Ayuda mutua y acceso a la vivienda frente a la “crisis migratoria” en Nueva York

Desde el verano de 2022, más de 44.000 solicitantes de asilo han llegado a Nueva York en autobuses desde Texas, en muchas ocasiones sin haber dado su consentimiento para ser trasladados. Aunque la ciudad de Nueva York ha respondido con alojamiento de emergencia y comida, la realidad es que muchas de estas personas solicitantes de asilo están viviendo en condiciones indignas en hoteles, albergues y campamentos similares a lo...

Desde el verano de 2022, más de 44.000 solicitantes de asilo han llegado a Nueva York en autobuses desde Texas, en muchas ocasiones sin haber dado su consentimiento para ser trasladados. Aunque la ciudad de Nueva York ha respondido con alojamiento de emergencia y comida, la realidad es que muchas de estas personas solicitantes de asilo están viviendo en condiciones indignas en hoteles, albergues y campamentos similares a los centros de detención para personas migrantes en la frontera.

Familias y personas recién llegadas a Nueva York después de semanas de camino y travesía de lugares inhóspitos en busca de seguridad y oportunidades para una vida mejor duermen en viviendas temporales. Allí la comida es a menudo inadecuada para niños, se sirve fría o caducada, y no se les da la oportunidad de cocinar o usar refrigeradores para guardar sus propios alimentos, leche materna o medicamentos. Muchas de las personas que se hospedan en estos lugares denuncian abusos por parte del personal de seguridad, se les imponen horarios de entrada y salida y horas estrictas para comidas que no coinciden con las del trabajo o de la escuela de los niños. Esto no solo afecta su bienestar, sino también sus oportunidades para trabajar, proveer para sus familias y construir su propio hogar en la ciudad.

El ejemplo más reciente de la respuesta deficiente y negligente del Gobierno de la ciudad fue el desalojo de los solicitantes de asilo que residían temporalmente en el Hotel Watson de Manhattan y su traslado a un nuevo centro en la terminal de cruceros en Red Hook, en Brooklyn. Con poco o ningún aviso, fueron forzados por la policía a subirse a autobuses que los transportarían a estas instalaciones –una gran bodega con centenas de catres en un mismo espacio— sin darles información u opciones para mudarse a otro albergue. Para muchas de estas personas, trasladarse a este lugar más lejano y con poco acceso al transporte local significa perder empleos y acceso a redes locales de apoyo, incluyendo los servicios de salud que les ha tomado meses encontrar.

El alcalde Eric Adams se ha referido a esta situación como una “crisis migratoria”. Esta es una narrativa problemática que generalmente enmarca a las personas que han sido desplazadas como una carga y mantiene la noción falsa de que los sistemas públicos están desbordados por la migración, cuando estos mismos sistemas no han satisfecho las necesidades mínimas de las personas por años. Lo que realmente ha expuesto la llegada de miles de personas en unos pocos meses a Nueva York es que hay una crisis más profunda: el acceso a la vivienda en la ciudad, la cual ha sido denunciada desde hace mucho tiempo por las organizaciones que trabajan con personas sin casa.

Mientras miles de personas viven en la calle y en albergues con pocos recursos, hay más de 88.000 departamentos con renta controlada que la ciudad podría poner a disposición de quienes necesitan un hogar estable y asequible. En los últimos meses, también se ha visto una malversación de recursos de la ciudad. Por ejemplo, se utilizaron 16 millones de dólares para construir un campamento en Randall’s Island que serviría como centro de apoyo, el cual fue desmantelado unas cuantas semanas después porque claramente era inadecuado. El alcalde Adams ha pedido al Gobierno federal que declare un estado de emergencia y destine millones de dólares a la ciudad, pero no hay transparencia ni rendición de cuentas sobre el uso de los millones de dólares que ya se han destinado a instituciones y organizaciones de la ciudad para ofrecer estos servicios (algunas de las cuales tienen vínculos cercanos con la Administración de Adams y la Oficina de Asuntos Migratorios de la Ciudad (MOIA)). Pedir más dinero al Gobierno federal sin reconocer estas deficiencias estructurales es una oportunidad perdida para dirigir los recursos a donde realmente se necesitan y así mejorar servicios, no solo para las personas recién llegadas, sino para todas las personas que viven en la ciudad.

