La Sociedad Interamericana de Prensa acusa a Morales de abuso de poder

"Nos encontramos ante un abuso de poder que restringe la libertad de prensa y el criterio editorial de los medios". Así ha criticado hoy el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, el proyecto de ley del Gobierno de Evo Morales que obligará a emisoras de radio y televisión privadas a transmitir de forma gratuita los discursos del presidente.

Para Marroquín, este tipo de imposiciones le da una licencia al Gobierno para emitir "propaganda sin límite". Destacó que en los países donde "reina el Esta...

"Nos encontramos ante un abuso de poder que restringe la libertad de prensa y el criterio editorial de los medios". Así ha criticado hoy el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, el proyecto de ley del Gobierno de Evo Morales que obligará a emisoras de radio y televisión privadas a transmitir de forma gratuita los discursos del presidente.

Para Marroquín, este tipo de imposiciones le da una licencia al Gobierno para emitir "propaganda sin límite". Destacó que en los países donde "reina el Estado de derecho" solo se contempla como obligatorios aquellos mensajes que sean "útiles y de interés público", como en casos de seguridad nacional, conmoción interna o emergencia sanitaria.

Marroquín también ha lamentado que se "sigan promoviendo leyes restrictivas de la libertad de expresión en varios países sudamericanos", en referencia a Venezuela y Ecuador.

Asimismo, la SIP ha expresado su preocupación por otras iniciativas legislativas de Bolivia que prohibirían a los medios entrevistar u opinar sobre la próxima elección de magistrados en octubre. Se trata de la reforma a la Ley del Régimen Electoral, en la que en un artículo se prohíbe a los magistrados aspirantes al Poder Judicial conceder entrevistas, emitir opiniones, participar en medios radiales, televisivos o escritos, y hacer proselitismo político tres meses antes de los comicios.

La reforma, que se debate en el Congreso, pretende eliminar esas restricciones para las elecciones de magistrados del próximo 16 de octubre, así como sanciones contra los medios que divulguen ese tipo de información, opiniones o propaganda.