Los tentáculos de la represión en Latinoamérica de las armas ‘made in Brasil’

Casi dos años antes de convertirse en la senadora más votada de Chile, la trabajadora y activista social Fabiola Campillai quedó ciega al ser impactada en el rostro por una granada de gas lacrimógeno lanzada por un policía de ese país. Una investigación del Ministerio Público de Chile encontró documentos que indican que el carabinero responsable del ataque portaba ese día granadas tipo GL-203-L, fabricadas por la empresa brasileña Condor Tecnologias Não-Letais. Con estas pruebas y videos del momento de la agresión, fue denunciado ante el Poder Judicial de Chile por causar lesiones muy g...

Casi dos años antes de convertirse en la senadora más votada de Chile, la trabajadora y activista social Fabiola Campillai quedó ciega al ser impactada en el rostro por una granada de gas lacrimógeno lanzada por un policía de ese país. Una investigación del Ministerio Público de Chile encontró documentos que indican que el carabinero responsable del ataque portaba ese día granadas tipo GL-203-L, fabricadas por la empresa brasileña Condor Tecnologias Não-Letais. Con estas pruebas y videos del momento de la agresión, fue denunciado ante el Poder Judicial de Chile por causar lesiones muy graves y enfrenta de 12 a 15 años de prisión.

La propaganda de la industria armamentística en torno a las armas no letales afirma que estos artefactos “salvan vidas” al ser utilizados en lugar de armas de fuego. Junto al Gobierno federal de Brasil, este discurso ayuda a las empresas del sector a obtener ventajas económicas, como la eliminación de impuestos. Este reportaje, resultado de una investigación colaborativa y transfronteriza liderada por CLIP (Centro Latinoamericano de Investigación Periodística), en alianza con UOL, Interferencia de Chile y otros ocho medios de América Latina y Estados Unidos, revela que la realidad desmiente el marketing de empresas como Condor.

Fabiola Campillai está lejos de ser la única chilena o incluso latinoamericana gravemente herida por armas no letales. Hay quienes incluso han muerto. Un conteo sin precedentes elaborado por este equipo muestra que al menos 33 personas han muerto en la región por impacto de este tipo de armas en siete países desde 2017. El total de heridos graves alcanza los 170. En Brasil, fueron 13 muertos y 10 heridos graves.

Solo en Chile, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró 325 casos como el de Campillai, personas que presentaron denuncias por lesiones provocadas por bombas lacrimógenas durante la ola de protestas. Una persona murió, 15 sufrieron una explosión del globo ocular, seis perdieron la vista en uno o dos ojos y otras diez sufrieron un trauma ocular.

Aunque otras empresas también operan en el sector, la brasileña Condor es la que tiene una de las mayores presencias de mercado en América Latina. Chile, por ejemplo, gastó un total de 5,6 millones de dólares en bombas lacrimógenas entre 2019 y 2021. De estos, 4,1 millones se gastaron en municiones de gas lacrimógeno adquiridas a Condor. Los productos de la empresa también estuvieron presentes en protestas en Bolivia, Guatemala, Venezuela y Ecuador.

Documentos obtenidos durante esta investigación muestran además que algunos modelos de armas vendidas en Brasil y que, según la propia Condor, también serían vendidas en el extranjero, fallaron en las pruebas de estándares técnicos, realizadas por la Policía Militar de São Paulo. El mismo modelo de granada señalado en el caso de la senadora chilena no fue aprobado por la corporación. Incluso un policía resultó herido en el cuello durante las pruebas, lo que fue considerado grave por la institución. Por eso, la policía de São Paulo creó un proceso administrativo para devolver las armas.

El Ejército brasileño, responsable de supervisar las exportaciones de armas, dijo a UOL que no está al tanto de las diferencias en los estándares. A pesar de lo señalado por la policía de São Paulo, Condor dijo, en una nota a UOL, que no vende armas defectuosas, aunque admitió que personaliza sus municiones según las solicitudes de los clientes.

Secuelas

Era el 26 de octubre de 2019 y estaba esperando un bus para ir a trabajar cuando recibió el impacto del artefacto, disparado por un policía que estaba a unos cincuenta metros, directo en la cara. Sufrió traumatismo craneal y pérdida de masa cerebral. Sobrevivió. Después de diez cirugías, hoy lidia con las secuelas. La principal es ceguera en ambos ojos.

Fabiola Campillai ya hacía trabajo social en el barrio de San Bernardo, en la capital Santiago, donde vivía. Las consecuencias de la agresión cambiaron su vida para siempre y la llevaron a presentarse como candidata al Parlamento chileno. Fue elegida en noviembre de 2021 tras recibir 402.000 votos, más de 100.000 por encima del siguiente senador más votado.

“Tenemos que tener en cuenta que estas armas no son letales dependiendo del uso que se les dé. En mi persona, esta arma pudo haber sido letal de no haber sido por la rápida reacción de mi familia y vecinos”, dijo la senadora en entrevista a Interferencia de Chile.

