Las claves que explican las protestas y la grave crisis institucional en Israel

Israel atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de su historia por la controvertida reforma judicial que ha llevado al Parlamento el Gobierno de Benjamín Netanyahu. La tensión ha crecido en los últimos días hasta motivar este lunes una huelga general, que ha paralizado los puertos clave y los despegues desde el principal aeropuerto del país, a raíz de ...

Israel atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de su historia por la controvertida reforma judicial que ha llevado al Parlamento el Gobierno de Benjamín Netanyahu. La tensión ha crecido en los últimos días hasta motivar este lunes una huelga general, que ha paralizado los puertos clave y los despegues desde el principal aeropuerto del país, a raíz de la destitución del ministro de Defensa, Yoav Gallant, por desmarcarse de la reforma. Ante la presión, este lunes, el primer ministro israelí ha anunciado una pausa en la aprobación de la reforma, hasta finales de abril, por “responsabilidad nacional” y para evitar una “guerra civil”, ha dicho. Por su parte, la central sindical ha puesto fin a la huelga general y la oposición ha tendido la mano. ¿Cómo se ha llegado a este punto?

¿Cuál es el origen de la crisis?

El pasado noviembre, el Likud, el partido de derechas que lidera Benjamín Netanyahu (el dirigente que más años ha estado en el poder en Israel), ganó las elecciones legislativas. Incapaz de formar Gobierno a su izquierda, por el rechazo tanto de enemigos como de antiguos aliados, formó con la reforzada extrema derecha y los partidos ultraortodoxos la coalición más derechista de la historia del país desde su creación en 1948.

Netanyahu, que no promovió una reforma judicial en sus anteriores mandatos (1996-1999 y 2009-2021), llegaba al poder imputado en tres causas por soborno, fraude y abuso de confianza. Por su parte, los partidos ultranacionalistas tenían desde hace tiempo en el punto de mira al Tribunal Supremo, al que ven como una especie de poder por encima del poder, un puñado de asquenazíes (judíos originarios del centro y este de Europa, asociados a la élite que edificó el país) que utiliza su prerrogativa de tumbar leyes para vaciar de contenido la voluntad popular expresada en las urnas.

A la tercera pata de la coalición, los partidos ultraortodoxos, le convenía que el Ejecutivo controle el Supremo para asegurarse de que no serán obligados a efectuar el servicio militar, obligatorio para casi todo el resto de judíos israelíes. Uno de ellos, Shas, tenía además especial interés en despojar a la justicia de la capacidad de tumbar nombramientos, como hizo el pasado enero, al anular el del líder de la formación, Aryeh Deri, como ministro del Interior y Sanidad.

La suma de estas voluntades hizo que a principios de enero, pocos días después de jurar los cargos, el Gobierno presentase su reforma judicial.

¿En qué consiste la reforma?

Se trata de un amplio paquete legislativo del que solo una ley ha sido ratificada en el Parlamento, el pasado jueves, la que dificulta la inhabilitación del primer ministro al despojar de la facultad a un cargo técnico legal y circunscribir las causas para apartarlo del cargo a un problema física o mental. Otras iniciativas del paquete han pasado en la Knesset la primera lectura de las tres necesarias para convertirse en norma.

En su conjunto, la reforma (que los manifestantes llaman “golpe de Estado judicial”) minaría la división de poderes, al debilitar al judicial en beneficio del Ejecutivo, cambiaría el método de elección de los jueces y, lo más polémico, permitiría al Parlamento volver a aprobar leyes previamente tumbadas por el Supremo. La corte tiene esa potestad al estilo del Constitucional en España. Israel carece de Constitución, pero se guía por una serie de leyes básicas, y el Supremo tiene la facultad de interpretar si una ley regular vulnera alguna de ellas.

¿Por qué tantos israelíes se han movilizado?

El bloque pro-Netanyahu ganó las elecciones en número de diputados. Pero, en porcentaje de votos, obtuvo alrededor del 50%, los mismos que el bloque de partidos en contra. Es decir, los comicios pusieron fin al bloqueo político del país, al dibujar una coalición clara tras cinco elecciones en tres años, pero no a la división en dos mitades en torno a la figura de Netanyahu, que genera reacciones muy viscerales.

La reforma judicial puso la mecha, pero no ha sido el único motivo de la protesta casi desde el principio. Por un lado, se junta el rechazo a Netanyahu y, en general, a un Gobierno tan radical, religioso, derechista y masculino. Mientras se sucedían las manifestaciones, por ejemplo, un ministro (Bezalel Smotrich, Finanzas) abogó por “borrar” una localidad palestina en la que decenas de colonos radicales acababan de matar a una persona y quemar decenas de casas y coches.

