Washington reaviva el debate sobre si debe convertirse en un Estado

Washington, la capital de Estados Unidos, “no es una ciudad”, defendía la semana pasada la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Tampoco es un Estado, recordaba, en una de sus ruedas de prensa diarias. El peculiar estatus de la capital estadounidense, un distrito federal sin derecho a voto en el Congreso, siempre ha estado sujeto a polémica y a las reivindicaciones de sus habitantes para que se le conceda el estatus de Estado. Pero esta semana una votación en el Senado que ha tumbado por blanda una modesta ley municipal sobre c...

Washington, la capital de Estados Unidos, “no es una ciudad”, defendía la semana pasada la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Tampoco es un Estado, recordaba, en una de sus ruedas de prensa diarias. El peculiar estatus de la capital estadounidense, un distrito federal sin derecho a voto en el Congreso, siempre ha estado sujeto a polémica y a las reivindicaciones de sus habitantes para que se le conceda el estatus de Estado. Pero esta semana una votación en el Senado que ha tumbado por blanda una modesta ley municipal sobre criminalidad ha abierto un avispero político en el que se mezclan no solo el derecho a la autodeterminación de la capital, sino también la discriminación racial y el cómo luchar contra la delincuencia.

El Senado votó este miércoles, con una amplia mayoría de republicanos y demócratas (81 contra 14) a favor de anular la reforma del anticuado Código Penal del distrito que la Junta Municipal de Washington había aprobado en noviembre casi por unanimidad, y que rebajaba las penas por algunos delitos, como los robos de automóviles. Es la primera vez en 30 años en que el Congreso utiliza la prerrogativa que le permite anular una ley local de la capital. El apoyo demócrata a esa propuesta presentada por los republicanos marca, además, un giro en el tradicional respaldo de ese partido a su posición de que el Distrito de Columbia se convierta en Estado.

Detrás de esta decisión se encuentra una preocupación creciente por los índices de delincuencia violenta, que han crecido en todo el país desde el comienzo de la pandemia. En Washington, según los datos de la policía local, la delincuencia violenta actual ha crecido un 8% con respecto al mismo punto del año pasado; los homicidios, un 33%, y los robos de vehículos, un 108%. La propia alcaldesa, Muriel Bowser, vetó la reforma en enero: “Cada vez que se presenta una medida que reduce las penas de prisión se envía el mensaje equivocado”, declaraba entonces.

Antes de la votación, el líder de la oposición republicana en el Senado, Mitch McConnell, había declarado: “Estamos hablando de nuestra capital, pero los políticos locales han dejado que sus calles se conviertan en un peligro y en una vergüenza”.

La lucha contra la delincuencia se anticipa como una de las grandes batallas de cara a unas elecciones presidenciales en 2024 que se prevén muy reñidas. Ya en otras ciudades, el aumento de los delitos se ha llevado por delante a líderes otrora muy populares, como la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, que en febrero perdió las primarias ante el aumento de la violencia en esa urbe.

El presidente Joe Biden, del que se espera que pronto anuncie su candidatura a renovar su mandato, quiere evitar a toda costa dar una imagen de permisividad con la violencia. Biden ha dado un giro en su postura y ha asegurado que firmará y promulgará la resolución del Congreso, pese a que inicialmente la Casa Blanca había expresado su apoyo a la autodeterminación de Washington. “Apoyo la autodeterminación y el estatus de estado para DC”, tuiteaba, “pero no apoyo algunos de los cambios que la Junta municipal ha aprobado por encima de las objeciones de la alcaldesa, como la rebaja de las penas por robo de vehículos. Si el Senado vota para cambiar lo que hizo la Junta, lo firmaré”.

Pero ese respaldo, basado en el cálculo político, ha sido interpretado como una traición entre las bases demócratas que respaldan el estatus de Estado para el cosmopolita Distrito de Columbia, de medio millón de habitantes —la mayoría, negros—, inclinaciones progresistas muy marcadas y que tiene en la política su estilo de vida y razón de ser. “Impuestos sin voto” en el Congreso es el mensaje inscrito en las matrículas de los vehículos locales.

Tras la votación, el fiscal general de Washington, Brian Schwartz, denunciaba que “cualquier intento de sustituir la voluntad de los residentes del distrito por la de unos políticos federales elegidos a cientos de kilómetros de distancia viola los principios y libertades básicas sobre las que se ha construido este país”.

El dilema para los demócratas no solo concierne al estatus de la capital. También a su relación con los votantes negros, fundamentales para sus aspiraciones electorales y para los que la votación del miércoles es un ejemplo de agravio. Otro en una larga lista.

Los críticos de la anulación denuncian que este caso se suma a un número creciente de ejemplos en Estados Unidos en los que un cuerpo legislativo de mayoría blanca impone su parecer a la voluntad de la población de mayoría negra sobre la que gobiernan. En Misuri, la cámara de representantes estatal ha aprobado una medida que deja la policía de su capital, San Luis, bajo el control del gobernador republicano Mike Parson. En Misisipi, la cámara baja ha aprobado la creación de un nuevo distrito judicial en el que los jueces no serán elegidos por los votantes, sino nombrados. En Georgia, la comisión electoral intentó revisar los resultados de los comicios en el condado de Fulton, de mayoría negra y uno de los más poblados de ese Estado.

“Dar el estatus de Estado al DC es una cuestión de justicia racial”, rezaba el miércoles una pancarta en una manifestación de protesta ante el Congreso.

La reforma, alegan sus defensores, mejoraba las garantías procesales y corregía problemas que han hecho que la población negra se haya visto afectada de modo desproporcionado, como también ocurre en otras ciudades estadounidenses.

Los partidarios de los cambios en el código penal, y del derecho de Washington a la autodeterminación, se lamentan de que la ley local se ha anulado más por postureo político que por su contenido. “Anular nuestras leyes locales, aplicadas democráticamente —producto de más de una década de colaboración entre jueces, expertos y fuerzas de seguridad— sin un análisis independiente o una propuesta alternativa, no solo es poco democrático, sino también perezoso”.

“Los ciudadanos del distrito deberían tener los mismos derechos a la autodeterminación que cualquier otro estadounidense”, ha indicado en un comunicado Marc Morial, presidente de la National Urban League. Washington “no merece ser tratada como una colonia por el Congreso de Estados Unidos. Ya es hora de que reciba el estatus de Estado”.

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