Macri promete acabar con los cortes de calles: "Si no se van los sacamos"

Una de las cosas que más sorprenden a las personas que viajan a Argentina es la facilidad y la frecuencia con la que un pequeño grupo de personas corta las principales calles y autopistas de Buenos Aires durante horas por distintas reivindicaciones. La policía les observa, negocia, pero nunca utiliza la violencia, mientras los automovilistas atrapados se desesperan. Algo impensable en España y en general en Europa, donde cortar una avenida principal sin previo aviso suele ser garantía de cargas policiales. Esta pasividad tiene una explicación histórica y política: el largo reguero de muertos que dejaron en el pasado las represiones policiales.

Desde la llegada al poder de Néstor Kirchner, en 2003, la policía tiene órdenes expresas de no actuar. Hasta ahora. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo ha dejado muy claro: “Les vamos a dar cinco o diez minutos. Les vamos a pedir por favor que se echen al costado. Si no se corren, los sacamos”. Bullrich, una ministra con imagen de dura y un largo recorrido político desde sus orígenes en la izquierda, ha aprobado un protocolo para la policía que por primera vez da órdenes claras: se desalojará por la fuerza con “armas no letales”. Pero no se prohíbe a los agentes que lleven las otras.

Este tipo de medidas son arriesgadas en cualquier país, pero en Argentina tienen consecuencias mucho más imprevisibles por la fortaleza de los sindicatos peronistas y la cultura de protesta callejera que está muy instalada. Antes y después de la victoria de Mauricio Macri, frente al ministerio de Trabajo, en una de las principales avenidas de Buenos Aires, la Leandro N. Alem, prácticamente a diario se corta la calle a media tarde y se queman contenedores para protestar por despidos o exigir mejoras salariales.

La orden política es clara. Macri no quiere más cortes de calles. Pero lograrlo es toda una odisea. “La instrucción que tengo del presidente es que quiere que no haya más cortes, que la gente pueda llegar a su trabajo o al hospital tranquilo”, explicó la ministra. La aprobación del protocolo llegó poco después de que grupos organizados de kirchneristas bloquearan durante horas Buenos Aires y otros puntos del país con 200 cortes simultáneos para exigir el excarcelamiento de Milagro Sala, una dirigente social que lleva más de un mes en prisión. La policía no actuó y los cortes se levantaron cuatro horas después, con monumental colapso de tráfico. A partir de ahora la política cambia pero la ministra admite que no será fácil. “No lo vamos a lograr de un día para otro. Si nos pasa lo de ayer no podemos dejar a todas las ciudades sin policías para ir a 200 cortes, estaríamos dejando a la gente indefensa. Vamos a ir generando las condiciones para que esto cada vez se realice menos”, explicó.

Sin embargo, este asunto genera una gran preocupación por los antecedentes de la policía argentina. En la represión de las protestas de 2001 hubo 39 muertos, y otros dos fallecidos muy simbólicos en 2002 acabaron con el adelanto electoral y la llegada de Kirchner al poder. Paula Livachky, directora del área de Justicia del CELS, un organismo de derechos humanos muy respetado en Argentina, muestra su gran inquietud: “Nos preocupa el mensaje que se le da a la policía, se está habilitando claramente el uso de la fuerza. Además el protocolo no prohíbe expresamente el uso de armas de fuego. Se criminaliza la protesta, se considera un delito el corte de calles y se invita a la detención de personas. Argentina estaba a la vanguardia y era observada por muchas organizaciones porque protegía el derecho a la protesta. Además el protocolo prevé un corralito para el periodismo que limitará el control de la actuación policial. Tememos que esto alimente un espiral de violencia, el Estado lo que debería hacer es reducirla y no aumentarla”, explica. Todos los ojos están puestos ahora en la policía y los sindicatos para ver qué hacen en la próxima protesta.