Por otro, están los miedos. Los de las mujeres y los de colectivos como el LGTBI a que sus derechos resulten vulnerados si el Gobierno toma al asalto el último dique (el Supremo) que les protegería de leyes discriminatorias. Los de reservistas y soldados, a recibir órdenes imposibles de cumplir o a ser juzgados un día en el extranjero por crímenes de guerra si Israel pasa a ser considerado internacionalmente como un país sin justicia independiente. Por último, los de trabajadores y empresarios a que la reforma golpee y cierre al mundo la vibrante economía israelí.

¿Quién se está manifestando?

Las marchas se han vuelto tan masivas que han acabado atrayendo público más diverso, como muestra su reciente extensión a bastiones del Likud como Or Akiva o Sderot. Sin embargo, sí se puede trazar un perfil del manifestante. En su gran mayoría son seculares y viven dentro del país o en los asentamientos en Cisjordania que no tienen carácter ideológico. Aparentemente, hay más asquenazíes. La histórica brecha social con los judíos originarios del norte de África y Oriente Medio (mizrahíes) ha asomado la cabeza según aumentaba la tensión. El epicentro de la protesta es, además, Tel Aviv, símbolo del Israel más abierto y secular.

Algunos colectivos son la punta de lanza de la protesta. Es el caso de los trabajadores de la alta tecnología, un sector que aporta más de un 10% del empleo y un 15% del PIB, o de los reservistas en el Ejército. También los maestros, médicos y estudiantes se han movilizado notablemente. La protesta es bastante intergeneracional, con mucha presencia de mujeres.

Hay también ausencias muy visibles. Por una parte, la de los judíos ultraortodoxos, que suponen un 13% de la población. Además de que sus partidos están en la coalición, se suelen movilizar más por asuntos que afectan a su comunidad. Por otra, los nacionalistas religiosos, también en el Ejecutivo, activo en la colonización del territorio palestino y enemigo confeso del Israel que sale a las calles.

Quienes no apoyan la reforma, pero se han quedado en casa, son los palestinos con ciudadanía israelí, un 20% de la población. En su gran mayoría permanecen al margen de la protesta porque les parece una lucha ajena entre judíos y judíos, llena de banderas israelíes y de lemas que no les representan. A esto se suma que, aunque el Supremo ha frenado leyes que les perjudicaban, también ha dado luz verde a otras que confirman su estatus de ciudadanos de segunda (como la que en 2018 retiró la cooficialidad a la lengua árabe y declaró Israel el “Estado nación del pueblo judío”) o empeoran la situación de los palestinos en Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania.

¿Por qué ha escalado tanto la situación?

La crisis se ha extendido a varios ámbitos hasta llegar a la huelga general de este lunes y al aplazamiento de la aprobación de la reforma, aunque no a su retirada, como ha dicho Netanyahu. A la presión se han sumado las crecientes críticas internacionales, como las que le trasladaron al primer ministro israelí sus homólogos en sus dos últimos viajes, a Alemania y al Reino Unido.

A pesar del aplazamiento de su aprobación hasta finales de abril, Netanyahu se ha negado insistentemente a dar marcha atrás y ha rechazado una propuesta alternativa de consenso que presentó el presidente, Isaac Herzog. Además, ha tildado a los manifestantes de anarquistas e insinuado que reciben financiación del extranjero. La oposición, consciente de la encrucijada que afronta el Ejecutivo y de su debilidad interna, huele sangre y no está dispuesta a soltar la presa.

Desde hace semanas hay indicios de deterioro económico. La moneda local, el séquel, que llevaba una década apreciándose al calor de la llegada masiva de capital extranjero, está en su menor valor desde 2021. Cada vez que hay esperanzas de acuerdo en torno a la reforma, la Bolsa reacciona con subidas y el séquel se fortalece. Cuando acaban en jarro de agua fría, los mercados responden en el sentido opuesto.

La situación en el Ejército es fundamental en esta crisis. Cada vez más reservistas están rechazando continuar o cumplir determinadas misiones. Una parte está obligada a ponerse el uniforme unos días al año, pero otros son en la práctica voluntarios. Los rechazos parecen haberse extendido a soldados en activo. En Israel, Tsahal es mucho más que unas Fuerzas Armadas. Es también la institución más respetada, considerada un elemento de unión en una sociedad diversa y por la que la mayoría de israelíes pasa al menos dos años de su vida.

En abril, coinciden Pesaj (la Pascua judía), el Día de la Independencia (que, además, conmemora este 2023 los 75 años de existencia del Estado de Israel) y los días en recuerdo a los soldados caídos y a las víctimas del Holocausto. En los últimos días, se había extendido el temor a que todas estas efemérides se celebrasen bajo la sombra de la división. Algunos familiares de soldados muertos habían dicho a la prensa que se ausentarán del acto central.

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