Hong Kong contiene el aliento frente a la polémica ley de seguridad nacional de China
El último gobernador de la antigua colonia británica ha afirmado que el Reino Unido tiene la obligación moral, legal y económica de defender el territorio
Hong Kong contiene el aliento antes de que la semana próxima el Legislativo chino, pasando por encima del parlamento autónomo, le imponga una polémica ley de Seguridad Nacional que impedirá cualquier actividad “separatista” o “terrorista", la “subversión de los poderes del Estado” y la “injerencia de poderes extranjeros”. Para muchos en este territorio temen que esas normas puedan herir de muerte al principio “un país, dos sistemas”, que gara...
Hong Kong contiene el aliento antes de que la semana próxima el Legislativo chino, pasando por encima del parlamento autónomo, le imponga una polémica ley de Seguridad Nacional que impedirá cualquier actividad “separatista” o “terrorista", la “subversión de los poderes del Estado” y la “injerencia de poderes extranjeros”. Para muchos en este territorio temen que esas normas puedan herir de muerte al principio “un país, dos sistemas”, que garantiza a este centro financiero internacional libertades inexistentes en la China continental y que debe regir hasta 2047.
A lo largo del día se han desarrollado pequeños actos de protesta en algunos centros comerciales de Hong Kong, donde varias docenas de personas se han concentrado para corear eslóganes y cantar “Gloria a Hong Kong”, el himno de las protestas contra Pekín y el Gobierno autónomo que paralizaron la ciudad el año pasado. Para este domingo se prepara una movilización de mayor tamaño: un comunicado conjunto de varios grupos de manifestantes invitaba a tomar parte en una protesta tanto a participantes pacíficos como a “valientes”, los radicales que en las protestas del año pasado se enfrentaban con la Policía. En una rueda de prensa difundida a través de Facebook, un grupo de activistas bajo el nombre Citizens’ Press Conference aseguraba que “bajo este decreto, Hong Kong será un trozo de tierra quemada”.
En un comunicado, 380 concejales de distrito -el nivel más bajo de Gobierno en Hong Kong, pero donde la oposición pandemócrata domina 17 de los 18 distritos, tras un triunfo contundente en las elecciones municipales de noviembre pasado- se declararon dispuestos a resistir las nuevas medidas, que consideran que “llevarán a Hong Kong al abismo”.
El proyecto de ley se examinará este lunes y martes en el seno de la Asamblea Nacional Popular (ANP) y el jueves los 3.000 delegados de este órgano la someterán a votación, sin que haya ninguna duda de que será aprobada. La medida quedará inscrita en un anexo de la Ley Básica, la miniconstitución hongkonesa.
Uno de los aspectos que más preocupación ha suscitado entre los políticos del campo pandemócrata, los manifestantes y sus simpatizantes, es que la ley abre una vía a que los servicios de inteligencia chinos puedan comenzar a operar oficialmente en Hong Kong. Según los críticos, ese paso puede dar lugar a detenciones arbitrarias, que los arrestados queden bajo custodia de las autoridades por tiempo indefinido e, incluso, tortura. La nueva ley "hace que el principio un país, dos sistemas se quede en mera palabrería y que las libertades de Hong Kong desaparezcan”, aseguran los concejales pandemócratas.
Con esta medida, China -que vio con furia cómo las manifestaciones del año pasado se transformaban de marchas pacíficas para reclamar la retirada de un proyecto de ley de extradición en protestas a menudo violentas contra su control y el Gobierno autónomo- busca impedir cualquier actividad que considere “separatista”, “terrorista”, “subversión contra los poderes del Estado” o “injerencia extranjera”. Cuatro categorías que aplicó reiteradamente a las protestas de 2019.
En declaraciones en el Consejo Popular Consultivo, un órgano que asesora al Legislativo y también celebra sus reuniones esta semana en el Gran Palacio del Pueblo, el viceprimer ministro Han Zheng, responsable de los asuntos de Hong Kong dentro del Gobierno chino, ha declarado que la medida solo estará dirigida contra “un pequeño grupo de gente que perjudica la seguridad nacional”. Según Han, citado por el periódico South China Morning Post, la futura ley saneará el ambiente para hacer negocios y ayudará a proteger la propiedad y la integridad física de los ciudadanos.
El Gobierno autónomo que encabeza Carrie Lam ha prometido apoyar a Pekín en la defensa de la seguridad nacional. El antiguo jefe del ejecutivo local Leung Chung-ying ha defendido la nueva ley y la posibilidad de que se cree un cuerpo especial de policía secreta, en declaraciones a Reuters. “Singapur tiene una policía secreta. Nosotros no. Estados Unidos tiene todo tipo de cuerpos que tienen como misión defender la seguridad nacional frente a posibles amenazas. Nosotros no. Así que no es sorprendente que, como parte de los esfuerzos para llenar el vacío legal en torno a la seguridad nacional, tengamos que establecer ese tipo de organismo”, ha sostenido.
La posición del Reino Unido
El que fuera el último gobernador de Hong Kong durante su tiempo como colonia británica, Chris Patten, ha acusado al Gobierno chino de traicionar a la población de ese territorio y ha afirmado que el Reino Unido tiene la obligación moral, legal y económica de defenderla. “Occidente debe dejar de postrarse ante Pekín a cambio de un ilusorio montón de oro”, ha dicho al diario The Times el político que vio arriar por última vez la bandera del Reino Unido en la colonia en 1997, cuando Londres devolvió a China el territorio después de más de 150 años de mandato, informa Rafa de Miguel.
Hasta el momento, el Gobierno británico ha decidido expresar su protesta contra el endurecimiento de las leyes chinas en Hong Kong, que pretenden frenar el movimiento democrático de sus habitantes, de modo conjunto con otras naciones de la Commonwealth (Comunidad de Naciones). En un texto anunciado a la vez por los ministros de Exteriores de Australia y Canadá este viernes, se expresa la “profunda preocupación” de estos países por el movimiento del Gobierno chino: “Aprobar esas leyes en nombre de Hong Kong sin la participación directa de sus ciudadanos ni de sus poderes legislativo o judicial va directamente en contra del principio “un país, dos sistemas” bajo el que se garantizó a Hong Kong un alto grado de autonomía”.