Le Pen se perfila como vencedora política en el pulso por las pensiones en Francia

El pulso por la impopular reforma de las pensiones clarifica el paisaje político en Francia. En un balance provisional, quien más puede beneficiarse del malestar es la líder de la extrema derecha y primera opositora al presidente Emmanuel Macron, Marine Le Pen, según varios sondeos y expertos. Lo ha logrado con una oposición frontal a la reforma, pero, al contrario que la izquierda anticapitalista y euroescéptica de La Francia...

El pulso por la impopular reforma de las pensiones clarifica el paisaje político en Francia. En un balance provisional, quien más puede beneficiarse del malestar es la líder de la extrema derecha y primera opositora al presidente Emmanuel Macron, Marine Le Pen, según varios sondeos y expertos. Lo ha logrado con una oposición frontal a la reforma, pero, al contrario que la izquierda anticapitalista y euroescéptica de La Francia Insumisa, sin implicarse en las protestas ni hacer declaraciones altisonantes, y con una posición institucional en los debates parlamentarios.

“Diría que, tomando raramente posición y sin hablar demasiado, [el vencedor político] es el Reagrupamiento Nacional”, resume Frédéric Dabi, director general de Opinión en el instituto demoscópico Ifop, en alusión al partido de Le Pen. Y añade: “Ha dejado que La Francia Insumisa fuese una especie de fuerza protestataria; y ellos se han envuelto en la túnica de la alternativa”. Mientras tanto, en el Gobierno predomina la cacofonía y la primera ministra, Élisabeth Borne, se ha revelado incapaz de persuadir a la opinión pública, mayoritariamente contraria al proyecto, de la necesidad de alargar la vida laboral para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones públicas.

Laurent Berger, secretario general del sindicato moderado CFDT, avisa: “Habrá un problema democrático, claramente, habrá un malestar democrático si esta reforma se adopta así”.

Las protestas contra la reforma para aumentar de los 62 a los 64 años la edad de jubilación, ahora en discusión en el Senado, sacaron el martes a la calle 1,3 millones de personas por toda Francia, 3,5 según el sindicato CGT. Era la sexta jornada de huelgas y manifestaciones desde que el Gobierno presentó en enero el proyecto. Los paros en los transportes y en las refinerías continuaron el miércoles.

El calendario legislativo fija finales de marzo como límite para adoptar la ley. Macron tiene el primer grupo parlamentario en la Asamblea Nacional, pero sus diputados no alcanzan la mayoría absoluta. Necesita a la derecha moderada de Los Republicanos. Si no obtiene la mayoría, podría recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite poner fin a los debates parlamentarios y adoptar la ley sin voto.

Una apuesta arriesgada

La apuesta, en todo caso, es arriesgada. Al imponer la reforma con un 70% de franceses en contra y con una mayoría parlamentaria exigua, el presidente francés se arriesga a crear un “problema democrático”, han advertido esta semana, en declaraciones a EL PAÍS, los principales dirigentes sindicales franceses.

“Me cuesta creer que, si esta forma se adopta en las condiciones actuales, no haya resentimiento en la población y especialmente en el mundo del trabajo”, dice Berger, jefe de la CFDT, primer sindicato del país. “Ya empieza a notarse. Y todos sabemos que el resentimiento no es bueno para la democracia”.

Philippe Martinez, secretario general saliente de sindicato CGT, coincide: “En todos los países europeos, cuando hay movilizaciones como estas, el Gobierno dice: ‘Hay que discutir’. Aquí se hace como si no pasase nada”. Y añade: “Si la reforma se adopta en el Parlamento, es un problema, teniendo en cuenta millones de personas en las manifestaciones y un 92% de los trabajadores en contra. ¿A quién representan los diputados? ¿A ellos mismos? ¿O al pueblo? Es un problema democrático. Y cuando hay un problema democrático, hay que continuar con las manifestaciones, hasta que se nos escuche”.

