Los casos de inmigración no despiertan del letargo judicial en Estados Unidos

Laura Gómez atribuye a la intervención divina que su familia no haya sido separada al llegar a Estados Unidos. Se entregó junto a sus cuatro hijos a las autoridades de la patrulla fronteriza de San Diego, California, en agosto de 2018. Aquel momento ponía fin a un trayecto iniciado meses atrás en una de las primeras caravanas con las que decenas de miles de centroamericanos migraron al norte. “Me subieron a una camioneta de detenidos sin mi hija mayor”, cuenta. Hacía calor y los niños no llevaban suéter. Un...

Laura Gómez atribuye a la intervención divina que su familia no haya sido separada al llegar a Estados Unidos. Se entregó junto a sus cuatro hijos a las autoridades de la patrulla fronteriza de San Diego, California, en agosto de 2018. Aquel momento ponía fin a un trayecto iniciado meses atrás en una de las primeras caravanas con las que decenas de miles de centroamericanos migraron al norte. “Me subieron a una camioneta de detenidos sin mi hija mayor”, cuenta. Hacía calor y los niños no llevaban suéter. Uno de los agentes vio en el brazo de una de las menores las marcas de quemaduras. Era la huella de la violencia que habían dejado en Honduras. “Después de eso llegó mi hija al vehículo. Dios no hace las cosas a medias”, dice Gómez por teléfono.

Casi cuatro años después de aquello la incertidumbre no termina para los Gómez, quienes viven en Beaverton, a las afueras de Portland (Oregón). La familia espera aún la condición de asilados en Estados Unidos después de sufrir en su país el acoso de las maras, que mataron al hermano de Laura y quemaron su casa, hiriendo a sus hijas. Su caso es uno de los 1,6 millones que están atascados en un sistema judicial colapsado por la pandemia del coronavirus. Han cambiado tres veces de abogado y las audiencias para analizar su petición han sido aplazadas una y otra vez. “Íbamos a tener una en diciembre de 2020, pero nos la cancelaron. El año pasado no tuvimos ninguna fecha. Y ahora toca ir a la corte en mayo”, explica Rosa, de 25 años, la primogénita.

Hay escasas posibilidades de que eso suceda. Los abogados expertos en migración han visto cómo desaparecen las citas para argumentar los casos de sus clientes frente a uno de los jueces especializados que hay en el país. Es un proceso que, por el momento, no tiene final. Algo digno de Kafka.

El tiempo de espera para un solicitante de asilo es ahora de 58 meses, unos cinco años, de acuerdo a un análisis del sistema por la Universidad de Syracuse. Los juicios por resolver pasaron de 516.000 en 2016 a unos 1,6 millones, una cifra nunca antes vista (el bufete legal Berry, Appleman & Leiden estima que son ocho millones de casos en manos de las autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, pero no todos se dirimen en tribunales). El fenómeno se explica por varios factores. El sistema se ha saturado tras el año pasado, que registró las cifras más altas de cruces fronterizos ilegales en la historia. Los tribunales sufren también de un reajuste después de los años duros de la Administración Trump, que apostó por magistrados expulsores de migrantes. Además, el Departamento de Justicia sufre de la falta de personal. Solo hay poco más de 500 magistrados para menos de 70 tribunales, de acuerdo a la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. Un juez de Houston tiene bajo su cargo 9.048 casos por resolver.

Los expertos de Syracuse comenzaron a notar la bola de nieve desde junio pasado. El Departamento de Seguridad Interior estaba inundando las cortes con casos. El sistema registró la mayor entrada de litigios al sistema entre octubre y diciembre de 2021. Si este ritmo sigue durante el primer trimestre del año fiscal 2022 esto se traducirá en 800.000 nuevos casos. El Gobierno de Biden calculaba recibir 300.000 solicitudes de asilo el año pasado y 125.000 refugiados para el presente (una cifra que se modificará tras el conflicto entre Rusia y Ucrania).

La abogada Lizbeth Mateo no ha tenido una sola audiencia desde marzo de 2020. La letrada llevaba antes de la pandemia entre 12 y 15 casos activos al año, que podrían desahogarse entre seis meses y año y medio, en promedio. Después estalló la crisis sanitaria. “Ahora nos dan una fecha de audiencia y un día antes nos la cambian y la mueven un año”, explica Mateo, originaria de Oaxaca (México), también indocumentada, y quien protagoniza un documental de HBO centrado en su trabajo en favor de los sin papeles como ella.

Mateo prepara a la par decenas de juicios, todos sin conclusión. Uno de ellos, asegura, fue reprogramado recientemente para enero de 2023. Es la tercera vez que ha ensayado la vista judicial. Tres veces ha repasado con su cliente, solicitante de asilo, el duro relato para tocar el corazón de los jueces encargados de su futuro en Estados Unidos y donde el defendido debe exponer una vez más su pasado con crudeza antes de enterrarlo de una vez por todas. De nada ha servido hasta el momento. “Mis clientes están hartos. Debemos de practicar mucho lo que se dice. Eso los revictimiza y no me gusta remover sus traumas”, asegura Mateo, de 37 años. Sus clientes se quejan de la falta de certezas. Cada vez que solicitan información, el Departamento de Justicia promete dar respuesta en 72 horas, pero pasan “hasta 30 días para la llamada de vuelta”, de acuerdo a la abogada.

La crisis coloca una gran presión sobre profesionales como Mateo, que pertenecen a pequeños despachos con solo un puñado de abogados para llevar varios litigios, algunos de ellos pro bono. “Ya no tomo casos nuevos”, confiesa la abogada. “No les puedo proveer el servicio que necesitan”. Lizbeth teme que cuando el sistema se desatasque, si es que llega a suceder, varias de sus audiencias coincidan en días o semanas.

Esto afecta el debido proceso, una alarma que encendieron los jueces especializados desde mayo. “Los procesos involucran comúnmente un gran volumen de ciudadanos no representados legalmente. Aquellos que aparecen frente a la corte no dominan nuestra lengua, cultura o leyes, pero se les requiere que presenten su caso sin ayuda, mientras que el Gobierno está representado por abogados muy hábiles”, señala la organización. Un estudio del grupo afirma que es 10 veces más probable que un inmigrante acompañado por un defensor tenga una resolución exitosa de su caso a uno sin abogado.

Esto no solo es una pesadilla burocrática. El proceso se convierte en una nube negra para las miles de personas que viven a la sombra a la espera de papeles. Las gestiones significan permisos de trabajo y de residencia. Laura Gómez, de 40 años, recibió en septiembre el número de seguridad social y un permiso de trabajo temporal. Esta semana comenzó a laborar en un restaurante. Aún aguardan su asilo de forma permanente y sin saber si ese día llegará.

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