Los 1.500 bolsonaristas detenidos, ante el vértigo de ir a la cárcel

El senador Marcos do Val ha venido a este lugar de Brasilia este martes soleado en su elegante coche oficial porque varios de sus electores, que fueron detenidos tras el asalto del pasado domingo al Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo, le escribieron por Instagram para pedirle ayuda. Al otro lado de la garita, en el gimnasio de la Academia Nacional de la Policía Federal, unos 1.500 bolsonaristas esperan a que las autoridades judiciales decidan qué hacer co...

El senador Marcos do Val ha venido a este lugar de Brasilia este martes soleado en su elegante coche oficial porque varios de sus electores, que fueron detenidos tras el asalto del pasado domingo al Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo, le escribieron por Instagram para pedirle ayuda. Al otro lado de la garita, en el gimnasio de la Academia Nacional de la Policía Federal, unos 1.500 bolsonaristas esperan a que las autoridades judiciales decidan qué hacer con ellos. Mientras, el senador de 51 años, derechista, antiguo militar e instructor de unidades policiales de élite tipo SWAT, habla con la prensa sobre cómo se desarrolló la invasión que sacudió los cimientos de la democracia brasileña este domingo. Ofrece detalles de las investigaciones.

Su señoría, que repudia la violencia perpetrada por los radicales, atribuye el virulento ataque a gran escala al efecto manada. Explica que el asalto fue “100% planeado” por “una célula terrorista”, un grupo de la derecha radical entrenado y pagado, que según sus cálculos, estaría formado por “el 20% o el 30% de los participantes”. La célula lideró la invasión mientras el resto, derechistas de a pie, filmaba el ataque con sus móviles. Ahora, los policías rastrean esas imágenes en las redes sociales para identificarlos.

La misma noche del asalto, 260 golpistas fueron arrestados in fraganti en la plaza de los Tres Poderes, donde dos días después los empleados de limpieza todavía están recogiendo cristales, limpiando mientras sus jefes evalúan daños. Cuatro de esos arrestados han ingresado en prisión preventiva (cosa nada habitual en este país para sospechosos blancos, como la mayoría de los filmados durante la invasión). El fiscal pidió una medida así de contundente “sobre todo, por el terror impuesto a la sociedad, por el desprecio a la cúpula de los poderes de la República y por el simbolismo de estas instituciones [atacadas] para el régimen democrático”.

En torno a 1.200 personas fueron detenidas el lunes en el desalojo del campamento erigido a las puertas del Cuartel General del Ejército tras la derrota electoral del ultraderechista Jair Bolsonaro, de 67 años. Es otro edificio, como los atacados, que salió de los lápices del arquitecto Oscar Niemeyer, que parió Brasilia con el urbanista Lucio Costa. En la capital no recuerdan una operación policial de semejante magnitud. Están acusados de delitos como terrorismo o abolición violenta del Estado de derecho.

El senador Do Val ilustra las revelaciones sobre el ataque con la descripción de algunas escenas que, según él, constan en las pesquisas: “Ya dentro del Senado, uno de ellos proclamó: ‘Me declaro presidente de la República’. Y ese loco dio una orden: ‘Pueden ir a arrestar al juez Alexandre de Moraes”, en referencia al magistrado del Supremo que es el principal azote del bolsonarismo antidemocrático, objeto de las iras de los seguidores del expresidente ultraderechista, por delante de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, de 77.

Moraes ha ordenado la detención del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal Anderson Torres, que fue destituido el mismo domingo por la tarde, y se encuentra en Florida, como Bolsonaro, del que fue ministro. Y ya ha sido arrestado el comandante que dirigía ese día el operativo desplegado por la Policía Militar. Bolsonaro, por cierto, anuncia que adelanta su regreso a Brasil.

Añade el senador Do Val que el autoproclamado presidente también hizo una llamada para decir: “Misión cumplida. El Pix de lo que fue ordenado”. Pix es un sistema de pago instantáneo, lo que indica que esta frase podría ser una llamada para demandar el pago pactado por el asalto.

