegados, deportación a Ruanda, retención en una prisión flotante...) han sido respaldadas, según las encuestas, por la mayoría de los británicos.

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