Macron y sus seguidores se arriesgan a salir muy malparados de esta reforma. Pero tampoco la izquierda, que ha abanderado la oposición en el Parlamento, parece beneficiarse. La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon —el primer partido en la izquierda, que controla la coalición con socialistas, ecologistas y comunistas— inundó el debate en la Asamblea Nacional con miles de enmiendas que impidieron votar la reforma en el plazo establecido. E irritó a sus aliados. “Jean-Luc Mélenchon no favorece la claridad de los debates y de las posiciones”, criticó en febrero Martinez, de la CGT.

Según un sondeo de Ifop, los sindicatos encarnan la oposición a la reforma de las pensiones mejor que los partidos. Pero, si se pregunta por los líderes, un 46% de franceses cree que es Le Pen quien mejor representa el no a la reforma, seguida de Mélenchon, con un 43%. Cuando se les pregunta qué político de la oposición está más cerca de sus preocupaciones en general, Le Pen gana a Mélenchon por 34% a 23%.

Le Pen llegó en 2017, por segunda vez, a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y, aunque perdió, sacó más de 13 millones de votos. La abstención alcanzó su mayor nivel en medio siglo, un 28%, evidencia del desinterés de una parte amplia del electorado.

La voluntad de Macron de imponer contra viento y marea la reforma puede entenderse como una cuestión de convicción y responsabilidad: sabe que es impopular, pero cree que es necesaria para Francia y, por lo tanto, está dispuesto a asumir los costes. Pero también, como señalan los sindicalistas, puede interpretarse de otro modo: como una cuestión de consentimiento democrático. ¿Se puede gobernar con el país en contra? ¿Y qué riesgos entraña?

Caos y revolución

Para Frédéric Souillot, secretario general de Force Ouvrière, si Macron opta por el decreto, “será el caos y la revolución”. Y precisa: “Toda la gente que se está manifestando, si mañana se les dice que se les impone esta reforma sin votarla en el Parlamento, se va a radicalizar. No se puede gestionar un país contra la totalidad de las organizaciones sindicales y una mayoría de los franceses en contra. Es peligroso para el país y para la cohesión social”.

Ante el cuestionamiento de la legitimidad democrática de la reforma, Macron puede alegar que hace menos de un año salió reelegido ante Le Pen, y con comodidad. Y ganó sin esconder las cartas, prometiendo subir la edad de jubilación. Entonces decía 65 años: la propuesta ha reducido la edad a los 64.

“Aquí hay dos legitimidades”, dice Dabi, de Ifop. “Está la legitimidad de las urnas, y hay que decir que Macron sacó cinco millones de votos a Le Pen. Y está esta forma de legitimidad más gaseosa del movimiento social”.

Dabi señala que “raramente” se ha visto un rechazo tan amplio a una iniciativa del Gobierno. El número de manifestantes tiene pocos precedentes en las últimas décadas. Congregan, además, a personas de distintas clases sociales e ideologías. Al mismo tiempo, precisa el experto, una mayoría de franceses se ha resignado: cree que la reforma se acabará aprobando. Esto es una ventaja para el presidente. La “línea roja democrática”, añade, sería que Macron recurriese al artículo 49.3 y eludiese el voto.

Macron empieza a experimentar lo que en Estados Unidos se conoce como el síndrome del pato cojo: el presidente que no puede ser reelegido y por eso pierde autoridad. En 2027 termina su segundo quinquenio, y no puede volver a presentarse.

“Si la reforma se adopta, habrá mucho rencor, que se añadirá al enfado”, analiza Dabi. “Y se va a pagar: en la calle, quizá con un movimiento como el de los chalecos amarillos, en las elecciones europeas de 2024, en las elecciones al Senado”. ¿Y en las presidenciales? “Faltan cuatro años, nadie sabe qué puede ocurrir”, dice. “Seamos prudentes”.

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