Turquía profundiza la purga de policías, fiscales y jueces
Los jefes de Policía de 27 de las 81 provincias del país han sido apartados de sus cargos
El Gobierno turco ha profundizado este jueves su purga en los cuerpos de seguridad y en la Judicatura y ha relevado de sus puestos a los jefes de Policía de 27 de las 81 provincias del país. También han sido apartados de sus cargos tres subdirectores del Departamento Nacional de Policía y unos 50 oficiales del servicio de Inteligencia policial. En lo que llevamos de semana, otros 85 agentes de policía han sido también reasignados a otros puestos sólo en Estambul, según ha informado la prensa local.
Además, hace dos días el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales (HSYK, en sus siglas turcas...
El Gobierno turco ha profundizado este jueves su purga en los cuerpos de seguridad y en la Judicatura y ha relevado de sus puestos a los jefes de Policía de 27 de las 81 provincias del país. También han sido apartados de sus cargos tres subdirectores del Departamento Nacional de Policía y unos 50 oficiales del servicio de Inteligencia policial. En lo que llevamos de semana, otros 85 agentes de policía han sido también reasignados a otros puestos sólo en Estambul, según ha informado la prensa local.
Además, hace dos días el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales (HSYK, en sus siglas turcas) también relevó de sus puestos a 166 magistrados, incluyendo al fiscal que supervisaba la investigación sobre la supuesta corrupción en el Gobierno, por lo que analistas y partidos en la oposición entienden que el propio Ejecutivo ha motivado esta decisión del HSYK.
En total, más de 6.000 policías y cerca de 300 fiscales y jueces han sido relevados de sus puestos desde que el 17 de diciembre pasado se hiciera pública una gran investigación sobre supuesta corrupción en el Gobierno. Ese día, fueron detenidas decenas de personas cercanas al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, entre ellas los hijos de tres ministros, que posteriormente dimitieron, y el presidente de un banco de propiedad pública.
Erdogan y su gabinete han acusado a los seguidores del clérigo islámico Fetullah Gulen, establecido en Estados Unidos desde 1999, de estar detrás de esta investigación con el único objetivo de dañar al Gobierno turco.
La figura de Gulen, antiguo aliado de Erdogan y hoy enfrentado políticamente al primer ministro, ejerce una gran influencia en un movimiento de fieles en Turquía que, según expertos y el propio Gobierno, habrían infiltrado los servicios de Policía y de Inteligencia y la Judicatura. En este sentido, las purgas de las últimas semanas irían encaminadas a eliminar la influencia de los gulenistas en estos cuerpos del Estado.
“Turquía ya no es un país que pueda ser gobernado desde el exterior. Eso ya es historia. Sería mejor que vinieran a Turquía y que lidiaran con estos temas mediante la política”, dijo Erdogan, en referencia a Gulen, el pasado día 11 en el Parlamento turco.
El primer ministro insistió en que no va a cesar en su lucha contra este supuesto “Estado paralelo” formado por los gulenistas y aseguró que su Gobierno hará todo lo necesario en esta “guerra de la independencia" contra los traidores y enemigos de la “Nueva Turquía”, según lo citó el periódico Hurriyet Daily News.
Leyes para hacer la guerra política
El enfrentamiento entre el Gobierno de Erdogan y los seguidores de Gulen en Turquía no se queda ahí. El AKP, el partido del primer ministro, va a volver a presentar al Parlamento una polémica propuesta de ley que daría al Gobierno más control sobre el HSYK y sobre los tribunales que se encargan de los casos de terrorismo y corrupción, según ha publicado la prensa local esta semana.
El mes pasado, el Gobierno había cesado en sus intentos de que la Cámara aprobara esta nueva norma, que había recibido duras críticas porque el HSYK ya fue reformado hace sólo tres años para adecuarlo a los estándares de la Unión Europea (UE), mientras que la nueva ley lo alejaría de lo exigido por la UE.
Expertos y la oposición también entienden en clave de esta guerra política la reciente aprobación parlamentaria de otra ley que, cuando entre en vigor, permitirá al Gobierno bloquear el acceso a páginas web sin necesidad de autorización judicial.
Esta norma, que ha provocado el regreso de las protestas a las calles de Estambul, ha sido aprobada en un momento en el que habían aparecido en internet varias grabaciones que presuntamente apoyarían la supuesta corrupción en algunos cargos en el Gobierno.
Además, en los últimos días también habían sido publicadas en páginas web otras grabaciones que supuestamente mostrarían los intentos de Erdogan de controlar lo que aparecía en algunos medios de comunicación turcos durante las multitudinarias protestas contra su Gobierno el verano pasado.