Condenados los responsables de la represión que expulsó a De la Rúa

El 20 de diciembre de 2001, el argentino Gustavo Benedetto salió del supermercado en el que trabajaba rumbo a Plaza de Mayo. Convencido de que su despido era inminente, se dirigió al centro de Buenos Aires a protestar. A las 16.28 cayó al suelo, con un disparo en la cabeza. Tenía 23 años. La misma suerte corrieron Diego Lamagna, Petete Almirón, Alberto Márquez y Gastón Riva ese mismo día, en pleno estallido social por la crisis del corralito sufrida bajo la gestión de Fernando de la Rúa, la más dura de la reciente historia democrática argentina. Casi 15 años después, un tribunal condenó a los responsables de estos crímenes, encabezados por el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov y el antiguo jefe de la Policía Federal Rubén Santos.

El Tribunal Oral Federal 6 sentenció a Mathov a cuatro años y nueve meses de cárcel al hallarlo culpable del homicidio culposo de tres de los manifestantes, tres tentativas de homicidios y lesiones culposas y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante nueve años. Santos fue condenado a cuatro años de cárcel e inhabilitado por ocho, mientras que otros siete policías recibieron penas de entre 3 y 6 años de cárcel y cinco más fueron absueltos. Aunque la legislación argentina prevé que las condenas de más de tres años son no excarcelables, ninguno irá a la cárcel por el momento, ya que la sentencia aún no es firme.

"Por primera vez, el Poder Judicial consideró que los funcionarios políticos son penalmente responsables de las consecuencias que tiene la orden de reprimir una protesta social", expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales en un comunicado. "La condena a uno de los responsables políticos y a tres encargados de la conducción de la Policía Federal Argentina expresa que el tribunal consideró que las fuerzas de seguridad no son autónomas: tienen una conducción política que debe responder por los efectos de su accionar y por el uso de la fuerza que se realiza en los operativos. Al mismo tiempo, el veredicto ratifica que la declaración del Estado de sitio no puede ser considerada un cheque en blanco para la represión", agregó el organismo defensor de los derechos humanos.

La querella fracasó en su intento de sentar a  De la Rúa en el banquillo de los acusados por decisión de la Justicia, que consideró que el mandatario actuó legítima y constitucionalmente al declarar el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001, en medio de protestas ciudadanas por el secuestro de los ahorros en los bancos -el llamado corralito- decretado por el Gobierno para frenar la salida de capitales y la quiebra bancaria. Esa misma noche, miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo al grito de "Que se vayan todos" y fueron dispersadas con gases lacrimógenos. Un día después, la policía endureció la represión contra los manifestantes que se congregaban en los alrededores de la sede del Ejecutivo argentino. Cinco de ellos fueron asesinados y 117 sufrieron heridas de diversa consideración.

Los enfrentamientos entre la policía y opositores al Gobierno radical tuvieron su epicentro en las cercanías de la Casa Rosada, pero se replicaron en numeras ciudades de todo el territorio. En total, 39 personas murieron durante el estallido social, que finalmente provocó la renuncia de De la Rúa en la noche del 20 de diciembre, cuando abandonó la Casa Rosada en helicóptero. La dimisión del jefe de Estado hizo cesar las protestas en la capital argentina, pero la crisis institucional se mantuvo: en una sola semana se sucedieron cinco presidentes.