La reforma de las pensiones de Macron inicia su recta final en plena oleada de manifestaciones y huelgas
Diputados y senadores deberán acordar una versión definitiva del texto este miércoles antes de su adopción o rechazo final el jueves. Los sindicatos convocan nuevos paros y protestas contra el aumento de la edad de jubilación
El recorrido legislativo de la reforma de las pensiones en Francia es largo, arduo e intenso, pero ha emprendido su recta final. La propuesta estrella del presidente Emmanuel Macron, que busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y acelerar la exigencia de cotizar durante 43 años para cobrar una pensión completa, afronta una semana decisiva en el Parlamento. Un grupo de diputados y senadores deberá acordar este miércoles una versión definitiva del texto, que de ser aprobada, será adoptada o rechazada el jueves. Nada está cerrado y el Ejecutivo, que carece de mayoría absolut...
El recorrido legislativo de la reforma de las pensiones en Francia es largo, arduo e intenso, pero ha emprendido su recta final. La propuesta estrella del presidente Emmanuel Macron, que busca retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y acelerar la exigencia de cotizar durante 43 años para cobrar una pensión completa, afronta una semana decisiva en el Parlamento. Un grupo de diputados y senadores deberá acordar este miércoles una versión definitiva del texto, que de ser aprobada, será adoptada o rechazada el jueves. Nada está cerrado y el Ejecutivo, que carece de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, busca asegurarse los últimos apoyos. Cada voto cuenta.
El rechazo no solo viene del hemiciclo, sino de la calle, donde han sido convocadas nuevas protestas. El plan de Macron ya ha desatado huelgas y manifestaciones masivas en todo el país, incluido un paro en la recogida de basuras con gran impacto en París. Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a la reforma, aunque la mayoría cree que el presidente no dará marcha atrás.
“No renunciaremos a nuestra reforma de las pensiones”, insistió el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, el lunes en la cadena LCI. El Senado, la Cámara alta controlada por la oposición de derecha, ya dio un primer paso el sábado a medianoche al aprobar el impopular proyecto. Pero en la Asamblea Nacional, la Cámara baja, no será tan sencillo. La próxima sesión del jueves amenaza con ser de alto voltaje y determinará probablemente el futuro del segundo y último quinquenio presidencial de Macron, reelegido en abril.
Aún falta una etapa. Para que la Asamblea pueda pronunciarse, es necesario que la llamada comisión mixta paritaria, formada por siete senadores y siete diputados, se ponga de acuerdo sobre una versión definitiva del texto. La cita tiene lugar este miércoles y “es muy probable” que se salde con un acuerdo, vista su composición, con solo cuatro opositores a la reforma, señala Maxime Tourbe, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de París 8. En el caso contrario, el plazo máximo para adoptar la ley vence a finales de marzo.
El jueves se perfila como un día clave para el proyecto. El Gobierno confía en que el Senado vuelva a dar el visto bueno a la reforma, esta vez definitivo. Pero en la Asamblea, deberá elegir entre dos opciones igual de arriesgadas: proceder a un voto o recurrir al controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que permite poner fin a los debates parlamentarios y adoptar la ley por decreto.
En ese caso, la única manera de frenar la reforma sería a través de una moción de censura contra el Gobierno de la primera ministra, Élisabeth Borne. Ninguna de las que se han presentado hasta ahora ha prosperado y Macron advirtió en septiembre de que disolvería la Asamblea y convocaría elecciones legislativas anticipadas si una iniciativa de este tipo tuviera éxito.
El Ejecutivo activará la primera opción, la del voto, si considera que puede obtener una mayoría de apoyos; es decir, 289. Pero, de momento, no los tiene asegurados y aún le quedan dos días para cortejar los que faltan, incluso en el propio bando presidencial. Aunque forman el mayor bloque de diputados (250), los macronistas carecen de mayoría en la Asamblea desde las legislativas del pasado junio. El Ejecutivo depende de la derecha de Los Republicanos (61 diputados) para aprobar el proyecto. Pero el partido, dividido, guarda el suspenso. De momento, 36 o 37 diputados votarán a favor. Pero hacen falta más.
El Gobierno ha reiterado en los últimos días que quiere evitar la segunda opción, la del artículo 49.3. En una reunión el lunes, Macron ―que suele guardar silencio sobre la reforma― hizo un último llamamiento a la “responsabilidad de las oposiciones”, según varios participantes citados por la Agencia France Presse.
“Señal de debilidad”
Si el Gobierno activa el 49.3, corre el riesgo de que la reforma sea vista como una ley impuesta, tanto contra la voluntad de la población como de sus representantes. “Adoptar un texto sin voto sería para el Gobierno una señal de debilidad”, analiza Tourbe, de París 8. “Es una herramienta perfectamente constitucional y legítima, pero es vista como un instrumento de fuerza y de acto autoritario por parte del Gobierno”, explica.
Laurent Berger, líder del sindicato CFDT, el primero del país, alertó en Le Journal du Dimanche que aplicar el 49.3 sería un “mensaje peligroso para la democracia”. Los sindicatos intensificaron su rechazo la semana pasada con huelgas prorrogables en sectores como el transporte y la energía. En París, el servicio de recogida de basura lleva más de ocho días en paro y, según la alcaldía, ya hay más de 5.400 toneladas de desechos acumulados en las calles. El pulso sigue este miércoles, con la octava jornada de protestas, y los líderes sindicales ya han anunciado otra frente a la Asamblea el jueves.
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