Avanzada la mañana del martes, salió de la academia de policía un autobús repleto. A bordo, mujeres con hijos, personas mayores y enfermos. Muchos visten todavía las camisetas amarillas y las banderas con las que el lunes fueron arrestados en el desalojo de la acampada golpista de Brasilia; otras también fueron desmanteladas. Durante estas 24 horas privados de libertad han sido interrogados y sus teléfonos, revisados. Ellos mismos difundieron vídeos en los que muestran las condiciones —a su juicio, deplorables, dignas de delincuentes, no de ciudadanos de bien, como ellos se definen— en las que fueron mantenidos. Finalmente, unos 600 detenidos son trasladados a la estación de autobuses. Quedan libres “por cuestiones humanitarias”, según la Policía Federal.

Las mujeres sin hijos y el resto de los hombres van a ser trasladados a la cárcel femenina y la masculina. Sus abogados ya les han tranquilizado, explicándoles que irán a las alas para los presos preventivos, a la espera de la primera vista judicial, no a las temidas celdas con criminales ni al presidio de máxima seguridad de Brasilia donde están encerrados los líderes del Primer Comando de la Capital, (PCC) el grupo criminal más poderoso de América Latina.

Los invasores aprovecharon que, al ser domingo, el corazón de la democracia brasileña estaba desierto y el presidente, los parlamentarios y los magistrados bien lejos para perpetrar, cuando nadie se lo esperaba, un ataque anunciado durante meses. El nuevo presidente y su Gobierno cumplían el domingo una semana en sus cargos.

El senador Do Val, un conservador que representa al pequeño Estado de Espirito Santo, explica que las informaciones de la policía de la Cámara alta a las que tuvo acceso le invitan a pensar en un plan bien estructurado en fases: primero, los asaltantes usaron extintores de polvo para dificultar la visión de los agentes; luego, usaron las mangueras de extinción para disminuir el efecto de los gases lacrimógenos y dispararon bolas de plomo con tirachinas para romper cristales, lo que desató la euforia del resto de los presentes. “Ahí empezó el efecto manada”, explica este militar retirado que asegura haber instruido a agentes del FBI, de los Navy Seals y hasta a la Gendarmería del Vaticano.

Este político sospecha que los agresores tuvieron cómplices entre personas que conocen el edificio, porque supieron por dónde entrar y dónde estaban los extintores. El parlamentario, que responde encantado a los periodistas, acaba de cruzar el ecuador de un mandato de ocho años.

Entre los abogados que iban a ver a los bolsonaristas retenidos por la policía en el gimnasio, la letrada Nalva Brito llega apresurada a atender a 120 clientes. Bolsonaristas llegados a la capital desde São Paulo, Minas Gerais, Goiás… que según ella están “subyugados, maltratados, humillados, en una situación que ameritaría hasta una queja ante la ONU”, dice. “Los de los derechos humanos, que siempre aparecen cuando hay un delincuente detenido, ni han aparecido por aquí. Y estos son todos inocentes”, remacha.

La abogada es demoledora respecto a la labor del juez Moraes, gran baluarte de la democracia o inquisidor del bolsonarismo, según a qué Brasil se le pregunte. “Moraes está reinventando nuestras leyes y nuestra Constitución… Una persona que diga en plaza pública que no le gusta el Supremo es acusada de un delito de terrorismo”, insiste Brito, obviando que lo que comenzó como una marcha a pie hacia el corazón institucional de Brasil derivó en una turba violenta que protagonizó la amenaza más grave sufrida por la democracia brasileña desde el fin de la dictadura.

Hasta la Academia de Policía llegaban también familiares y amigos algo aturdidos en busca de información sobre los detenidos. Luisa Andreoli venía con comida y mudas limpias. Dos amigas suyas fueron arrestadas cuando menos lo esperaban. Llegaron a Brasilia en un viaje de 850 kilómetros desde Rio Claro, en el Estado de São Paulo, para participar en la invasión. Estaban el lunes a punto de emprender el regreso a casa en un autobús con 48 personas cuando la policía de repelente los interceptó. “Se llevaron los móviles de todos. Nadie sabe de qué están acusadas. Dicen que las van a llevar a una cárcel femenina. ¡Es inadmisible! ¡No son delincuentes!”, lamentaba Andreoli.

Está preocupada con las condiciones en que se encuentran los detenidos: “Durmieron en el suelo, tiraron ahí a un montón de gente de bien. Esto se está convirtiendo en una olla a presión, dentro de poco la gente pierde la calma y a saber qué pasa”, advertía como si dos días antes no hubiera habido un ataque brutal recogido en las primeras páginas de la prensa mundial.

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