Desaparecidos: una prueba de fuego para el acuerdo de paz en Colombia

Hace casi dos años el Gobierno colombiano y las FARC-EP anunciaron la adopción de medidas inmediatas orientadas a buscar a las personas desaparecidas por razón del conflicto armado. Un año después se firmaba el Acuerdo Final de Paz en el teatro Colón de Bogotá.

En aquel momento compartimos el entusiasmo de cientos de familias colombianas. Ese compromiso de afrontar el drama de la desaparición respondía en parte a la insistente solicitud que hicimos desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de no esperar hasta la firma de un documento final para que tanto Gobierno como FARC se...

Hace casi dos años el Gobierno colombiano y las FARC-EP anunciaron la adopción de medidas inmediatas orientadas a buscar a las personas desaparecidas por razón del conflicto armado. Un año después se firmaba el Acuerdo Final de Paz en el teatro Colón de Bogotá.

En aquel momento compartimos el entusiasmo de cientos de familias colombianas. Ese compromiso de afrontar el drama de la desaparición respondía en parte a la insistente solicitud que hicimos desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de no esperar hasta la firma de un documento final para que tanto Gobierno como FARC se comprometieran a llevar a cabo acciones concretas para dar respuestas a las miles de víctimas del conflicto.

Hoy ese entusiasmo se ha visto sustituido por una cierta dosis de frustración, tras casi dos años en los que no se ha avanzado al ritmo que la sociedad colombiana espera y merece.

Sería injusto negar que ha habido avances en esta materia en los últimos años. Los ha habido. Colombia cuenta con una amplia legislación, con un Acuerdo de Paz que para muchos es un ejemplo ante el mundo. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas, con carácter humanitario y extrajudicial, está ya en proceso de creación. Pero no es suficiente. Más allá del papel, las víctimas necesitan cambios reales en sus vidas. 

En estos dos años se podría haber hecho mucho más. La incertidumbre continúa y para muchas personas que buscan a sus familiares, nada ha cambiado. Porque lo que esperan miles de familiares de desaparecidos en este país, más allá de acuerdos y compromisos, son avances concretos, respuestas. Tienen derecho a saber, y tanto el Gobierno colombiano como los miembros de las antiguas FARC-EP tienen la obligación de hacer todo lo posible para que las obtengan. La adopción de esas medidas inmediatas fue solo el primer paso de un largo camino que Colombia debe empezar a recorrer sin pausa y con la seriedad que amerita el dolor de tantas víctimas.

Las cifras hablan por sí solas, aunque muchos no quieran escuchar. A pesar de múltiples factores que influyen en el subregistro de este fenómeno en Colombia, hasta hoy el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC, adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses), ha registrado cerca de 130.000 casos de personas reportadas como desaparecidas en Colombia. Nos enfrentamos a un fenómeno de enormes dimensiones, que no va a solucionarse en unos años. Tomará décadas dar respuestas a los familiares de las víctimas y, lamentablemente, algunos nunca las obtendrán.

 A la vez, las necesidades de las víctimas de un conflicto armado que se extingue se suman a las de quienes siguen siendo afectados por los conflictos que perviven en Colombia con grupos como el ELN, las AGC o el EPL. Consecuencias humanitarias como la desaparición sigue siendo una realidad de la que apenas se habla, una tragedia escondida para miles de personas en este país.

Ha llegado el momento de que las víctimas del conflicto armado sean realmente una prioridad para quienes están llamados a tomar decisiones. El drama de la desaparición nos interpela como sociedad. La manera en que respondamos a este reto mostrará hasta qué punto Colombia cuenta con verdadera ambición para la implementación del Acuerdo de Paz.

Christoph Harnisch es jefe de la delegación del CICR en Colombia