La brutal violencia contra los millones de manifestantes en Chile, que se disputaban diferentes problemas sociales, llevó a las autoridades a abrir investigaciones para identificar y juzgar a los responsables de los ataques. En una de las investigaciones, el Ministerio Público chileno identificó tanto al policía responsable de disparar a Fabiola, el excapitán Patrício Maturana, como al arma eufemísticamente denominada ‘no letal’.

El juicio de Maturana comenzó el 10 de mayo de 2022. La defensa cuestiona el trabajo de la investigación y, en defensa de Maturana, los abogados presentaron documentos de la policía chilena en los que se constató, al día siguiente de la agresión, que Maturana había supuestamente disparado una granada de la empresa estadounidense Combined Systems el 26 de octubre.

Sin embargo, antes de salir a la calle el día en que resultó herido Campillai, el propio Maturana firmó un documento en el que decía que salió de la sede policial con 10 bombas Condor GL-203-L. Con eso y las imágenes del ataque, Maturana fue denunciado por los fiscales locales. Estuvo detenido en una prisión, pero ahora está bajo arresto domiciliario.

Armas desaprobadas

Con base en una referencia cruzada de datos entre los tipos de armas utilizadas en las pruebas realizadas por la Policía Militar de São Paulo (PM-SP) y los procesos judiciales de las víctimas de “armas no letales”, fue posible descubrir que una granada desaprobada en São Paulo, el GL-203-L, es del mismo modelo que portaba el policía que atacó a la senadora chilena Fabiola Campillai en 2019.

En 2020, la PM-SP desaprobó 150.000 balas de goma y también lotes con cinco tipos diferentes de un total de setenta granadas aturdidoras o de gas. Pudiendo acceder al proceso administrativo, obtenido a través de la Ley de Acceso a la Información, UOL pudo comprobar que, tras una serie de pruebas, el Centro de Material Militar de la PM-SP estableció que las armas se fabricaban fuera de las especificaciones técnicas consideradas como seguras y adecuadas por la Policía Militar. Además, en la prueba de campo, una de las granadas realizó un corte en el cuello de uno de los agentes que participó en la evaluación, que fue considerado como grave por la institución.

En diciembre de 2020, la policía optó por rescindir unilateralmente el contrato y devolver toda la munición al fabricante. En los documentos del proceso administrativo de la polícia de São Paulo se pudo verificar que la propia Condor admitió que los motivos de la preocupación del Gobierno paulista provenían de los cientos de personas cegadas por balas de goma en Chile.

Esta investigación constató que otros 17 estados de Brasil utilizan los mismos modelos que no pasaron las pruebas en São Paulo: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina e Espirito Santo.

Armas en pandemia

Al comienzo de la pandemia, la Policía Militar de São Paulo decidió reforzar sus existencias de “munición no letal”. Así, inició negociaciones con Condor el 23 de marzo de 2020. Según los documentos de negociación, el importe total negociado fue de 21 millones de reales (4,2 millones de dólares).

En la propuesta de compra de las armas, la Policía Militar de São Paulo describió que el Estado tenía el mayor número de infectados de covid-19 y que “ya se estaban registrando casos de saqueos y robos”. Debido a la urgencia, buscó cerrar el negocio por la vía de la inexigibilidad, que es cuando no es posible competir a través de una licitación pública debido a la exclusividad del producto o a la falta de competidores.

Así, a finales de abril de 2020, aparece en el proceso administrativo de la PM-SP que Condor envió una carta de intención de venta, pero la Policía de São Paulo se negó porque identificó diferencias de estándar, un aumento en los precios negociados previamente y también un plazo de 60 días para entregar los productos, cuando la institución no quería esperar.

Las negociaciones continuaron. El 1 de junio, Condor volvió a responder y dijo que las municiones eran “productos de exportación, con diferencias respecto al estándar habitualmente aceptado en Brasil y por la Policía Militar de São Paulo”. La empresa citó una reunión el 27 de mayo de 2020 con representantes de Condor y de la PM en la que la empresa habría dicho que entendía las razones de la negativa, pero subrayó que, con la negativa de la PM de São Paulo, “dichos productos fueron finalmente liberados para su suministro a clientes internacionales y ya no están disponibles”.

Después de este informe de Condor, en junio de 2020, la policía aceptó parcialmente una nueva propuesta de la empresa y enumeró los productos que quería comprar, entre los cuales figuraban 150.000 balas de goma y diferentes tipos de granadas de gas.

Pasaron algunas semanas y la Policía Militar probó el material entregado por Condor. El 11 de agosto se entregó un informe sobre las pruebas de recepción de balas de goma modelo AM-403/P. La PM evaluó el material y elaboró un informe en el que señalaba varias irregularidades en esta munición y descalificaba el lote, exigiendo, mediante notificación, que Condor lo sustituyera en un plazo de quince días.

