Las comunidades condenadas por la construcción del muro fronterizo entre República Dominicana y Haití
Decenas de familias se preparan para abandonar sus viviendas ante el levantamiento de una verja que separa a las dos naciones que comparten La Española
Un tablón en el piso con la marca "MF 011-5" en rojo le recuerda a Leocadio Guzmán dónde se erigía su vieja casa, derribada para abrir un camino hacia el muro que República Dominicana levanta en la frontera con Haití. En la imagen, Guzmán posa para un retrato frente a la choza donde se ha reubicado, en la provincia de Dajabón, el 20 de marzo de 2023.ERIKA SANTELICES (AFP)La misma suerte tuvieron otras ruinosas viviendas de madera, bloques de cemento y láminas de latón en los sectores populares de La Mara y La Bomba, en Dajabón, y en comunidades de la vecina provincia de Monte Cristi. Los vecinos suponen que el MF pintado con spray por militares se refiere a las palabras "muro fronterizo". En la imagen, una vista aérea de las viviendas ubicadas en el sitio propuesto para el muro fronterizo, en el municipio de Pepillo Salcedo, en Monte Cristi. ERIKA SANTELICES (AFP)Una vivienda marcada por militares dominicanos con las siglas y números "MF 020 N", en el municipio de Pepillo Salcedo, el pasado 21 de marzo.ERIKA SANTELICES (AFP)
El Gobierno dominicano declaró esas propiedades de utilidad pública para construir la verja fronteriza, y las demoliciones comenzaron en noviembre de 2022. Es uno de los proyectos insignia del presidente Luis Abinader, quien ha endurecido la política con respecto a Haití, un vecino difícil con el que el país mantiene una agria relación cargada de xenofobia. En la imagen, un grupo de obreros trabaja en la construcción del muro fronterizo, en la provincia de Dajabón. ERIKA SANTELICES (AFP)Está previsto que este muro fronterizo cubra 160 de los 380 kilómetros de frontera entre ambos países que comparten la isla La Española. En la imagen, construcción de la verja fronteriza en una zona de manglares en Pepillo Salcedo. ERIKA SANTELICES (AFP)El ministerio de Defensa, responsable de la obra, anunció en noviembre pasado el pago de 79 millones de pesos (1,4 millones de dólares al cambio actual) en indemnizaciones por las tierras expropiadas en Dajabón y Monte Cristi. Entre los desplazados se repite una queja: la compensación se queda corta. En la imagen, un obrero camina sobre la tierra aplanada para la construcción del muro fronterizo. ERIKA SANTELICES (AFP)
"El dinero que me dieron no es suficiente para volver a tener una casa", cuenta Lidna Dorfinis, una haitiana de 38 años residente de La Mara. Le pagaron 250.000 pesos (unos 4.500 dólares), que apenas alcanzan para un terreno. Sin recursos para comprar material de construcción, esta madre de tres hijos paga 60 dólares mensuales de alquiler. En la imagen, Lidna Dorfinis posa para un retrato con una de sus hijas en brazos. ERIKA SANTELICES (AFP)El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, sostiene que el Estado negoció los pagos, y que las indemnizaciones "no han sido traumáticas". En la imagen, Ana María Luciano y Bartolo Franco posan frente a su vivienda, condenada a ser demolida para la construcción del muro fronterizo. ERIKA SANTELICES (AFP)En las paredes rosadas de la vivienda de Quisqueya Estevez está la marca "MF 032". La casa sigue a la espera de ser demolida, aunque la sección en la que estaba el baño cedió por un deslizamiento de tierra por las obras. Estevez niega haber sido indemnizada por las autoridades. En la imagen, Quisqueya Estevez y Antonio Ramírez posan para un retrato, al interior de su vivienda en Dajabón. ERIKA SANTELICES (AFP)Una mujer y su nieta descansan afuera de su vivienda, una de las tantas condenadas para la construcción del muro fronterizo, en la comunidad de La Mara. ERIKA SANTELICES (AFP)La casa y la bodega aledaña de Dominga Castillo, de 41 años, y su madre, Nemencia, de 78, ya fueron condenadas a muerte con un "MF". A diferencia de la mayoría de las viviendas ubicadas en esta zona fronteriza, la edificación de Castillo está construida con concreto y tabiques. Dada esta condición, la indemnización puede ser hasta siete veces más alta. Sin embargo, ella y su madre se resisten a abandonar su hogar. En la imagen, Dominga Castillo posa para un retrato frente a su vivienda en Pepillo Salcedo. ERIKA SANTELICES (AFP)"Si van a sacarnos que sea por algo que valga la pena. Si no, que nos dejen tranquilos", comenta Dominga Castillo, quien vive allí con su mamá y sus hijos adolescentes de 17 y 14. "Yo llegué aquí siendo bebé, gateando. Comenzar de nuevo es muy difícil". En la imagen, Nemencia, madre de Castillo, posa frente a la marca "MF 012 N" pintada en su vivienda en Pepillo Salcedo. ERIKA SANTELICES (AFP)
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