El sudeste de Asia elude abordar las causas del problema rohingya
La hoja de ruta no menciona la negativa de Birmania a reconocerles la nacionalidad
La reunión de Bangkok sobre el problema de los rohingya ha concluido con una declaración llena de buenas palabras pero pocos compromisos concretos. Y que hace poco por eliminar la raíz del problema, el rechazo del Gobierno birmano a reconocerles la ciudadanía. Un problema que tiene pocos visos de solución, y menos todavía hasta que se celebren las elecciones en Birmania, previstas para este otoño.
La declaración del encuentro, en el que participaron 17 países y organismos internacion...
La reunión de Bangkok sobre el problema de los rohingya ha concluido con una declaración llena de buenas palabras pero pocos compromisos concretos. Y que hace poco por eliminar la raíz del problema, el rechazo del Gobierno birmano a reconocerles la ciudadanía. Un problema que tiene pocos visos de solución, y menos todavía hasta que se celebren las elecciones en Birmania, previstas para este otoño.
La declaración del encuentro, en el que participaron 17 países y organismos internacionales, incluido Birmania, incluye un acuerdo para intensificar las operaciones de búsqueda y rescate de los cerca de 2.000 refugiados que la ONU calcula que aún se encuentran en barcos a la deriva en la bahía de Bengala o el mar de Andamán. Cerca de otros 4.000 han llegado a las costas de Malasia e Indonesia y ambos países se han comprometido a acogerlos a ellos y los que aún están en el mar de manera temporal durante un año.
Acerca de las causas del problema, los países se comprometen a promover el desarrollo de las áreas de origen de los refugiados y “promover el completo respeto de los derechos humanos y el acceso de la gente a los derechos básicos y servicios como la vivienda, la educación y la sanidad”.
En opinión de Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, “no es suficiente”. “Problemas específicos de la cuestión rohingya, como la falta de ciudadanía, la falta de libertad de movimiento, no se abordan”, apunta en conversación telefónica desde Bangkok. Aunque se apueste por el desarrollo y por invertir importantes sumas de dinero en el estado birmano de Rakhine y otras zonas donde habita esta minoría de 1,3 millones de personas, “no es tan simple. El desarrollo necesita derechos para poder funcionar de manera efectiva”.
Eso suscita el temor de las organizaciones pro derechos humanos a que, aunque se resuelva el problema inmediato de aquellos que ya están en el mar, todo continúe igual o peor para esta minoría. Y que en unos meses vuelvan a salir barcos llenos de refugiados, que ya no sean acogidos por los países vecinos.
Pero en lo que respecta a los derechos de los rohingya, el Gobierno birmano no quiere ceder y es improbable que lo haga antes de las elecciones, que en principio se celebrarán a finales de octubre o principios de noviembre. Esa minoría, de religión musulmana, es muy impopular en una Birmania de mayoría budista y donde hace apenas dos días se celebró una manifestación en la que participaron centenares de personas contra ellos en Rangún, la principal ciudad del país. Naypyidaw considera a los rohingya inmigrantes ilegales llegados de Bangladés, aunque se encuentren asentados allí desde hace generaciones.
El censo detallado birmano, publicado este viernes, no incluye a los rohingya
Esa animadversión viene de lejos. Ya la ley de 1982 sobre ciudadanía les privó de nacionalidad. Como resultado, sus derechos a la educación, la propiedad o la salud son muy limitados. Y aunque el Gobierno de Thein Sein ha recibido alabanzas en el exterior por sus reformas, desde el comienzo de su mandato en 2011 la situación de esa comunidad ha empeorado aún más. En 2012 comenzó una ola de violencia entre budistas y musulmanes, que continuó en 2013 y 2014 y que ha dejado cerca de 140.000 desplazados rohingya y casi 300 muertos.
El año pasado el Ejecutivo anunció un Plan de Acción sobre Rakhine cuyo contenido no se ha revelado pero que se teme que perjudique todavía más a esta minoría. A comienzos de este año se les privó del único documento de identidad con que contaban, y la semana pasada se aprobó una ley sobre natalidad que obliga a las mujeres a espaciar los embarazos como mínimo 36 meses y que las organizaciones defensoras de los derechos humanos temen que se dirija contra las minorías. El censo detallado birmano, publicado este viernes, no incluye a los rohingya.
Contra esta situación ni siquiera se ha manifestado Aung San Suu Kyi, la líder de la oposición birmana. Con las elecciones pendientes, y la perspectiva de poder participar, la premio Nobel de la Paz y otrora símbolo de la lucha por los derechos humanos en Birmania ha mantenido un llamativo silencio sobre el tema, pese a los llamamientos de personalidades como el dalái lama. “Ni siquiera Aung San Suu Kyi quiere hablar sobre el tema, lo está evitando, y es una lástima. Alguien con su estatura moral podría decir mucho en favor de los rohingya”, apunta Robertson.