Un senador aliado de Jair Bolsonaro, detenido con dinero oculto en su ropa interior

Los aproximadamente 30.000 reales (unos 5.300 dólares) que la Policía Federal descubrió el miércoles en los calzoncillos del senador Chico Rodrigues, hasta entonces vicelíder del Gobierno brasileño, durante una operación que investiga la malversación de fondos públicos destinados a la lucha contra el coronavirus en el Estado de Roraima, contradicen la más reciente narrativa del Ejecutivo. El mismo día de la redada policial contra uno de sus aliados, el presidente Jair Bolsonaro dijo que daría “una patada voladora en el cuello” de quienes se involucraran en actos ilícitos durante su administrac...

Los aproximadamente 30.000 reales (unos 5.300 dólares) que la Policía Federal descubrió el miércoles en los calzoncillos del senador Chico Rodrigues, hasta entonces vicelíder del Gobierno brasileño, durante una operación que investiga la malversación de fondos públicos destinados a la lucha contra el coronavirus en el Estado de Roraima, contradicen la más reciente narrativa del Ejecutivo. El mismo día de la redada policial contra uno de sus aliados, el presidente Jair Bolsonaro dijo que daría “una patada voladora en el cuello” de quienes se involucraran en actos ilícitos durante su administración, reforzando el discurso de la semana anterior, en el que reconoció que había cerrado la Operación Lava Jato porque “ya no hay corrupción en el Gobierno”.

A pesar del escándalo que comprometió a una figura clave del bolsonarismo en el Congreso, la trinchera gubernamental continúa sosteniendo el discurso de su honestidad. El propio presidente se apresuró a distanciarse de Chico Rodrigues. “Si un concejal hace algo mal, yo no tengo nada que ver”, dijo Bolsonaro, rechazando cualquier relación con el episodio y calificando la operación Desvid-19 —que investiga una posible sobrefacturación de 20 millones de reales (3,5 millones de dólares) en contratos realizados por la Secretaría de Sanidad de Roraima— como “un orgullo" para su Gobierno. Aunque ha querido distanciarse del caso, Bolsonaro mantenía una relación cercana con Rodrigues, que emplea en su oficina a Leo Índio, primo de sus hijos y hombre de confianza del concejal Carlos Bolsonaro. El presidente llegó a declarar que era “pareja de hecho” del parlamentario, que fue su colega en la Cámara de los Diputados durante dos décadas.

El jueves, el Gobierno anunció la destitución del senador investigado, enfatizando que la operación de la Policía Federal era una “prueba de que el Gobierno continúa luchando contra la corrupción en todos los sectores de la sociedad brasileña, sin distinción ni privilegios”. El vicepresidente, Hamilton Mourão, también quiso destacar su distanciamiento de Rodrigues al declarar que ya no forma parte del Gobierno. “Todos los que están en el Parlamento y trabajan en nombre del Gobierno son auxiliares, no son miembros del Ejecutivo”.

El Supremo Tribunal Federal suspendió a Chico Rodrigues por 90 días, pero el Senado todavía tiene que ratificar o no esta decisión. El Tribunal, sin embargo, denegó la solicitud de arresto que presentó la Policía Federal y decretó el secreto de investigación. Tampoco autorizó la publicación del vídeo que grabó la Policía Federal cuando los agentes cachearon al senador y retiraron los fajos de dinero de entre su ropa interior. “Si se demuestra que es culpable, será castigado, pero no es necesario que se le humille públicamente”, explicó Barroso en su decisión.

Retrocesos en la lucha anticorrupción

Aunque Bolsonaro trate el escándalo de su antiguo aliado como un hecho ajeno al Gobierno, es una evidencia más del debilitamiento de los mecanismos de lucha contra la corrupción. Unido a las denuncias de querer interferir en la Policía Federal, pone aún más en entredicho el relato de integridad de la que se jactan los sectores bolsonaristas. Esta semana, la ONG Transparencia Internacional ha publicado dos informes que atestiguan “un deterioro progresivo del marco institucional anticorrupción en el país, del que son directamente responsables el presidente de la República y otras autoridades”. Según estudios de la ONG, que denunció al Gobierno brasileño ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde el año pasado que Brasil no cumple los compromisos que asumió en las convenciones internacionales contra la corrupción, el crimen organizado y la financiación del terrorismo.

Entre los retrocesos señalados por el informe se encuentran el nombramiento de un fiscal general de la República (Augusto Aras) fuera de la triple lista presentada por el Ministerio Público, deficiencias en los mecanismos de transparencia, la divulgación parcial de datos —incluyendo el número de contagios y muertes por covid-19— y sustituciones en la cúpula de la Policía Federal y Hacienda. Uno de los documentos señala que lo que más ha alarmado a los organismos internacionales ha sido la decisión preliminar de suspender "unas mil investigaciones y procesos de blanqueo de dinero” durante casi un semestre.

Transparencia Internacional ya había publicado en enero otro estudio que indicaba que la percepción de la existencia de corrupción en Brasil había aumentado. El panorama se agravó en mayo, cuando el exjuez Sergio Moro dejó su cargo de ministro de Justicia acusando a Bolsonaro de intervenir en la Policía Federal tras haber exonerado, sin el visto bueno del ministro, al director general del cuerpo, Maurício Valeixo. Con la dimisión de Moro se aceleró el desmantelamiento de la operación anticorrupción Lava Jato.

El Instituto No Acepto Corrupción (INAC), favorable a la operación Lava Jato, también ha señalado retrocesos en la cruzada anticorrupción. En un evento sobre el tema el mes pasado, el fiscal Roberto Livianu destacó que el presidente había elegido a Aras como fiscal general de la República para proteger a su familia, especialmente a su hijo Flávio Bolsonaro, de las investigaciones por presuntos desvíos de dinero.

Según un balance de la Policía Federal, desde principios de año se han llevado a cabo más de 50 operaciones similares a la que descubrió dinero en los calzoncillos del senador Chico Rodrigues. En total, se incautaron 5.500 millones de reales (975 millones de dólares), más del doble de lo que se confiscó en 2018 y 2019 juntos. La mayoría de las operaciones las realizó el grupo especial de lucha contra la corrupción durante la pandemia, creado por Moro en abril, antes de dejar el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Aunque pillar infraganti a un diputado con dinero en sus partes íntimas no es inédito, que sea alguien tan cercano al Gobierno actual difumina la imagen de paladín anticorrupción que Bolsonaro intenta vender. “Que se hayan encontrado 30.000 reales entre las nalgas del vicelíder del Gobierno demuestra el grado de credibilidad del presidente de la República (jefe del Gobierno) cuando afirma que ya no hay corrupción en su Gobierno y que por esta razón ponía fin a la operación Lava Jato”, critica el fiscal Livianu.

En una transmisión en directo el jueves por la noche, Bolsonaro reiteró que no tiene nada que ver con el escándalo del senador. Acompañado por los ministros André Mendonça, de Justicia, y Wagner Rosario, de la Contraloría General, sostuvo que la integridad de su gestión solo puede medirse por los nombres que elige. “En mi Gobierno no hay corrupción. Cero. Mi Gobierno son los ministros”, dijo.