Los réditos de la ayuda social

Las ruinas de Italsider, el monstruo siderúrgico en el norte de Nápoles sepultado por toneladas de amianto y la vida laboral de cientos de trabajadores que mandó a casa en los noventa, es un tremendo monumento a la interminable crisis del sur de Italia. Justo ahí, en el barrio de Bagnoli, entre ventanas tapiadas y comercios cerrados, resiste Giovanni De Martino, de 45 años, antiguo vigilante jurado que sobrevive sin empleo desde hace casi una década. Alto, enjuto, gafas de sol y cigarrillo en la mano. Vive con sus padres y un hermano discapacitado de 50 años. A finales de abril, recuerda en la...

Las ruinas de Italsider, el monstruo siderúrgico en el norte de Nápoles sepultado por toneladas de amianto y la vida laboral de cientos de trabajadores que mandó a casa en los noventa, es un tremendo monumento a la interminable crisis del sur de Italia. Justo ahí, en el barrio de Bagnoli, entre ventanas tapiadas y comercios cerrados, resiste Giovanni De Martino, de 45 años, antiguo vigilante jurado que sobrevive sin empleo desde hace casi una década. Alto, enjuto, gafas de sol y cigarrillo en la mano. Vive con sus padres y un hermano discapacitado de 50 años. A finales de abril, recuerda en la sede una asociación sindical, recibió un SMS y respiró. Podía ir a buscar la tarjeta amarilla a la oficina de correos: 550 euros para gastar ese mismo mes en todo tipo de productos (excepto juegos de azar) y 100 en líquido en el cajero. La promesa electoral del Movimiento 5 Estrellas (M5S), una renta ciudadana de hasta 780 euros al mes para todos aquellos que no llegasen a esa cifra de ingresos (en Italia hay 5 millones de pobres), empezaba a funcionar.

El partido del vicepresidente Luigi Di Maio, nacido en Pomigliano D’Arco, un pequeño pueblo deprimido en la región de Campania, fio gran parte del éxito de su campaña electoral (el partido quedó primero con un 33% de los votos) a la baza de la Renta Ciudadana. El sur de Italia, tradicionalmente inclinado a un voto clientelista, eligió en masa al M5S, que en algunas regiones como Campania superó el 50% de votos. La tradicional brecha social y económica entre el norte y el sur del país se manifestó también través de dos colores. La Liga tiñó de azul el norte. La parte meridional, se cubrió del amarillo del M5S. La Renta de Ciudadanía no fue el único motivo, pero pesó. Un mes antes de las elecciones europeas se puso en marcha.

La medida, en un país que no cuenta con un salario mínimo interprofesional, va dirigida a aproximadamente 1,4 millones de núcleos (hogares donde vive algún habitante que la puede percibir). De hecho, el pasado 10 de mayo había 1.125.000 peticiones, de las cuales se han aceptado alrededor del 75%. Un 40% pertenece a las regiones donde el partido ha tenido gran incidencia. La primera es la propia Campania, la región con la renta más baja y con su capital napolitana a la cabeza. Le siguen Sicilia, Puglia y Lazio.

Pasquale Tridico, presidente del INPS, el ente que gestiona el cálculo de las pensiones y de este tipo de ayudas, explica que el reparto total es 54% en el sur y 46% en el Centro Norte del país, con algunos datos sorprendentes como el alto volumen de solicitudes en Lombardía, la región con el mayor PIB de Italia. “La distribución ha cambiado respecto a la medida anterior [el PD implantó el conocido como REI, que fijaba asignaciones más bajas y limitadas]. En el norte también hay muchos pobres”.

La filosofía de la medida establece que cualquier núcleo familiar debe llegar a unos ingresos mínimos de 780 euros, lo que puede considerarse umbral de pobreza. "Por eso la cantidad que recibe cada no de los solicitantes admitidos varía”, señala. Normalmente llega a unos 500 euros al mes (6.000 euros al año) para un desempleado que no tenga ingresos. Solo en el caso en que la familia viva de alquiler, se le añadirán otros 280 euros.

El coste de la renta ciudadana para las arcas del Estado (ha empezado en abril) será de unos 5.000 millones de euros. Pero el año que viene aumentará hasta 7.200 millones. Una cifra criticada por la oposición, que considera imposible que, sumada a la cantidad requerida para la rebaja de la edad de jubilación, pueda conseguirse.

La media asignada es de 520 euros mensuales y la a clave de la medida, que todavía no está en funcionamiento, consiste en las tres ofertas laborales que recibe cada solicitante, cada vez más alejadas de su residencia. Cuando llega la tercera propuesta, debe aceptarse o se pierde automáticamente la renta. En algunos casos, ha llegado por casualidad. Le sucedió a Davide Gianicelli, de 29 años. Como el resto, recibió el aviso a finales de abril: 450 euros. “No tenía trabajo, estaba completamente abatido. Tenía que hacerme unas pruebas médicas que costaban mucho dinero. Lo usé para una colonoscopia, para comida y medicinas”. Ahora, cuenta, está intentando devolverlo pero todavía no sabe cómo.

La doble vertiente de la medida —asistencia y medida de empleo— no convence a algunos economistas. El profesor Mario Seminerio defiende el plan “en abstracto”. Pero cree que fracasará. “Las políticas contra la pobreza y las de empleo deben estar separadas, se basan en problemas distintos y requieren instrumentos distintos para resolverse. Han creado una gran confusión que al final no servirá a nadie. Habría bastado potenciar el REI, que se hizo tarde, escaso y mal por el PD. Y luego potenciar las políticas activas del trabajo. Pero así, habrá un gran problema para poder mantenerlas unidas. Muchas de las personas que no encontrarán empleo, seguirán haciendo sus trabajos en negro. Muchos ni lo pedirán porque les saldrá más a cuenta trabajar en negro”, señala. Las peticiones, de momento, son altas.

En Soccavo, una barriada al noroeste de Nápoles, mucha gente también lo está recibiendo, cuenta Sergio Cesarini, de 61 años. Él llevaba una década sin nómina. Algunas veces trampeó en negro, confiesa, pero básicamente vivía de la ayuda de su familia. Difícil manejarse en casa, con un hermano discapacitado y ex alcohólico. El pasado 24 de abril también recibió el SMS al móvil. Podía ir a buscar la tarjeta amarilla a la oficina de correos. Le habían asignado 499 euros mensuales. “He comprado medicinas para mi hermano, algún pantalón, comida. También he pagado recibos. Con los 100 euros he gastado 10 para ir al barbero y alguna cosa más”, explica. Cesarini es votante de izquierdas y, en su caso, la medida no hará que se incline por el M5S en las próximas elecciones. Pero reconoce que ha recuperado “cierta dignidad”. “Si hay algo bueno, no hay que tener miedo en decir que es bueno más allá de quien la haga. Pero deberían empezar con la segunda fase del plan y ofrecernos trabajo. Yo no quiero limosna, sino poder trabajar”, señala. Esa parte será la más complicada.