Según el teniente Murilo Frigeri, las balas de goma eran irregulares en relación con la velocidad alcanzada, el peso y la longitud, y también tenían corrosión en la espoleta. Los policías también informaron que los traumas verificados fueron superiores a lo descrito en la patente de la munición producida exclusivamente por Condor, “no cumpliendo así con los criterios de confianza y fiabilidad estipulados por el propio fabricante”. En otras palabras, producían heridas mayores a lo esperado.

Diez días más tarde, el 21 de agosto, la PM hizo pruebas con las granadas de gas y estas también fueron descalificadas. Los modelos de munición GL-300/T, GL-300/TH y GL-203/L fueron considerados no aptos. La policía solicitó la sustitución de las granadas GL-300/TH y GL-203/L en un plazo de quince días y decidió realizar una nueva inspección de las granadas GL-300T. Sin embargo, todas fueron descalificadas nuevamente.

Las tres presentaban problemas de peso y tenían “abolladuras”, término técnico para referirse a las marcas que muestran que el material estaba en mal estado. Expertos en armas consultados por UOL de forma anónima dijeron que la identificación de estas “abolladuras” es importante porque, eventualmente, pueden generar un aumento de la presión interna de las granadas e incluso provocar alguna ruptura o fuga.

La policía también hizo pruebas de campo con la GL-307 en septiembre y octubre del 2020. Según el informe, se comprobó que las granadas de este tipo tenían “un diámetro ligeramente superior a las tolerancias descritas en las especificaciones técnicas”, que el tiempo medio de retardo era superior al permitido y que algunas muestras lanzaban fragmentos a distancias superiores al límite de seguridad especificado por la empresa, es decir, diez metros.

Se realizó una nueva prueba y se volvieron a encontrar los mismos resultados. “Todas las muestras proyectaron fragmentos a más de 10m (diez metros) del lugar de la explosión, y el fragmento de la muestra ‘3′ golpeó la cara del Cb PM Rómulo [Thiago de Azedino] durante las pruebas, que tuvo que ser llevado al Hospital de la Policía Militar”, señaló la PM en el informe. Además, concluyó: “El accidente del Cb PM Rómulo demostró que los fragmentos resultantes de la explosión de la granada pueden causar lesiones graves”.

En el caso de las pruebas con las granadas GL-201, la PM identificó en el informe que también estas tenían un “tiempo de retardo”, una referencia al intervalo previo a la explosión más largo de lo requerido. La policía explicó por qué esto es un problema: “Hace posible que los opositores a la acción policial lancen las granadas en dirección a los agentes de policía o muy lejos, haciendo potencialmente imposible cualquier vía de escape”. Otro problema verificado fue que la granada no alcanzó la distancia prevista, lo que perjudica, en la evaluación de la PM, la “planificación de la operación, porque puede llevar a la turba a direcciones no deseadas u obstruir una ruta de escape, llevando a la multitud al pánico y a aglomeraciones no deseadas, generando atropellos, violencia excesiva, lesiones graves y muerte”.

La empresa volvió a decir que las especificaciones que exigía la PM-SP no se habían cumplido debido a las prisas en la adquisición al principio de la negociación y que el material se ajustaba a las peticiones de sus clientes internacionales. La PM-SP no aceptó las justificaciones, diciendo que se veía obligada a operar en una situación de control de su material, por la seguridad de los policías.

Finalmente, en diciembre de 2020, la PM-SP decidió rescindir unilateralmente el contrato y devolver todo el material. En ese momento también se informó que la policía pretendía devolver un total de 125.000 balas de goma adquiridas en años anteriores junto con los lotes rechazados. Así, se devolvieron 275 mil artefactos de este tipo.

Tras recibir notificación de la decisión, Condor presentó recursos para anular el cese. El 16 de junio de 2021, el CEO de Condor, Carlos Erane Aguiar, envió una carta al Comando de la Policía Militar de São Paulo para intentar nuevas pruebas en las armas. En su momento, él mismo escribió que la policía era más cautelosa con la munición debido a los cientos de personas que quedaron ciegas por balas de goma en las protestas de Chile.

“Se instaló un proceso sancionatorio para investigar posibles problemas con la munición de impacto controlado de 12 guches de Condor. Al respecto, es importante mencionar que Condor no es proveedor de municiones de impacto controlado a Chile, habiendo suministrado otro tipo de tecnologías no letales Además, Chile utiliza municiones de impacto controlado muy diferentes a las que produce Condor, incluyendo metales pesados en su composición”, escribió Erane.

Así, a lo largo de 2021, la empresa y la Policía Militar de São Paulo negociaron la sustitución de las armas por una nueva munición que se probó a principios de 2022. Sin embargo, hasta ahora, sólo las nuevas balas de goma AM-403/P, producidas con mejoras, según Condor, han sido aprobadas por la policía. Las granadas de gas volvieron a vetarse tras las pruebas realizadas en Río de Janeiro.

