El expresidente Portillo sale absuelto de robar 10 millones de Guatemala
La Fiscalía anuncia que recurrirá la sentencia, que no dio valor a los testigos
La absolución por delitos de corrupción de Alfonso Portillo, quien gobernó Guatemala del 14 de enero de 2000 a la misma fecha de 2004, hizo aflorar sentimientos encontrados en este país centroamericano que, 15 años después de firmada la paz que puso fin a una sangrienta guerra de guerrillas de casi 40 años, sigue profundamente dividido.
Portillo y dos de los ministros de su Gobierno, Eduardo Arévalo Lacs (Defensa) y Manuel Maza Castellanos (Hacienda), estaban acusados de apropiación de fondos públicos (peculado). Los tres fueron acusados por la Fiscalía de haberse apropiado de 120 millo...
La absolución por delitos de corrupción de Alfonso Portillo, quien gobernó Guatemala del 14 de enero de 2000 a la misma fecha de 2004, hizo aflorar sentimientos encontrados en este país centroamericano que, 15 años después de firmada la paz que puso fin a una sangrienta guerra de guerrillas de casi 40 años, sigue profundamente dividido.
Portillo y dos de los ministros de su Gobierno, Eduardo Arévalo Lacs (Defensa) y Manuel Maza Castellanos (Hacienda), estaban acusados de apropiación de fondos públicos (peculado). Los tres fueron acusados por la Fiscalía de haberse apropiado de 120 millones de quetzales (unos 10 millones de euros) en 2001. El fraude, no obstante, es mucho mayor, de acuerdo a lo revelado en el juicio. Según el análisis de los peritos de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) el desfalco asciende, solo en el Ministerio de Defensa, a 471 millones de quetzales (43,2 millones de euros). El exmandatario no pudo ser enjuiciado por el monto total debido a que, cuando se solicitó su extradición de México (a donde huyó tras ser despojado de su inmunidad en calidad de diputado al Parlamento Centroamericano en 2005), "sólo se le imputó una malversación de 120 millones".
Los argumentos de la Fiscalía no convencieron al tribunal, integrado por tres mujeres. Dos de ellas, Coralia Hernández y Patricia Vela, se pronunciaron porque las pruebas y los testimonios en contra de los acusados carecían de "valor probatorio", ante la dudosa honorabilidad de los testigos. Solo Morelia Ríos, quien presidió la audiencia, consideró que los argumentos de la acusación eran válidos.
El tribunal ordenó la puesta en libertad para los tres, aunque Portillo continúa pendiente de dos procesos de extradición solicitados por los Gobiernos de Estados Unidos y Francia, donde tiene juicios abiertos por lavado de dinero. En el primer caso, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara pertinente la petición de las autoridades estadounidenses, será el Tribunal Constitucional el que deberá resolver. La Fiscal General, Claudia Paz y Paz, quien abandonó la sala visiblemente contrariada nada más conocerse el veredicto, anunció en breves declaraciones a la prensa que recurrirá la sentencia.
El mandato de Alfonso Portillo se caracterizó por el enfrentamiento con los poderes tradicionales, extremo que le valió el apoyo de grandes sectores de la población. Pero al terminar su presidencia y ser despojado de la inmunidad que le daba su pertenencia al Parlamento Centroamericano, empezaron a llover acusaciones de corrupción en su contra. Huyó a México el 18 de febrero de 2004. Fue extraditado a Guatemala en 2008. Quedó el libertad provisional tras el pago de una fianza de un millón de quetzales (unos 84.000 euros), pero en enero de 2010 el Gobierno estadounidense solicitó su extradición por el delito de lavado de dinero y fue capturado en el Caribe guatemalteco cuando se disponía a huir hacia Belice.
Su vida tiene capítulos muy oscuros. El más destacable, la muerte a tiros de dos estudiantes de Chilpancingo, en el Estado mexicano de Guerrero. Una de las múltiples versiones apunta a que en una noche de borrachera llegaron a las manos. Portillo salió mal parado. Furioso, fue a su casa a buscar un revólver y volvió para matarlos. Después, huyó al Distrito Federal para evitar la cárcel. Según el exmandatario, quien admitió públicamente los hechos, actuó en "defensa propia".