El ‘Qatargate’ revela el lado oscuro de la capital europea del cabildeo

En Washington se les conoce por la calle en la que se sitúan la mayoría de las oficinas o institutos dedicados a hacer lobby, K Street. En Bruselas no tienen sobrenombre, pero sí músculo: más de 12.000 lobistas registrados —cifra que, según algunos estudios, podría ser el doble, ya que no todos los que hacen cabildeo se ponen la etiqueta— se mezclan en la capital belga con los funcionarios europeos, en un intento de promover políticas favorables a los intereses que representan: una causa, como el medio ambiente o los derechos humanos; pero también poderosas empresas o, como se ha visto ...

En Washington se les conoce por la calle en la que se sitúan la mayoría de las oficinas o institutos dedicados a hacer lobby, K Street. En Bruselas no tienen sobrenombre, pero sí músculo: más de 12.000 lobistas registrados —cifra que, según algunos estudios, podría ser el doble, ya que no todos los que hacen cabildeo se ponen la etiqueta— se mezclan en la capital belga con los funcionarios europeos, en un intento de promover políticas favorables a los intereses que representan: una causa, como el medio ambiente o los derechos humanos; pero también poderosas empresas o, como se ha visto ahora con el Qatargate, los intereses de países de fuera del club comunitario. Y no siempre lo hacen respetando las normas, como demuestra también el escándalo de presuntos sobornos a eurodiputados y altos responsables por parte de Qatar y Marruecos.

Desde que hace justo una semana se produjeron los primeros arrestos y registros de lo que ya se considera el mayor escándalo de corrupción en la Eurocámara, la trama del Qatargate ha girado en torno a una supuesta ONG, Fight Impunity. Su fundador, el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, es el principal sospechoso y permanece en prisión preventiva acusado de corrupción, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal.

A primera vista, la organización de nombre irreprochable (¿quién no quiere combatir la impunidad?) tenía unas cartas de presentación no menos impecables: su sede está en la calle de Ducale, una de las más elegantes del centro de Bruselas, en la misma manzana que la Embajada de Estados Unidos y la residencia del primer ministro belga, Alexander de Croo. Y está a dos pasos del denominado barrio europeo donde tienen su sede las instituciones comunitarias en las que se sospecha trató de influir con dinero de Estados ajenos a la Unión.

Además, como miembros honoríficos de su junta figuran nombres archiconocidos como el ex primer ministro socialista francés Bernard Cazeneuve, el premio Nobel de la Paz de 2018, Denis Mukwege, o destacadas antiguas figuras de la UE como la anterior alta representante para Política Exterior Federica Mogherini, la también italiana Emma Bonino, o el excomisario griego de Inmigración Dimitris Avramopoulos.

Desde que estalló el escándalo, uno tras otro se han apresurado a desvincularse. “No conozco a Panzeri, no lo he visto en mi vida”, aseguró Cazeneuve a la emisora Franceinfo. “Acepté ese papel honorífico hace dos o tres años, pero jamás oí hablar de ellos después. He pedido que se retire mi nombre”, agregó el político francés, cuyos deseos no se han visto cumplidos: se han borrado nombres, sí, pero no el suyo, sino los de la lista de trabajadores en la que figuraba otro de los imputados en el Qatargate, Francesco Giorgi, la pareja de la también detenida Eva Kaili, hasta esta semana vicepresidenta del Parlamento Europeo, y también en prisión preventiva, como su compañero y como Panzeri. Entre los detenidos, aunque ya liberados bajo vigilancia, figura también el secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CIS), Luca Visentini.

En los últimos días, también ha desaparecido la placa de Fight Impunity del portal donde tenía la sede junto a otras 15 ONG, entre ellas, No Peace Without Justice, dirigida hasta esta misma semana por otro imputado en la trama, Niccolo Figa-Talamanca. Este italiano, el cuarto acusado, en libertad vigilada desde el miércoles, figura en varias de las juntas de las otras organizaciones con las que compartían sede y que esta semana permanecía cerrada a cal y canto.

Según el diario belga Le Soir, que destapó el escándalo, salvo su acta de constitución como sociedad sin ánimo de lucro en septiembre de 2019 —justo después de que Panzeri dejara su cargo como eurodiputado—, de Fight Impunity no hay rastro en los registros oficiales belgas. Tampoco se encuentra su nombre en el registro de transparencia creado por la Comisión Europea, donde sí aparecen ONG como Oxfam o Human Rights Watch.