UOL buscó a los policías que participaron en la elaboración de los informes, pero estos no quisieron hablar del episodio. Este equipo periodístico también intentó entrevistar al cabo Rômulo Thiago de Azedino, herido durante las pruebas de 2020, pero se negó a hacer comentarios.

Al verificar los problemas de las armas de Condor, UOL también descubrió que hubo otros casos de problemas con las armas de la compañía. El 20 de febrero de 2019, por ejemplo, un spray, modelo GL-108, que estaba en la mochila del policía paulista Dauri Faria, en Caçapava, interior de São Paulo, explotó por sí solo dentro de la mochila. El oficial estaba fuera de servicio, en su casa y provocó que su familia quedara expuesta al gas. Incluida su hija, una bebé de cinco meses. En Recife, Pernambuco, un hombre quedó ciego en 2021 tras ser alcanzado, según la investigación de ese estado, por una bala de goma AM-403-P, el mismo modelo devuelto por la policía de São Paulo a Condor.

“Lo que este caso concreto expone es que también hay graves problemas para probar la seguridad de estos materiales”, dice el gerente del Instituto Sou da Paz y experto en armas de fuego, Bruno Langeani. “La PM-SP es uno de los cuerpos policiales más estructurados del país, y cuenta con un órgano para hacer pliegos de condiciones, licitar y probar los productos que compra con mucho rigor, pero estos productos se están vendiendo a todo tipo de órganos, incluidas guardias municipales y guardias de prisiones, con muy poca estructura para elegir los productos, probarlos y entrenarse en su uso. Por ello, el caso de la Policía Militar debería generar una investigación más profunda por parte del Ejército en varios lotes suministrados por Condor”, señala Langeani, quien también es analista de datos para el think tank Conflict Armament Research.

En respuesta escrita a UOL, en 2022, el Ejército informa que acompaña el proceso de exportación de conformidad con la Ordenanza 1.729, de 29 de octubre de 2019. “Los requisitos técnicos para asegurar la calidad y confiabilidad son acreditados durante el proceso de Certificación de Conformidad que realizan los Organismos Certificadores, asignado por el Ejército”, informó la institución.

El Ejército señala que no tiene conocimiento de las diferencias en los estándares de armas de Condor. “Cabe señalar que, en caso de que existan indicios de incumplimiento del producto controlado con las especificaciones técnicas determinadas por el Ejército Brasileño, se debe iniciar un Proceso Administrativo Sancionador (PAS) para investigar los hechos y aplicar las sanciones correspondientes”, aclaró.

La Policía Militar de São Paulo fue contactada tres veces por UOL, pero no respondió hasta el cierre de este artículo.

Qué dice la empresa Condor

En un comunicado, Condor afirmó a UOL que “nunca ha vendido productos defectuosos”. La empresa afirma tener “más de 30 años de buen servicio prestado en Brasil y en todo el mundo”. La empresa añade: ”Investigamos tecnologías apropiadas para que la fuerza pueda ser utilizada de manera proporcionada y razonable, por quienes tienen la legitimidad para hacerlo, en línea con los dictados de las Naciones Unidas en cuanto a la Doctrina del Uso Proporcional de la Fuerza”.

En cuanto a las denuncias sobre problemas con los productos entregados a la Policía Militar del Estado de São Paulo en 2020, la empresa informa que “este es un asunto que ya fue aclarado, y las nuevas pruebas realizadas por el Ejército han tenido éxito”. Asimismo, en respuesta escrita, la empresa dice que “las negociaciones entre las partes obedecen al rito legal de un proceso administrativo y confiamos en que su desenlace está próximo”.

Sobre la herida del policía en São Paulo, Condor dice que “sigue estrictamente la norma técnica emitida por el Ejército Brasileño, que determina que cualquier fragmento de goma de granadas no letales debe respetar una dureza preestablecida, para evitar daños irreparables”. Agrega que: “Sabemos que un solo fragmento, de goma blanda, golpeó el cuerpo del policía que arrojó la granada, sin causar daños”, agrega.

La compañía dice que “no se han realizado cambios constitutivos en la munición de impacto controlado desde 2020. Hacemos hincapié en que la munición de impacto controlado debe usarse siempre dentro de las distancias de seguridad recomendadas y dirigidas hacia las extremidades inferiores”.

“Todos los productos Condor cumplen con estrictos estándares de seguridad y pueden existir variaciones de rendimiento a pedido de los clientes, como tiempo de emisión de humo, número de candelas, tiempo de retardo, por ejemplo, siempre respetando los límites impuestos por el organismo regulador - el brasileño Ejército”.

Condor dice que “abogamos, en todo momento, por el uso responsable y adecuado de nuestros productos, a través de una intensa capacitación y reafirmamos que su uso debe ser realizado exclusivamente dentro de los estándares legales y por personas calificadas”.

