El juez Pedraz pide al Comité de Inteligencia de EE UU que le informe sobre el espionaje de una empresa española a Assange

El juez Santiago Pedraz ha reclamado a Estados Unidos mediante una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) que remita a su juzgado de la Audiencia Nacional la información que reciba el Comité de Inteligencia (United States House Permanent Select Commmitte on Inteligence) del Congreso de EE UU sobre la inve...

El juez Santiago Pedraz ha reclamado a Estados Unidos mediante una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) que remita a su juzgado de la Audiencia Nacional la información que reciba el Comité de Inteligencia (United States House Permanent Select Commmitte on Inteligence) del Congreso de EE UU sobre la investigación abierta por ese organismo a distintas agencias de inteligencia estadounidenses por el espionaje a Julian Assange perpetrado por una empresa española durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres. En varias de sus providencias, el magistrado ya ha apuntado a la CIA como posible receptora del material.

Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, solicitó en octubre de 2021 a los distintos servicios de información estadounidenses que le informen sobre las supuestas intromisiones de sus agentes en el espionaje al que fue sometido el fundador de Wikileaks durante su estancia en la legación diplomática londinense por parte de la empresa UC Global SL, con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz), y propiedad del exmilitar español David Morales. La iniciativa de Schiff se produjo tras publicar Yahoo News un reportaje en el que agentes de la CIA reconocieron que existió un plan para secuestrar a Assange en la embajada en 2017 y admitieron que sus conversaciones fueron espiadas dentro de la embajada.

UCE Global SL era la compañía encargada de la seguridad de la embajada ecuatoriana, y una investigación de EL PAÍS reveló en 2019 que Morales y sus empleados grabaron durante meses las conversaciones privadas de Assange y sus abogados, y espiaron a decenas de sus visitantes, sus médicos personales, congresistas, periodistas y letrados. La publicación en este diario de los audios y vídeos del espionaje provocaron la detención de Morales y la presentación de una querella del ciberactivista contra el exmilitar. Desde entonces, la Audiencia Nacional le investiga por los presuntos delitos contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales. El dueño de UCE Global SL se encuentra en libertad condicional.

El espionaje a Assange, por el que ahora se interesa el Comité de Inteligencia del Congreso de EE UU, tuvo lugar cuando la justicia de ese país preparaba la petición de extradición del australiano por revelar información secreta de las guerras de Irak y Afganistán. La justicia británica ya ha acordado su entrega y el Gobierno británico dado luz verde. El caso está pendiente de los recursos que ha planteado la defensa. El ciberactivista permaneció refugiado durante siete años en la Embajada de Ecuador en Londres gracias al apoyo que le brindó el entonces presidente Rafael Correa. Con la llegada al poder del Gobierno de Lenin Moreno, Assange fue expulsado en abril de 2019 de la embajada y detenido por agentes de Scotland Yard (Policía Metropolitana de Londres).

En su comisión rogatoria, Pedraz describe con detalle el espionaje al que se sometió a Assange en la legación diplomática y destaca que entre los espiados figuró el congresista republicano Dana Rohrabacher, el entonces jefe del servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador (Senain) Rommy Vallejo y el propio expresidente Correa. El juez pidió, también, en otra comisión rogatoria anterior la declaración en calidad de testigo de Mike Pompeo, exdirector de la CIA y ex secretario de Estado durante el Gobierno de Donald Trump, y de William Evanina, exjefe de Contrainteligencia de EE UU.

Los jueces señalan a la CIA

No es la primera vez que la Audiencia Nacional pide auxilio judicial a EE UU para investigar este caso. El exjuez José de la Mata, antecesor de Pedraz en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, envió anteriormente una comisión rogatoria en la que pedía que le facilitaran las direcciones IP desde las que se había accedido al servidor de UC Global SL en el que se archivaba toda la información del espionaje a Assange. Pero la Fiscalía Federal estadounidense pidió De la Mata que revelara las fuentes de sus pesquisas. “Las afirmaciones conclusivas no son suficientes, necesitamos hechos reales y las fuentes de los hechos”, decía su respuesta. Pedraz sigue reclamando la misma colaboración con la petición de nuevos datos y declaraciones de los principales sospechosos. Después de una instrucción de más de tres años y con numerosas pruebas y testimonios acumulados, los escritos y providencias de ambos señalan a los servicios de inteligencia estadounidenses.

Un grupo de ciudadanos de EE UU, abogados y periodistas que visitaron a Assange demandó en su país por presunto espionaje a Mike Pompeo. La demanda la presentaron en agosto las abogadas Margaret Ratner Kunstler y Deborah Hrbek y los periodistas John Goetz y Charles Glass, ambos especialistas en temas de seguridad nacional. Todos ellos visitaron a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, al igual que centenares de personas y, según el escrito, fueron espiados por orden de la CIA durante el mandato de Pompeo. Los demandantes recogen las declaraciones del exdirigente cercano a Trump en las que señaló al fundador de WikiLeaks como “objetivo” de la CIA y aseguran que la agencia estadounidense contrató a David Morales y a su agencia para espiar a Assange, a sus abogados, y conocer de antemano su estrategia de defensa ante la petición de extradición de EE UU.

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