Israel deniega la excarcelación a dos presos palestinos al borde de la muerte
Los dos huelguistas se niegan a comer desde hace 69 días para protestar por su encierro sin cargos
Una nueva decisión de la justicia israelí amenaza con incendiar los territorios palestinos. El Supremo ha rechazado la petición de liberación de dos presos palestinos, en huelga de hambre desde hace 69 días; un veredicto que defensores de los derechos de los reos consideraron “una condena a muerte” para los detenidos. Durante su audiencia ante la justicia el jueves pasado, Bilal Diab y Thaer Halahla, supuestos miembros de la Yihad islámica, comparecieron en silla de ruedas, visiblemente debilitados. Diab se desmayó durante la vista y tuvo que ser trasladado al hospital.
Al menos un terc...
Una nueva decisión de la justicia israelí amenaza con incendiar los territorios palestinos. El Supremo ha rechazado la petición de liberación de dos presos palestinos, en huelga de hambre desde hace 69 días; un veredicto que defensores de los derechos de los reos consideraron “una condena a muerte” para los detenidos. Durante su audiencia ante la justicia el jueves pasado, Bilal Diab y Thaer Halahla, supuestos miembros de la Yihad islámica, comparecieron en silla de ruedas, visiblemente debilitados. Diab se desmayó durante la vista y tuvo que ser trasladado al hospital.
Al menos un tercio de los 4.600 presos palestinos encerrados en cárceles israelíes declararon una huelga de hambre hace 20 días para protestas por las condiciones de su encierro y sobre todo para denunciar las llamadas detenciones administrativas, en virtud de las cuales 308 palestinos permanecen detenidos sin cargos desde hace meses. Es el caso de Diab (27 años) y Halahla (34), los dos presos a los que el Supremo ha denegado la excarcelación y que llevan en prisión diez y 22 meses respectivamente.
Israel alega que en muchas ocasiones no es posible hacer públicos los cargos de los que se acusa a los detenidos ni las pruebas de las que dice disponer porque podría poner en peligro la vida de los delatores. Asegura además que los detenidos suponen una amenaza para la seguridad de Israel. Instituciones como la Unión Europea han criticado sin embargo en el pasado el “uso excesivo” de esta figura legal israelí, que según la legislación internacional debería aplicarse en casos muy excepcionales y para prevenir un daño que no pudiera prevenirse de otro modo.
Israel alega que no es posible hacer públicos los cargos porque podría poner en peligro la vida de los delatores
La huelga de hambre de los presos ha despertado una nueva oleada de protestas entre los defensores de la causa palestina. Las concentraciones frente a las cárceles se vuelven cada vez más frecuentes, así como los choques con los soldados israelíes que se emplean a fondo para dispersarlas. En las principales ciudades palestinas se han instalado tiendas de campaña en solidaridad con los presos y en Gaza, Hamás y la Yihad islámica han defendido la captura de soldados israelíes como vía para lograr la liberación de presos palestinos en canjes de reos.
Asociaciones de defensa de los presos tanto palestinas como israelíes denuncian que los huelguistas no reciben la atención hospitalaria necesaria y dicen temer por su vida. La israelí Médicos por los derechos Humanos, que sigue muy de cerca el caso de Diab y Halahla, consideraron la decisión judicial “una sentencia a muerte”. En su decisión el Supremo expresó su preocupación por el deterioro de la salud de los presos y pasó la pelota a las autoridades militares, que podrían aplicar una cláusula que permite la liberación de enfermos terminales o cuya salud corra el riesgo de empeorar durante su estancia en prisión.
En los últimos meses, Israel liberó a dos presos –un hombre y una mujer- después de una prolongada huelga de hambre. La victoria de los reos animó al resto de la población carcelaria que ha encontrado en el ayuno una nueva arma de resistencia frente al enemigo israelí. Adameer, la asociación palestina que presta ayuda legal a muchos de los presos denuncia que las autoridades penitenciarias han puesto en marcha una campaña de represalias para los huelguistas a los que aseguran se les priva de visitas, acceso a abogados y todo tipo de bienes personales. A algunos se les confina incluso a celdas de aislamiento, según Adameer.