Este equipo hizo preguntas sobre las ventas, el entrenamiento y las consecuencias del uso de las armas de Condor en el extranjero, pero la empresa dijo que no podía comentar sobre éstos. “También aclaramos que Condor está obligado por cláusulas de confidencialidad a proteger información sensible de seguridad pública y defensa de otros países, como cantidades y tipos de productos suministrados, clientes y destino”, dijo.

Finalmente, la empresa dijo que está presente en más de 80 países y la mayor parte de sus ingresos provienen del mercado exterior. “Razones que demuestran ser reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos y por la seriedad con la que fundamenta sus relaciones comerciales e institucionales”, agrega.

Crecimiento de la empresa Condor

A lo largo de los últimos veinte años, diferentes gobiernos brasileros han apoyado el crecimiento de fábricas de armas y de la industria de defensa en el país. Uno de los mayores beneficiarios ha sido la empresa Condor, que ha ampliado sus actividades fuera de Brasil y ha abierto oficinas en Abu Dabi y Singapur.

En todo este tiempo, Condor ha obtenido apoyo para ventas internacionales, beneficios fiscales e incluso financiación para desarrollar armas menos letales. Esta ayuda comenzó bajo el mandato de Fernando Henrique Cardoso a finales de los años noventa y se amplió posteriormente con Lula, Dilma Rousseff y Michel Temer. Actualmente, el general de la reserva Walter Braga Netto, ex ministro de Defensa y citado para ser el candidato a vicepresidente de Jair Bolsonaro en su campaña de reelección este año, ha realizado él mismo acuerdos comerciales que benefician los negocios de la empresa en el exterior, especialmente en el mundo árabe. A lo largo de estos años, el objetivo de estos diferentes gobiernos era que Brasil se convirtiera en uno de los líderes de este mercado. Y en lo que respecta a las armas menos letales, este objetivo se logró.

En 2020, la Omega Research Foundation, un instituto de investigación del Reino Unido, en colaboración con el Instituto Sou da Paz, Global Justice y otras organizaciones no gubernamentales, publicó un informe que identificaba a dieciséis empresas en Brasil dedicadas a la fabricación de diversos tipos de armas, municiones y artefactos, desde balas de goma hasta granadas de gas, y equipos de seguridad. Condor es, por mucho, la más grande del sector. No sólo es la empresa más grande de Brasil en el mercado nacional, sino que, como suele decir la propia empresa, es un “líder global” presente en 80 países.

El negocio es bastante rentable y poco transparente. Desde 2011, el Gobierno brasileño considera que la divulgación detallada de las ventas de una empresa privada brasileña a empresas o gobiernos extranjeros está protegida por el secreto industrial. Pero hay algunas formas de intentar averiguar cuánto vale este negocio. El informe de Omega, por ejemplo, señala que Condor es la única empresa exportadora del sector conocida en la ciudad de Nova Iguaçu, municipio situado en la región metropolitana de Río de Janeiro. Con base en esto, el documento menciona que la ciudad exportó productos de “seguridad” por un total de 183 millones de dólares entre 2012 y 2020. Es decir, toda esa facturación correspondería a Condor.

Tras analizar los datos abiertos al público por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, UOL descubrió que Nova Iguaçu exportó en “equipos de seguridad y orden público”, es decir, balas de goma, granadas de gas y otros, por un total de 8,8 millones de dólares, a doce países latinoamericanos a partir de 2018.

En ese período, el país que más compró estas armas fue Ecuador, por un total de 4,1 millones de dólares. El segundo mayor comprador fue Colombia, con 1,8 millones de dólares. Le sigue Chile, con 1,5 millones de dólares. Los datos también muestran que las mayores ventas se produjeron entre 2020 y 2021, el mismo periodo en el que estos países estaban bajo intensas protestas sociales.

UOL también investigó los portales de transparencia gobiernos estatales y federal para identificar la presencia de estas empresas en contratos con la policía militar y las Fuerzas Armadas para la adquisición de material para control y represión de la población.

De 2018 a 2022, un total de 23 estados, el Distrito Federal y el gobierno federal gastaron 153 millones de reales (30 millones de dólares) en 952 contratos con Condor. La otra empresa que apareció en la investigación, Poly Defensor, obtuvo catorce contratos por un total de 1,8 millones de reales (360.000 dólares).

Minas Gerais es el estado que más gastó en contratos con ambas empresas: entre 2018 y marzo de 2022 fueron 39,7 millones de reales, el doble que el gobierno federal, que ocupa el segundo lugar con 18,4 millones de reales. En el caso de Minas Gerais, las mayores adquisiciones tuvieron lugar en 2021: fueron 24,7 millones de reales en contratos. Ese mismo año, en la ciudad de Passos, en el estado de Minas Gerais, las imágenes mostraban a un policía militar disparando una bala de goma a corta distancia en el vientre de una mujer que tuvo que ser operada. En 2020, granadas de gas lacrimógeno de Condor fueron utilizadas en el desalojo del Quilombo Campo Grande, en Campo do Meio, MG. Los siguientes estados en la lista de los que han firmado contratos con Condor y Poly Defensor son Rio Grande do Sul (15,5 millones de reales), Santa Catarina (11,7 millones de reales) y São Paulo (11,2 millones de reales).No fue posible obtener detalles de otros cuatro estados de Brasil.

