Japón ahorca a tres presos en las primeras ejecuciones en dos años

Más de 100 condenados a la pena capital esperan en el corredor de la muerte del país nipón

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, el pasado lunes en el Parlamento.STR (AFP)

La pena de muerte vuelve a ocupar titulares en un país industrializado y democrático. Japón, el único miembro del G7 junto a Estados Unidos que aún aplica la pena capital, ha ejecutado este martes en la horca a tres prisioneros condenados por homicidio. Se trata del primer ajusticiamiento en el país desde diciembre de 2019, así como desde que el primer ministro nipón, Fumio Kishida, asumió el poder en octubre. Tras esta ejecución, el núm...

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La pena de muerte vuelve a ocupar titulares en un país industrializado y democrático. Japón, el único miembro del G7 junto a Estados Unidos que aún aplica la pena capital, ha ejecutado este martes en la horca a tres prisioneros condenados por homicidio. Se trata del primer ajusticiamiento en el país desde diciembre de 2019, así como desde que el primer ministro nipón, Fumio Kishida, asumió el poder en octubre. Tras esta ejecución, el número total de presos a la espera en el corredor de la muerte en Japón asciende a 107.

El ministro de Justicia japonés, Yoshihisa Furukawa, informó en una rueda de prensa de que los reos ejecutados son tres hombres: Yasutaka Fujishiro, de 65 años, Tomoaki Takanezawa, de 54, y Mitsunori Onogawa, de 44. Furukawa, quien ordenó las ejecuciones, añadió en otro encuentro con los medios que tomó la decisión el pasado 17 de diciembre “después de someterlo varias veces a profunda reflexión”. El titular de Justicia ya se había mostrado partidario de la pena de muerte “para crímenes que acarrean graves consecuencias” cuando asumió su cargo hace dos meses.

De acuerdo con el rotativo local Japan Times, Fujishiro fue sentenciado a muerte en 2009 por matar a siete de sus familiares en la prefectura de Hyogo, al oeste del país. Su condena se hizo firme en 2015, después de que el Tribunal Supremo rechazase su apelación. Por su parte, Takanezawa y Onogawa fueron condenados a la pena capital en 2003, por cometer robos en los que asesinaron a dos empleados de dos salas de máquinas recreativas ―conocidas como pachinko― en la prefectura de Gunma, en el centro de Japón. Takanezawa retiró su recurso en 2005, mientras que el Tribunal Supremo desestimó el de Onogawa en 2009.

No se ha revelado la hora de su defunción, pero sí se ha confirmado que Fujishi fue ejecutado en Osaka, al oeste del país, y Takanezawa y Onogawa en Tokio, la capital. Las autoridades no han dado detalles sobre si los familiares de los condenados fueron avisados o no antes de su ejecución. Hasta octubre de 2020, Japón podía llevar a cabo las ejecuciones sin informar previamente a los allegados de los condenados, una práctica que Amnistía Internacional criticó durante años. Esta organización pro derechos humanos denuncia que las ejecuciones en Japón están rodeadas de un halo de silencio y que es habitual que se lleven a cabo avisando a los condenados solo unas horas antes de que se produzcan o incluso sin advertírselo.

A pesar de las críticas que suscita el uso de la pena capital en muchos países industrializados, según medios locales, el apoyo entre la población continúa siendo relativamente alto en Japón. Tras conocerse la noticia sobre las ejecuciones, el vicesecretario del Gabinete, Seiji Kihara, comentó a los periodistas que “teniendo en cuenta la situación actual en la que se siguen produciendo crímenes atroces, no es apropiado abolirla”.

Las de este martes son las primeras ejecuciones desde el 26 de diciembre de 2019, cuando se ejecutó a un ciudadano chino acusado de asesinar a los cuatro miembros de una familia que residía en la prefectura meridional de Fukuoka. Durante el mandato de Shinzo Abe (2012-2020) se ejecutó a 39 presos. Los dos años que han transcurrido sin ejecuciones coincidieron con el inicio de la pandemia de la covid-19 y la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, originalmente previstos para 2020.

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En la actualidad, quedan 107 presos condenados a la pena capital en el país, de los cuales 59 han pedido la revisión de sus sentencias, según datos proporcionados por el Ministerio de Justicia. Se calcula que el promedio de espera actual en el corredor de la muerte desde la sentencia hasta la ejecución es de 13 años y 4 meses, y que la edad media de los prisioneros ronda los 59 años.

El Tribunal Supremo de Japón anuló en diciembre de 2020 un fallo que bloqueaba un nuevo juicio para el reo a quien se conoce como “el preso condenado a muerte desde hace más tiempo del mundo”. Iwao Hakamada, de 85 años, ha vivido sentenciado a muerte durante más de medio siglo, después de ser declarado culpable de robar y asesinar a su jefe, a su esposa y a sus dos hijos adolescentes. El anciano asegura que confesó el crimen tras un supuesto interrogatorio policial cargado de violencia física, y denuncia que se colocaron pruebas para inculparlo en la escena del crimen.

Según datos de Amnistía Internacional, más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte o han desestimado su práctica. Aun así, desde la asociación denuncian que, en 2020, al menos 483 personas en 18 países fueron ejecutadas, un número, sin embargo, que no incluye las “miles de ejecuciones que países como China, Corea del Norte o Vietnam realizan en secreto”.

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