Por qué Bolsonaro no puede impedir la transición presidencial en Brasil

Una rabieta no puede impedir la transición presidencial en Brasil. Con la proclamación de los resultados por el Tribunal Superior Electoral, se abre un periodo de dos meses regulado por ley. El primer paso lo tiene que dar el ganador, Luiz Inácio Lula da Silva, con la elección de un coordinador para su equipo de transición. A partir de ese momento, el Gobierno está obligado a suministrarle la información que requiera y a darle asistencia técnica. El presidente d...

Una rabieta no puede impedir la transición presidencial en Brasil. Con la proclamación de los resultados por el Tribunal Superior Electoral, se abre un periodo de dos meses regulado por ley. El primer paso lo tiene que dar el ganador, Luiz Inácio Lula da Silva, con la elección de un coordinador para su equipo de transición. A partir de ese momento, el Gobierno está obligado a suministrarle la información que requiera y a darle asistencia técnica. El presidente derrotado, Jair Bolsonaro, no puede oponerse formalmente a cooperar, pero sí tratar de embarrar el proceso.

Las transiciones brasileñas tienen fama de tranquilas. Desde el final del régimen militar en 1985, los Gobiernos se han pasado la batuta sin grandes tensiones. Aun así, en 2002, en el último año del mandato de Fernando Henrique Cardoso, se aprobó una ley para afinar el proceso. El texto, todavía en vigor, detalla los pasos y los plazos del equipo de transición y sus relaciones con la Administración federal. “El Gobierno de Cardoso era muy institucional y percibió la complejidad del proceso. Era una ley para volver las cosas más fáciles para el futuro”, afirma el jurista Oscar Vilhena, director de la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Varga en São Paulo.

Por lo general, los presidentes electos escogen a alguien de su confianza como coordinador de la transición. Lula ha elegido para esta tarea al vicepresidente electo Geraldo Alckmin, reportan los medios brasileños. También se formará una comisión de hasta 50 personas, que puede empezar a funcionar a partir del segundo día hábil desde las elecciones. Los integrantes son elegidos por el presidente electo y nombrados por el ministro de la Casa Civil de turno, que funge como una especie de primer ministro.

El punto más espinoso es el del acceso a la información. La ley de Cardoso establece que el coordinador del equipo de transición puede solicitar datos sobre las cuentas públicas y los proyectos del Gobierno federal. Este, a su vez, está “obligado” a responder a estas peticiones y a darle “el apoyo técnico y administrativo necesario para su trabajo”.

Hasta aquí, la teoría. Bolsonaro es un político que se sale de los parámetros convencionales. Antes de la elección, sembró dudas sobre las urnas electrónicas, dejó en el aire el reconocimiento de los resultados, y denunció que los medios de comunicación y el Tribunal Superior Electoral estaban contra él. La noche electoral se encerró en el Palacio da Alvorada en Brasilia y no se dignó a llamar a su adversario para reconocer el resultado. Esta es la primera vez en democracia que un presidente pierde su reelección. Bolsonaro había presumido de no haber sido vencido nunca en unos comicios en sus más de 30 años en política.

Pese a ello, Bolsonaro puede, como mucho, arrastrar los pies y dificultar el suministro de información, pero no impedir la transición. “Es un presidente anti institucional que no sigue los protocolos y es probable que no colabore directamente con el equipo de Lula, pero creo que el Gobierno procederá conforme a la ley”, señala Vilhena. “No imagino a la Casa Civil impidiendo el proceso”. Poco después de la derrota, el ministro de esa cartera, Ciro Nogueira, publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a Bolsonaro: “Para siempre a su lado, capitán”.

45 horas después de la derrota, Nogueira ha señalado desde el Palacio da Alvorada en Brasilia que Bolsonaro ha autorizado el inicio de la transición y que solo aguardan la “formalización” de Alckmin como coordinador del equipo de Lula, algo que debería suceder el jueves. Es una buena señal. De todos modos, si en los próximos meses el Gobierno dificulta el acceso a información relevante o atrasa los nombramientos, la campaña de Lula podrá llevar el incumplimiento de la ley a los tribunales.

Más allá de la transición, un candidato perdedor tiene la opción de impugnar los resultados ante el Tribunal Superior Electoral. El recurso puede presentarse hasta 15 días después de la certificación, prevista para el 19 de diciembre. En 2014, Aécio Neves pidió una auditoría de los resultados, tras su derrota frente a Dilma Rousseff. Esta se colgó la faja presidencial igualmente en lo que se resolvía el asunto y, meses más tarde, los tribunales desestimaron las dudas de Neves. Una eventual impugnación por parte de Bolsonaro tampoco evitaría la toma de posesión de Lula el próximo 1 de enero.

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