El Gobierno de May presenta el proyecto de ley para activar el ‘Brexit’
El Ejecutivo británico tramita la propuesta solo dos días después de la petición del Supremo
Apenas dos días ha tardado el Gobierno de Theresa May en presentar el proyecto de ley que active la salida de Reino Unido de la UE, después de que el Tribunal Supremo fallara el pasado martes que corresponde al Parlamento, y no al Ejecutivo, iniciar dicho proceso. El Gobierno prometió un texto corto y claro, que limitara en lo posible la presentación de enmiendas, y corto y claro ha sido: 137 palabra...
Apenas dos días ha tardado el Gobierno de Theresa May en presentar el proyecto de ley que active la salida de Reino Unido de la UE, después de que el Tribunal Supremo fallara el pasado martes que corresponde al Parlamento, y no al Ejecutivo, iniciar dicho proceso. El Gobierno prometió un texto corto y claro, que limitara en lo posible la presentación de enmiendas, y corto y claro ha sido: 137 palabras divididas en dos cláusulas. Los diputados solo contarán con cinco días para debatir el texto.
El proyecto de ley solicita al Parlamento “conferir el poder a la primera ministra para notificar, bajo el artículo 50(2) del Tratado de la Unión Europea, la intención de Reino Unido de salir de la UE”. Y añade que “tendrá efecto a pesar de cualquier provisión realizada por o bajo la Ley de las Comunidades Europeas de 1972 o cualquier otra promulgación”.
La redacción es lo más concisa posible para evitar la proliferación de enmiendas con la que han amenazado los partidos de la oposición, en particular el nacionalista SNP escocés, tercera fuerza en la Cámara baja, que ha anunciado que presentará medio centenar. Los diputados contrarios a un Brexit duro -la salida completa del mercado único para poder controlar la inmigración, que es el objetivo declarado de la primera ministra- confían en utilizar las enmiendas y el escrutinio parlamentario para forzar a May a una ruptura menos radical con la UE.
Poco antes de la presentación del proyecto de ley en el Parlamento, el líder conservador de la Cámara de los Comunes, David Lidington, informaba a los diputados de que solo contarán con cinco días –una octava parte del tiempo que debatió la Cámara baja la introducción del Tratado de Maastricht en 1992- para debatir el texto: el martes 31 de enero y miércoles 1 de febrero, y el lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Después, la tramitación pasará a la Cámara de los Lores. El escaso tiempo reservado para el debate ha enfurecido a varios diputados laboristas, que consideran “un escándalo” que se dedique solo cinco días a debatir “la decisión más importante tomada en generaciones”.
El ministro del Brexit, David Davis, encargado de presentar el proyecto de ley, se mostró confiado en que “el Parlamento respetará la decisión tomada por el pueblo británico y tramitará la legislación rápidamente”. El Gobierno ha insistido en que, a pesar del revés sufrido con el fallo judicial del martes, su intención es atenerse al calendario previsto y activar el artículo 50, que abre el plazo de dos años para negociar a salida de la UE, antes del final de marzo.
La primera ministra accedió el miércoles, presionada por diputados de la oposición y de su propio partido, a publicar un documento guía que establezca sus prioridades en la negociación del Brexit, y que sirva como base para el escrutinio parlamentario del proceso. May aceptó, a pesar de recordar que la estrategia del Gobierno ya había quedado clara en el discurso que pronunció, el pasado día 17, en la Lancaster House londinense. Ayer, David Davis se negó a garantizar que dicho documento guía vaya a ser publicado antes del debate en los Comunes.
La tramitación del proyecto de ley ha vuelto a abrir un conflicto en el grupo parlamentario laborista. Varios diputados han acusado a su líder, Jeremy Corbyn, de capitular ante el Gobierno al no protestar por el corto debate previsto. El líder laborista ha insistido en que el partido no debe impedir que se realice la voluntad de los británicos, que en el referéndum dieron la victoria al Brexit por 52% a 48%. En los últimos tiempos la cúpula del partido, que defendió oficialmente la permanencia, ha decidido remar a favor del Gobierno en este tema crucial. Corbyn ha anunciado que impondrá a sus diputados el grado mayor de disciplina de voto para que aprueben la activación del artículo 50, algo que no ha gustado nada a muchos legisladores que habían anunciado su intención de oponerse. Algunos de ellos, informa The Guardian, están considerando presentar su dimisión.