Estas cifras, sin embargo, son sólo una parte de una realidad mucho mayor, ya que las guardias municipales de los municipios también adquieren estos productos directamente al fabricante y Brasil tiene más de cinco mil ciudades.

Es precisamente la emergencia de protestas lo que ha impulsado las ventas de Condor desde el principio y lo que ha garantizado su crecimiento, tanto en Brasil como en el extranjero.

Condor y la “Primavera Negra” en Argelia

Condor tiene una historia de 36 años. Fue fundada en 1985, en Nova Iguaçu, a partir de la transformación de otra empresa, llamada Química Tupan S.A., que originalmente producía diferentes materiales de guerra, incluyendo minas antipersonal para exportar a Irak y América Latina. La presión global por la prohibir y eliminar el uso de las minas y otros factores hicieron que Tupan quebrara y se constituyera Condor en su lugar.

La fábrica sigue funcionando hoy en día en una finca de un millón de metros cuadrados cerca de la Reserva Biológica de Tinguá. Hoy se fabrican allí 120 productos diferentes. En el libro El valor de la vida, una experiencia de tecnologías no letales en Brasil, de 2019, el autor y fundador de la empresa, Carlos Erane Aguiar, repasa su trayectoria y la de la empresa, que también publicó el libro.

En la obra, Aguiar cuenta que, tras la fundación de la empresa, a principios de los años 90 envió a uno de sus hijos y a otros empleados a Alemania, Italia e Inglaterra para conocer el sector y dar forma a lo que sería el futuro de Condor. A la vuelta del viaje, a través de una empresa llamada Welser, que pertenece a los mismos propietarios y sirve de brazo comercial de Condor en el extranjero, el grupo se convirtió en representante de la empresa alemana Rheinmetall. Se establecieron colaboraciones con la empresa inglesa Pains Wessex Chemring y la italiana SGE. Según él, al principio el trabajo era la producción de trajes, ropa, escudos de seguridad y chalecos antibalas.

La primera venta internacional de Condor fue en 2001. Aguiar describe en su libro que desde 1999 el gobierno de Argelia venía negociando la compra de productos Condor, pero detalles burocráticos impidieron la consumación del negocio. Todo cambió de repente en 2001. “Simplemente un avión argelino, sin previo aviso y sin tener ningún contrato con Condor, había entrado en espacio aéreo brasileño avisando que la aeronave, con una capacidad de 40 toneladas, viajaba con una tripulación de 16 personas e iba a aterrizar en Río de Janeiro para recoger un material en la planta de Condor”, escribió Aguiar, quien recibió la información de un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Aguiar dijo que como Argelia no había anunciado previamente su interés por los productos, fue necesario entregar todo lo que había en stock, incluido material fabricado para otros clientes. Según Aguiar, el soldado argelino encargado de llevarse el material estaba tan desesperado que dijo a los brasileños que lo “matarían” si volvía sin nada. En ese momento, Argelia estaba gobernada por el dictador Abdelaziz Bouteflika, quien permaneció en el poder hasta 2019. Además de los productos, se envió a un empleado para que formara a las tropas allá.

UOL tuvo acceso a los datos de ventas en ese momento y descubrió que el gobierno argelino gastó 12 millones de dólares en munición “no letal” en 2001. Al año siguiente, 2002, otros 1,12 millones de dólares. En ese momento, Argelia vivía la “Primavera Negra” en la región de Cabilia, protestas contra el gobierno de Argel que dejaron muchos heridos e incluso muertos.

Apoyo del Gobierno brasileño

Con esta venta, Condor iba a abrirse espacio en el mercado internacional. Según Aguiar, el negocio de la empresa se amplió con contratos con Arabia Saudí, Bahréin y Turquía. El siguiente paso internacional sería aprovechar la presencia de tropas brasileras en Haití durante la misión de la ONU en ese país, la Minustah, desde 2004. Condor fue uno de los principales proveedores de los militares brasileros durante su estancia en Haití. Tan fuerte fue su presencia que crearon una bala de goma específicamente para la misión, la Soft Punch AM-470.

En 2008, Condor ya había alcanzado la producción de un millón de artefactos. Pero el gran impulso de la empresa vendría en la década siguiente. En 2011, fue invitada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a participar en un evento, siendo la única empresa latinoamericana en recibir tal invitación. Y el 21 de marzo de 2012, el entonces ministro de Defensa, Celso Amorim, declaró a Condor como una empresa estratégica de defensa del gobierno brasilero. Era el gobierno de Dilma Rousseff.

