Fuerte movilización en Francia contra la impopular reforma de las pensiones

Los franceses han salido este martes masivamente a la calle por segunda vez en menos de dos semanas para protestar contra la impopular reforma de las pensiones, proyecto señero del segundo y último mandato de Emmanuel Macron. Una mayoría de la ciudadanía se opone a aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, como pretende el presidente. El Gobierno considera que la reforma es “indispensable” y se niega a ceder. Las manifestacio...

Los franceses han salido este martes masivamente a la calle por segunda vez en menos de dos semanas para protestar contra la impopular reforma de las pensiones, proyecto señero del segundo y último mandato de Emmanuel Macron. Una mayoría de la ciudadanía se opone a aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, como pretende el presidente. El Gobierno considera que la reforma es “indispensable” y se niega a ceder. Las manifestaciones y huelgas coinciden con el inicio del procedimiento parlamentario para adoptar la ley.

Es un pulso de resultado impredecible que puede definir el legado de Macron, que llegó al poder en 2017 con la bandera del reformismo. Como en la primera jornada de protestas, el 19 de enero, centenares de miles de personas se han movilizado y sectores clave como los transportes y la energía se han visto ampliamente paralizados. Aquel día salieron a la calle en toda Francia más de un millón de personas (1,2, según el Gobierno; dos millones según los organizadores), unas cifras inusualmente altas.

Las primeras cifras arrojan dos fenómenos paralelos. La movilización en la calle parece mantenerse y en algunas ciudades es mayor. En Marsella, por la mañana, se congregaron 205.000 personas, según el sindicato CGT, y 40.000 según la policía (el 19 de enero eran 140.000, según la CGT y 26.000, según la policía).

Al mismo tiempo, la huelga tiene menos seguimiento esta vez, según los datos publicados a mediodía. En las escuelas y liceos, un 26% de los docentes siguió la huelga, según el Ministerio de la Educación Nacional, 12 puntos menos que el 19 de enero. En la empresa pública de ferrocarriles SNCF, el seguimiento fue del 36,5%, según los sindicatos, frente a un 46,3% en la anterior jornada de protesta. Entre los funcionarios públicos del Estado, fueron a la huelga un 19,4%, frente al 28% el 19 de enero, según el Gobierno. En las refinerías de TotalEnergies, que en otoño bloquearon parcialmente Francia para obtener un aumento salarial, había en la mañana del martes entre un 75% y un 100% de huelguistas, según el sindicato CGT.

El Ministerio del Interior ha desplegado 11.000 policías por todo el país. En el tramo final de la marcha en París hubo choques entre grupos de manifestantes y la policía, que detuvo a 18 personas.

La novedad, respecto a años anteriores, es el frente sindical unido: hasta la moderada CFDT, primer sindicato de Francia y habitual apoyo del Gobierno, se ha sumado. Y un nivel de rechazo al plan —cerca de tres de cada cuatro franceses lo considera injusto— que certifica el divorcio entre Macron y buena parte de la ciudadanía.

Termómetro del descontento

La jornada del martes permite tomar la temperatura del descontento social. En París, la manifestación partió de la plaza de Italia a las 14.00 horas en un ambiente festivo. La presencia sindical era notable, pero también había estudiantes, jubilados y chalecos amarillos. “Aumenten los salarios, no la edad de jubilación”, se leía en un cartel. Otro decía: “Si nos metes 64, nosotros te repetimos un Mayo del 68″. Y otra: “No hay alternativa: jubilación a los 60″.

“No queremos trabajar tanto tiempo”, decía Xavier, 59 años, empleado en los servicios informáticos de un Ayuntamiento de una pequeña ciudad cerca de París. “Estamos cansados”, añadía su mujer, Nathalie, de 58 años y empleada en una farmacia donde trabaja de pie todo el día. ¿Bastarán las protestas para hacer cambiar de opinión al presidente? “No”, zanja Xavier. “Hay que bloquear el país durante 15 días.”

Los sindicatos y la oposición confían en que la presión de la calle fuerce al Gobierno a retirar la reforma o, al menos, sus aspectos más polémicos. Para Macron, reelegido en mayo frente a la ultraderechista Marine Le Pen, se trata de un proyecto central para el segundo quinquenio. Si se pliega, su credibilidad como presidente reformista quedará tocada. Si sigue adelante, se arriesga a que el resto de su mandato, hasta 2027, esté marcado por el malestar social y nuevas erupciones de cólera como la de los chalecos amarillos en 2018 y 2019.

El presidente sostiene que, con el envejecimiento de la población, prolongar la vida laboral es necesario para preservar un sistema de pensiones digno y justo. Los detractores de la reforma señalan que esta penalizará a las personas que empezaron a trabajar más jóvenes y en empleos que implican un desgaste físico. Precisamente aquellos que, durante los confinamientos por la pandemia, contribuyeron a mantener en pie nuestras sociedades.

La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ha tenido dificultades para persuadir a la opinión pública. La oposición no ceja, aunque el Gobierno confía en que, a la larga, la resignación haga mella en los manifestantes y esto facilite su adopción.

Batalla en la Asamblea

La pelota está en la Asamblea Nacional. El problema para Macron es que, desde las legislativas de junio, carece de mayoría absoluta, pese a tener el primer grupo parlamentario. Sin los votos de Los Republicanos (LR), el partido de la derecha moderada, quedará lejos de los 289 diputados que marcan el umbral de la mayoría.

Y cada vez parece más complicado. No todos los 62 diputados de LR quieren aprobar la reforma. Y surgen dudas entre los 250 diputados de los tres partidos del bloque macronista: Renacimiento, Modem y Horizontes.

De eso se trata también en la jornada las manifestaciones y huelgas: de presionar a los diputados que cada día pueden comprobar en sus distritos el rechazo que provoca la reforma. Si el Gobierno no encuentra una mayoría parlamentaria, tiene una alternativa: aplicar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite poner fin a los debates y adoptar la ley. En este caso, la oposición solo puede abortarla con una moción de censura.

Macron ha sugerido que, si prosperase una moción de censura contra la primera ministra, disolvería la Asamblea Nacional y convocaría nuevas elecciones legislativas. La batalla no ha hecho más que empezar.

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