Alberto Brunori: “La ONU ha ofrecido apoyo al Gobierno de Nicaragua, pero no lo acepta”

El silencio ha sido la respuesta que el Gobierno de Daniel Ortega ha dado a las solicitudes presentadas por Naciones Unidas para conocer la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El organismo publica esta semana un nuevo informe sobre Nicaragua, en el que vuelve a suspender al régimen sandinista. Detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, violación a la libertad de expresión, al derecho de reunión, ataques a periodistas, amenazas. ...

El silencio ha sido la respuesta que el Gobierno de Daniel Ortega ha dado a las solicitudes presentadas por Naciones Unidas para conocer la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El organismo publica esta semana un nuevo informe sobre Nicaragua, en el que vuelve a suspender al régimen sandinista. Detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, violación a la libertad de expresión, al derecho de reunión, ataques a periodistas, amenazas. La lista de vejaciones crece y el temor de la ONU es que se incremente en un año electoral, cuando está previsto que los nicaragüenses elijan a un nuevo presidente sin que Ortega muestre la mínima señal de querer apearse del poder. Aunque las recomendaciones de la ONU parecen caer en un saco roto, Alberto Brunori, representante regional para Centroamérica y el Caribe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), afirma en esta entrevista que no pierde la esperanza de que Ortega reconsidere aceptar el apoyo que le han ofrecido para superar la crisis que desde 2018 ha convertido a Nicaragua en uno de los mayores dolores de cabeza del organismo.

Pregunta. El Gobierno de Ortega ha dejado de responder desde junio de 2020 a las solicitudes de información que la OACNUDH ha hecho, ¿Cómo interpretan este silencio?

Respuesta. Es una lástima que un Gobierno no responda y, además, que seamos acusados de ser parciales. Nuestra imparcialidad justamente se basa en el hecho de que hemos enviado 37 solicitudes de información al Gobierno, dándole la oportunidad de contrastar las declaraciones que hacemos. El hecho de que no respondan no penaliza a la Oficina de la Alta Comisionada, que al final tiene un mandato y hace su trabajo, sino al Gobierno.

P. ¿Qué consecuencias tiene esta falta de colaboración?

R. Hemos ofrecido varias veces el apoyo de Naciones Unidas, sobre todo de la Alta Comisionada, para ayudar al país a superar la crisis. Si el Gobierno no acepta esa cooperación y, además, aprueba unas leyes que son contrarias a los estándares de derechos humanos y sigue cometiendo violaciones, la verdad es que la solución del problema se vuelve cada vez más complicada.

P. Se interpreta como un desdén hacia la ONU.

R. Sí. Es un elemento negativo, porque cuando uno te ofrece apoyo para superar una crisis y dado que vienen elecciones en noviembre y el clima no es de los mejores, se esperaría que haya una apertura. El hecho de no tenerla y de cerrarse no ayuda al país. La considero una pérdida de oportunidad para hacer las cosas bien. Cuando una oficina como la que es dirigida por Michele Bachelet, ofrece los instrumentos para superar una crisis, normalmente los países lo aceptan.

P. Han pasado casi tres años del estallido social en Nicaragua, ¿cómo valoran ahora la situación en el país?

R. Decir complicado es poco. Me parece que la situación si bien no tiene la misma gravedad que en 2018, las violaciones siguen y en el último periodo se han ido incrementando incidentes, amenazas, acoso a periodistas, defensores de derechos humanos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, todas señales que preocupan. Tememos que esto se vaya incrementando para noviembre, con la tensión de las elecciones. Además, los casos de violaciones a los derechos humanos de 2018 están casi todos en la impunidad. En eso no ha habido mayores avances. Sí han sido liberados varios detenidos, pero seguimos teniendo reportes de 111 casos de personas detenidas arbitrariamente. El tipo de violaciones ha cambiado. Ya no tenemos tantas violaciones a la vida, como vimos con las 300 víctimas [mortales] de 2018. Pero sí se violenta el derecho a la asociación, se han prohibido mítines políticos, los feminicidios se incrementan, hay violación del derecho a la libertad de expresión.

P. ¿Ha visto alguna señal del Gobierno para esclarecer las violaciones cometidas en el marco de la represión contra las protestas de 2018?

R. No. Más bien la ley de amnistía [aprobada en junio de 2019] es contraria a los derechos humanos. Ya se sabe que para ciertos crímenes, en el derecho internacional, no es admisible una amnistía. Ese es el primer escollo que tenemos. Además, el sistema de justicia muestra debilidad en el tema de independencia, incluyendo la fiscalía.

P. ¿Puede afectar la amnistía aprobada por el Congreso nicaragüense futuras investigaciones y procesos contra quienes han violado los derechos humanos en el país?

R. Sí, afecta, porque prácticamente de facto impide las investigaciones y por eso estas no han avanzado.

P. Nicaragua se enfrenta este año a elecciones sin que haya garantías de un proceso libre. ¿Ven posibilidades de reformas reales de cara a las presidenciales?

R. Nunca perdemos la esperanza de que haya una reconsideración. Esas reformas electorales han sido pedidas por al OEA, por el Parlamento Europeo, por la Alta Comisionada en el informe de 2019. Todavía hay tiempo para poderlo hacer, aunque mientras más corto sea ese tiempo, menos posibilidades de que el proceso sea altamente participativo. Una vez más reiteramos nuestra disposición de apoyar al Estado.