Poco después, en febrero de 2013, Amorim llegó a decir en una entrevista con el diario O Globo que la creación de empresas estratégicas de defensa, con incentivos fiscales, formaba parte de un plan del gobierno brasilero. “Estas medidas legislativas son importantes, no sólo porque la defensa es un importante estímulo para la industria de cualquier país del mundo, sino también porque necesitamos tener un grado razonable de autonomía tecnológica e industrial para garantizar la defensa. Al gobierno le interesa promover a ambas partes”, explicó.

El crecimiento de Condor, sin embargo, también está directamente relacionado con el trabajo realizado por su fundador. Desde 2013, Aguiar preside el Sindicato Nacional de Industrias de Material de Defensa (Simde), entidad que representa a empresas productoras de armas como Condor y Taurus, entre otras. En el gobierno de Michel Temer, en 2017, fue miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia, responsable de asesorar al presidente en todas las áreas de actuación del Poder Ejecutivo Federal. El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, suprimió los consejos de participación civil.

En la escena internacional, el auge de Condor estuvo asociado al crecimiento de la industria de defensa brasilera en los últimos años, gracias a los esfuerzos de la Agencia Brasileña de Promoción del Comercio y la Inversión (Apex). Como señala el informe de Omega, desde 2006, Apex, en colaboración con Abimde, la Asociación Brasileña de Industrias de Materiales de Defensa y Seguridad, ha apoyado la participación de empresas brasileñas en ferias y eventos de armas en todo el mundo. Entre 2007 y 2013, la agencia invirtió alrededor de trece millones de reales (2,6 millones de dólares) para fomentar la presencia de estas empresas, incluidos los fabricantes de equipos de seguridad, en más de treinta eventos internacionales.

Aun así, la agencia no ha podido evitar algunas vergüenzas. En 2019, por ejemplo, Condor fue expulsada de la feria “Defense and Security Equipment International (DSEI)” en el Reino Unido. La razón es que los británicos prohibieron el uso de armas de electroshock como parte de sus mecanismos de regulación contra la tortura, junto con otros países de la Unión Europea. La expulsión de Condor se produjo porque la empresa promocionaba el Spark, un arma tipo taser que emite descargas eléctricas en proyectiles cuando se dispara contra una persona.

En discordancia con la posición del Reino Unido, en Brasil la empresa recibió financiación pública para desarrollar y mejorar el arma. En 2012, el arma recibió el apoyo de la Fundación Carlos Chagas Filho de Apoyo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro (Faperj) por un importe de 68.000 dólares para el desarrollo del Spark. Además, el arma contó con más de 800.000 dólares de la Finep, la Financiadora de Estudios y Proyectos, una empresa pública brasilera.

Sin pudor, el propio Faperj informó que el arma es capaz de actuar sobre el sistema nervioso de una persona causándole incluso desorientación mental. “Spark aporta novedades en su diseño, desempeño y tecnología. El equipo emite ondas que actúan directamente sobre el sistema nervioso central, provocando contracciones musculares y desorientación mental. Dispone de un dispositivo de doble acción que impide el disparo accidental, y dispara dos dardos capaces de neutralizar sin causar lesiones graves. El arma también tiene una memoria digital interna, con la hora y la fecha de los disparos realizados”, dijo. El material fue distribuido para su uso por las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) de Río de Janeiro.

Desde la posesión de Jair Bolsonaro como presidente en 2019, la industria armamentística ha aumentado su influencia política, hasta el punto de poder cambiar normas y regulaciones del sector. Un ejemplo de lobby político, en el que participó Condor, fue la extinción de dos resoluciones de la Camex (Cámara de Comercio Exterior), órgano vinculado al ME (Ministerio de Economía) cuyas tareas son formular, adoptar y coordinar políticas y actividades relacionadas con el comercio exterior brasileño.

El 23 de octubre de 2020, Condor envió una carta a Camex para solicitar la “exclusión expresa” de un impuesto a la exportación que, según Condor, se aplicaba a varios productos que fabricaba y que “presentan muy poco o ningún riesgo para la vida humana”.

Haciendo caso omiso de los innumerables episodios de muertes y lesiones graves registrados en todo el mundo a lo largo de décadas, Condor escribió que las armas supuestamente no letales “no representan un riesgo para la vida”.

Ni siquiera tuvo en cuenta los casos más recientes que relataremos durante este reportaje, como el de Daniel Campelo, herido en Recife en 2021. La empresa se limitó a decir que sus productos están “destinados a la protección de la vida humana, no se fabrican con la intención de agredir”.

El impuesto a la exportación previsto en la Constitución y el CTN (Código Tributario Nacional) se aplicaba a la exportación de determinadas armas y municiones a ciertos países de Sur y Centroamérica.

