Las cárceles argentinas, al límite

Las cárceles de la provincia de Buenos Aires, la mayor de Argentina —17 millones de personas en un territorio del tamaño de Italia—, están al límite. Incluso su máximo responsable, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que llegó al puesto en mayo, lo admite: hay sobrepoblación y algunas denuncias de torturas son reales, dice. Las cárceles bonaerenses y sus 33.000 presos —en teoría tenían espacio para 26.000— no dan más de sí, asume. “Encontramos un sistema penitenciario donde había deficiencias en la comida, agua potable, el sistema de salud, educación y trabajo”, añade. Por eso ha anunciado un gran plan de reforma.

EL PAÍS visitó la semana pasada una de las peores, la de Olmos, en La Plata, que resiste desde 1939 con unas instalaciones obsoletas pensadas para 2.100 personas. Allí viven 2.468 presos. Internos y empleados de la prisión tratan de sobrellevar la precaria situación con talleres de oficios y una escuela para estudiar, pero algunos sectores de este viejo complejo han alcanzado tal deterioro que recorrerlos remite a las peores películas carcelarias: la humedad y los años han devorado paredes, cables de alta tensión, hierros, camastros, colchones, celdas y pasillos. En algunas zonas el agua forma charcos que inhabilitan todo el espacio.

La sociedad argentina, inquieta con la creciente inseguridad, reclama más policías en las calles y más delincuentes en prisión, pero nadie parece preocuparse de qué pasa luego con ellos. El 50% de los presos de Buenos Aires vuelve a delinquir al salir. Y su número no para de crecer, a un ritmo de 1.600 cada año. En un país como Holanda, con los mismos habitantes que la provincia de Buenos Aires, hay 12.000 presos. Y están cerrando cárceles porque sobran. En Buenos Aires, con 33.000, el Gobierno provincial promete construir ocho prisiones nuevas. Pero en 10 años. No tiene dinero para hacerlo antes.

“Nadie quiere gastar más en las cárceles. La gente pide más policías, más detenciones. ¿Y eso cómo acaba? Con más gente en prisión. ¿Y qué hacemos con ellos? Acá tratamos de darles educación, un oficio, hacemos lo que podemos, pero esto es lo que hay”, explica Horacio Piedrabuena, jefe de la prisión de Olmos, mientras recorre sus pasillos desvencijados y sube por sus escaleras de hierro oxidado.

“Es difícil convencer a la sociedad de que hay que gastar plata en cárceles y de que hay que buscar fórmulas para que los jóvenes no entren acá, para buscar condenas con alternativas a la prisión, porque cuando entran por primera vez ya es más difícil salir de la rueda. Acá tenemos ya la tercera generación, nietos de personas que ya robaban”, remata.

Los presos tratan de apañárselas para ocupar el tiempo y además sacar algo de dinero con el que mejorar la prisión. Un grupo de 22 jóvenes de entre 18 y 21 años que vive en tres celdas conjuntas hace cisnes con papelitos para que sus familias los vendan. “Es un microemprendimiento para comprar materiales para rehabilitar el pabellón. Con esa plata pudimos poner cerámica en el piso de la ducha y queremos seguir para poner también en la pared”, explica Daniel, un interno. La cerámica es un gran lujo en Olmos. Todo es cal o yeso, las paredes se caen a pedazos a pesar de que los internos las pintan constantemente. La humedad lo invade todo.

Un plan urgente

Otros presos hacen escobas con tiras de botellas de plástico de Coca-Cola, cortando el plástico en tiras. Otros desarman ordenadores viejos para venderlos por piezas. También hay historias de superación, con presos como Ángel, que logró sacar su licenciatura de Historia. Otros logran hacerse abogados mientras están en “cana”, como se llama en Argentina a la prisión. “Urge un plan. Desde hace años las cárceles han sido olvidadas en la provincia, basta mencionar que algunas son de 1877, 1880, 1887, 1909”, argumenta Ferrari. Por eso, ha anunciado un ambicioso plan que incluye la puesta en valor del hospital penitenciario penitenciario —cerrado hace seis años— y la adaptación de edificios en desuso como nuevas cárceles.

El gran problema es la sobrepoblación, pero no el único. La violencia e incluso la tortura son frecuentes. Así lo señala un informe de la Comisión Provincial por la Memoria que preside el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Durante 2015 realizó 45 inspecciones a 28 cárceles. Denunciaron judicialmente 12.787 casos de torturas o malos tratos. Ferrari admite el problema: “Enviamos legajos del Servicio Penitenciario Bonaerense y hay 300 casos con indicios, incluso detectamos agentes que estaban en funciones y tenían condenas desde el año 2009 pero estaban trabajando. Los dimos de baja". Además aclara que este año hay “En 2015 solo hubo cuatro sanciones”, explica para defender el giro de su gestión. En otra cárcel, en Sierra Chica, murió un preso la semana pasada en una pelea con cuchillos.

Mientras la clase media exige más dureza, y algunos ciudadanos que se tomaron la justicia por su mano y mataron a asaltantes son tratados con comprensión incluso por el presidente, los funcionarios que tratan a presos lo ven de otra manera. El debate sigue abierto; lo único claro es que las cárceles de Buenos Aires no dan más de sí.