China recurre al rastreo de datos personales para identificar y detener a uigures en la región de Xinjiang
Una lista de 2.000 detenidos obtenida por la ONG Human Rights Watch desvela detalles sobre el sistema de detención para las minorías musulmanas en esta provincia
Ser menor de 40 años. Viajar fuera de la ciudad de residencia. Recitar el Corán. Estas son algunas de las características y comportamientos por los que, si corresponden a una persona de la minoría uigur en China, un programa informático que rastrea los datos personales en la provincia de Xinjiang alertará a la policía para la posible detención del individuo, según un documento oficial filtrado a la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
HRW obtuvo una lista con los nombres de 2.000 detenidos en la ...
Ser menor de 40 años. Viajar fuera de la ciudad de residencia. Recitar el Corán. Estas son algunas de las características y comportamientos por los que, si corresponden a una persona de la minoría uigur en China, un programa informático que rastrea los datos personales en la provincia de Xinjiang alertará a la policía para la posible detención del individuo, según un documento oficial filtrado a la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
HRW obtuvo una lista con los nombres de 2.000 detenidos en la prefectura de Aksu -en el sur de Xinjiang, y con un 80% de su población uigur- entre 2016 y 2018. Estas personas fueron arrestadas después de que las detectara un programa de big data, denominado Integrated Joint Operations Platform (Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas, o IJOP, por sus siglas en inglés) y que combina datos obtenidos automáticamente con información que los funcionarios introducen a través de una aplicación.
Según la organización, su análisis del documento indica que la inmensa mayoría de aquellos señalados por la IJOP fueron detenidos por actividades cotidianas legales y no violentas. En algunos casos, por no haber pagado el alquiler, por no tener domicilio fijo, por haber estudiado el Corán sin permiso o por haber viajado fuera de Aksu. Para las autoridades, lo anterior significa “actuar de manera generalmente sospechosa”, según el documento. En otros casos, por haber nacido después de 1980 o por descargar aplicaciones “sospechosas”, como Skype. En algunas instancias, esos comportamientos problemáticos habían ocurrido años antes.
En al menos un caso, el de la “señora T”, las sospechas se desataron por recibir cuatro llamadas telefónicas (desglosadas al milímetro en los documentos) de un número de teléfono en el extranjero en marzo de 2017. Cuando la organización llamó a ese número, encontró que pertenecía a la hermana de la “señora T”, residente en el exterior. Esta hermana indicó que aunque ha dejado de tener contacto directo con su familia, a través de intermediarios ha oído que la “señora T” trabaja ahora en una fábrica cinco días a la semana y se le permite regresar a casa solo los fines de semana. “Su hermana cree que la señora T está siendo obligada a trabajar en una fábrica contra su voluntad, y remarca que la señora T se estaba formando para otra carrera antes de ser detenida”, explica HRW.
“Esto contradice las alegaciones de las autoridades chinas de que sus tecnologías ‘modernas’ y ‘predictivas’, como el IJOP, mantienen la seguridad de Xinjiang al identificar ‘con precisión’ a los delincuentes”, asegura la organización. La lista de detenidos “aporta nuevos conocimientos acerca de cómo la brutal represión de China contra los musulmanes [de etnias turcomanas] de Xinjiang se ve potenciada por la tecnología”, apunta Maya Wang, investigadora para China de HRW.
Desde hace cuatro años, China lleva a cabo una dura campaña de represión entre los uigures y otras minorías de Xinjiang, que ha llevado a campos de reeducación y prisiones a más de un millón de personas, según cálculos de académicos y defensores de los derechos humanos, y que ha suscitado numerosas críticas internacionales. Pekín, que inicialmente negó la existencia de esos campos, asegura que los ingresos en lo que califica de “centros de adiestramiento” son voluntarios y una medida necesaria para luchar contra el terrorismo.
Originalmente, el documento había sido recibido de una fuente anónima en 2018 por el servicio en lengua uigur de la emisora Radio Free Asia, que a su vez lo entregó a HRW. La organización defensora de los derechos humanos verificó la autenticidad del documento comprobando los números de teléfono y los nombres que aparecían en él. En algunos casos, uigures residentes en el extranjero identificaron a familiares directos entre los mencionados en la lista.