Yo, Yajaira Saavedra, conozco esta realidad personalmente porque la he vivido, como persona indocumentada y beneficiaria de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés). Crucé la frontera entre México y Estados Unidos cuando tenía 4 años y desde entonces soy neoyorquina. Sé lo que es no tener comida, no tener una vivienda estable y segura, separarte de tu familia, no tener acceso a la salud, no hablar el idioma, enfrentar discriminación y acoso. Junto con mi familia, operamos el restaurante y la cocina de ayuda mutua La Morada, en el sur del Bronx. Desde 2009 nos hemos comprometido con la preservación de la cocina mexicana indígena, manteniendo los principios, valores y técnicas que aprendimos de nuestra familia mixteca en el pueblo de San Miguel Ahuehuetitlán, en Oaxaca. Nuestro restaurante es reconocido local y globalmente y ha sido premiado como uno de los mejores de la ciudad. A su vez, La Morada es conocida como un espacio activista que está al servicio de la comunidad y lucha con ella. Usando el pequeño espacio del restaurante y la comida como un recurso, nuestras puertas siempre han estado abiertas para apoyar a nuestros vecinos del sur del Bronx, uno de los distritos más pobres del país.

Desde el inicio de la pandemia en 2020, hemos servido cerca de 650 comidas gratuitas al día para cualquier persona que lo necesite. Hasta la fecha seguimos haciéndolo, además de distribuir cientos de comidas calientes todos los días a los albergues en donde viven las personas solicitantes de asilo. Trabajamos con organizaciones de inquilinos, activistas por la justicia ambiental y campañas en contra de la detención migratoria, las deportaciones y los abusos de la policía. Nos posicionamos firmemente a favor de la justicia alimentaria y el acceso equitativo a la vivienda, la salud y la educación. La Morada es un espacio seguro, un refugio, un santuario, un lugar en el que las personas se sienten bienvenidas, queridas y apreciadas; un ejemplo de lo que significa ofrecer una bienvenida amplia a las personas recién llegadas, a las que van de paso y a las que llevan más tiempo viviendo en un lugar, sin hacer distinciones entre ciudadanos o no ciudadanos. Como familia indígena e indocumentada, hemos luchado en contra de todos los obstáculos para sobresalir, para dar lo mejor de nosotros mismos a nuestra ciudad y a nuestro país. Hemos recibido el apoyo de nuestra comunidad y devolvemos ese apoyo de todas las maneras que podemos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Nos sentimos arraigados a Nueva York y a nuestras comunidades aquí, pero no hemos olvidado nuestras raíces indígenas, y los principios de reciprocidad y mutualidad que están en su centro. Eso es lo que nos inspira y da fuerza para seguir luchando por la justicia.

Y La Morada no está sola. Desde la llegada de los primeros autobuses de la frontera a Nueva York hasta hoy, una constelación de activistas de ayuda mutua han estado al frente de la respuesta a las necesidades urgentes de las personas migrantes que la ciudad no atiende. Decenas de neoyorkinos han estado presentes de sol a sol para acompañar a las personas que no son admitidas en los albergues, personas que son separadas de sus familias, personas que necesitan atención médica de emergencia, personas que necesitan comida, ropa e información. Esto no es nuevo. Las redes de ayuda mutua de la ciudad han estado haciendo este trabajo durante años, y se han fortalecido durante la pandemia. En lugar de reconocer este trabajo y escuchar la información que tenemos para compartir y las propuestas que hacemos desde la realidad que vemos día a día, el Gobierno de la ciudad rechaza nuestros insumos y descarta nuestras preocupaciones, las cuales reflejan necesidades de todas las personas que viven en la ciudad, no solo las recién llegadas.

Nuestra coalición de ayuda mutua está compuesta por voluntarios de distintas culturas, vecindarios y países. Todos vivimos en la ciudad de Nueva York. Hemos visto, una y otra vez, que las personas con poder, desde el Gobierno, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y otros grupos, se aprovechan de las situaciones de emergencia. Es por ello que nos organizamos entre nosotros. La ayuda mutua significa reconocer los recursos que todos tenemos—no solo dinero, también tiempo, experiencia, contactos, y conexiones a otros recursos. Sabemos que si una persona de la comunidad no puede cubrir sus necesidades básicas, nos afecta a todos, y sabemos que el espíritu del mutualismo significa que todos en algún momento hemos necesitado o necesitaremos pedir apoyo y que todos tenemos algo que dar.

Los gobernadores de Texas y Florida han presionado a otros estados como Nueva York a responder a la situación que enfrentan en la frontera. Han retado a las ciudades santuario a responder a las necesidades de las personas migrantes y solicitantes de asilo. La ciudad de Nueva York ha caído en el mismo esquema de plantear esta situación como una crisis y una emergencia que requiere una respuesta rápida y temporal. A diferencia de este enfoque limitado, la ayuda mutua está demostrando lo que realmente significa ser una ciudad santuario y de puertas abiertas: dar a nuestros vecinos recién llegados los recursos y las oportunidades para hacer su propia vida aquí o a dónde decidan ir. Y eso necesariamente requiere atender las condiciones estructurales que afectan a todos en la ciudad, empezando por el acceso a una vivienda digna. Los recursos y los espacios están ahí. La pregunta es cómo los está usando el Gobierno.

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