La cuestión se reguló por primera vez mediante una resolución de Camex de 2001, la número 17. Según una carta de un importante fabricante de armas de Brasil, Taurus, enviada también al ministerio, la tasa era del 150% en la exportación de una serie de armas y municiones. La situación cambió en 2010, con una nueva resolución de la Camex, la número 88, que dio cabida a las exportaciones sin arancel siempre que el arma estuviera dirigida “al ciudadano civil”. Es lo contrario de lo que hizo la Unión Europea, que fue restringir la exportación de “armas no letales” a países con violaciones de derechos humanos.

Como reconoció la propia Condor en su carta al ministerio, el impuesto se instituyó en 2001 con la intención de evitar que las armas exportadas desde Brasil fueran reintroducidas en territorio brasilero a través del contrabando.

El esfuerzo de Condor por extinguir el impuesto seguía a dos de las mayores entidades de representación y presión política de la industria armamentística, el Simde (Sindicato Nacional das Industrias de Materiales de Defensa), con sede en São Paulo, y la Aniam (Asociación Nacional de la Industria de Armas y Municiones), con sede en Brasilia. Aguiar, el CEO de Condor, preside Simde, como hemos visto.

En una carta dirigida al ministerio, el vicepresidente ejecutivo del Simde, José Cláudio Manesco, escribió que la entidad “apoya plenamente las reclamaciones” de Taurus, Condor y Aniam. Sostuvo que “las empresas brasileñas han perdido competitividad y cuota de mercado frente a empresas de otros países, incluso de la propia Sudamérica, como Argentina”. Simde también afirmó que Brasil “dejó de recaudar alrededor de 150 millones de dólares en los últimos diez años por [la venta de] armas y municiones”.

El esfuerzo de la industria armamentística por derogar la resolución de 2001 fue consecuencia de otro cambio legal también producido por el gobierno de Bolsonaro. En el primer año de gobierno del capitán retirado del Ejército, en 2019, el Colog (Comando Logístico del Comando del Ejército, subordinado al Ministerio de Defensa), autorizó la venta dentro de Brasil de diversos productos a coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores, los llamados CAC, que son una fiel base de apoyo y bastión electoral del bolsonarismo. Se autorizaron algunos tipos y modelos de revólveres, carabinas y rifles semiautomáticos que antes estaban prohibidos.

La denuncia de las industrias fue analizada por el Ministerio de Defensa, la Policía Federal y el ME. Todos dieron luz verde a la eliminación del impuesto. Defensa hizo un análisis particularmente político e ideológico del escenario que defiende las exportaciones: “La necesidad de la acción del Estado se basa, además, en que es un mercado con fuertes tendencias al monopsonio [un solo comprador] y concentrado en unas pocas grandes empresas. El hecho de que la gran mayoría de los países no tengan productores nacionales y satisfagan su demanda interna con importaciones también estimula la competencia entre países, y muchas empresas reciben el apoyo de sus gobiernos. En este sentido, el Libro Blanco de la Defensa [brasileño] incluye entre sus objetivos estratégicos el fortalecimiento de la Base Industrial de la Defensa (BID)”, dijo.

En otras palabras, teniendo en cuenta la manifestación del MD, incentivar los negocios de Condor es parte de un “objetivo estratégico” del gobierno brasileño. Según el Ministerio, el sector de las armas emplea “a unas 40.000 personas y factura 1.000 millones de reales (213 millones de dólares) al año”.

El lobby de las empresas tuvo pleno éxito. El 14 de julio de 2021, diez meses después de las cartas de Condor, Taurus y las entidades, el presidente suplente del comité de gestión ejecutiva de Camex, Marcelo Guaranys, firmó un acta que revocó las resoluciones de 2001 y 2010, eliminando el impuesto a la exportación de armas y municiones.

Cuando UOL les pidió por separado sus comentarios sobre el tema, Simde y Amian enviaron una respuesta idéntica, palabra por palabra.

“La Asociación Nacional de la Industria de Armas y Municiones (Aniam) y el Sindicato Nacional de Industrias de Material de Defensa (Simde) consideran inadecuado el tipo de impuesto a la exportación del 150%, sin ningún efecto práctico en la lucha contra la delincuencia. Además de no resolver el problema en su esencia, el contrabando desenfrenado que azota al país, generó la pérdida de competitividad de la industria brasileña en relación al resto del mundo, perjudicando la generación de empleos, la recaudación de impuestos y el desarrollo nacional. Este impuesto iba en contra de la Estrategia Nacional de Defensa (END), que pretende fomentar e impulsar las Empresas Estratégicas de Defensa para garantizar la seguridad y la soberanía del país. Aniam y Simde destacan que las exportaciones de estos productos, cuando se destinan a los gobiernos de países extranjeros, ya sean los usuarios finales las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, dejaron de estar sujetas al arancel del 150% por Impuesto a la Exportación”, escribió cada uno por separado.

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