Pese a esta opacidad, nada impidió que la ONG de Panzeri recibiera fondos del Parlamento Europeo: según Le Soir, al menos dos eurodiputadas del grupo Socialistas y Demócratas (S&D), que preside la española Iratxe García, apoyaron una petición de fondos de 175.000 euros, de la que al menos recibieron 43.750 el año pasado. Se trata de la belga Marie Arena, apartada de sus funciones en S&D por su presunta implicación en el caso (aunque no ha sido imputada de momento) y la portuguesa Isabel Santos, otro miembro honorario de Fight Impunity.

La fachada funcionaba, al menos hasta el golpe policial del viernes pasado, en el que se registró su sede y se detuvo a sus principales responsables. Entre las actividades que organizaron este mismo año, figura una “Conferencia internacional sobre el futuro de los derechos humanos” celebrada a mediados de junio en la Eurocámara que fue presentada por Panzeri y Figa-Talamanca y que tuvo como oradores destacados a la presidenta del Parlamento Europeo, la conservadora Roberta Metsola, o al congoleño Mukwege. En las sesiones participaron además como ponentes figuras destacadas de los movimientos de derechos humanos y fueron moderadas por eurodiputados de diverso signo.

Fight Impunity, que se cree que fue usada como pantalla para los supuestos trapicheos de Panzeri para influir en “las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo”, como dijo la Fiscalía belga al revelar la operación, se ha aprovechado visiblemente de un ambiente favorable como es el de Bruselas a la presencia de lobistas, que al menos hasta ahora se paseaban tranquilamente por los pasillos de las instituciones europeas.

Uno de los problemas denunciados desde bastante antes del Qatargate es su gran número y su opacidad. En el último registro de transparencia de la Comisión abierto en las redes figuran 12.411 lobbies, pero se estima que son al menos el doble las que realmente actúan, según denunciaba ya en 2016 Transparencia Internacional, que cifraba el número de lobistas que trabaja para esas organizaciones en Bruselas en 91.000 personas, toda una pequeña ciudad. De ellas, más de 6.000 contaban con un pase para entrar en las instituciones europeas, al igual que Panzeri que, como antiguo eurodiputado, se paseaba tranquilamente por la Eurocámara hasta que fue detenido. A partir de 2016, la curva de crecimiento de lobbies en Bruselas se disparó, según datos de la Comisión Europea.

Significativo es también el origen de los que tratan de influir de alguna manera —en su gran mayoría por las vías legales del cabildeo profesional— en los responsables de la UE: solo una cuarta parte (3.483) de los inscritos en el registro de transparencia son organizaciones no gubernamentales o plataformas ciudadanas. Les siguen muy de cerca las “empresas y grupos” (3.026) y las asociaciones comerciales y empresariales (2.619). Llama la atención el escaso número de “entidades, oficinas o redes establecidas por terceros países” registradas, apenas cinco. Cada vez hay más indicios de que no solo Qatar, sino también Marruecos, estaban detrás de la trama presuntamente dirigida por Panzeri y su ONG.

Son muchas las organizaciones que en los últimos días han reclamado medidas contundentes para que Bruselas deje de ser un pantano —palabra favorita de Donald Trump para definir a la otra capital mundial de los lobbies, Washington— y aumente la transparencia de sus interacciones con intereses públicos y privados. Entre los principales reclamos figura hacer obligatoria la inscripción, hasta ahora voluntaria, en el registro de transparencia de la Comisión, y que este sea usado en todas las instituciones, también el Parlamento Europeo, que prepara medidas para evitar nuevos escándalos.

El eurodiputado conservador alemán Dennis Radtke ha reclamado, además, que las ONG sean sometidas “a las mismas reglas que los partidos políticos, el Parlamento y otras instituciones”, con una revelación de sus fondos y donaciones porque, si no, “seguirán siendo un portal para organizaciones dudosas o hasta Estados que quieren comprar decisiones políticas, como estamos viendo ahora”, ha señalado.

Los grupos de izquierda del Parlamento Europeo han sido los más contundentes a la hora de reclamar transparencia del mundo del lobby. Pero, a la vez, piden precaución y no hacer que paguen justos por pecadores. La copresidenta de La Izquierda, la francesa Manon Aubry, recordaba esta semana que ella misma trabajó en una ONG muy activa en la UE, Oxfam, antes de acceder a su escaño. “Pregunte a cualquier ONG verdadera y no tendrá problema en mostrar los medios y entrevistas que mantienen (en el Parlamento Europeo), porque son cosas que muestran públicamente”, dijo Aubry a una pregunta de este diario.

“Sabemos que en el mundo de las influencias todo vale para servir a los intereses, y que, a veces, las potencias extranjeras pueden utilizar falsas ONG, pero no hay que meterlas a todas en el mismo saco, porque son las propias ONG las que han presionado para una mayor transparencia, como Transparency International”, recordó.

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