Los jesuitas de la UCA salvadoreña denuncian que la masacre de 1989 continúa impune
El jesuita español José María Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, denunció ayer en conferencia que el Estado salvadoreño es responsable de que la masacre de seis de sus sacerdotes (rectores y profesores universitarios), también miembros de la Compañía de Jesús, perpetrada en 1989 por una unidad especial del Ejército, aún permanezca impune.
Tojeira aseguró que el pasado 11 de marzo hubo en Washington una "reunión de trabajo" en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "en la que el Estado salvadoreño evidenció que no ha cumplid...
El jesuita español José María Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, denunció ayer en conferencia que el Estado salvadoreño es responsable de que la masacre de seis de sus sacerdotes (rectores y profesores universitarios), también miembros de la Compañía de Jesús, perpetrada en 1989 por una unidad especial del Ejército, aún permanezca impune.
Tojeira aseguró que el pasado 11 de marzo hubo en Washington una "reunión de trabajo" en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "en la que el Estado salvadoreño evidenció que no ha cumplido en nada las recomendaciones que [la CIDH] emitió en 1999 y que consistían en investigar, identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de los jesuitas Ignacio Ellacuría [rector de la UCA], Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Joaquín López y López y Juan Ramón Moreno, así como de sus empleadas Julia Elba Ramos y Celina Ramos". Tojeira aseveró que han pasado nueve años desde que se dictaron aquellas recomendaciones, pero el Estado no ha realizado avance alguno. "Creo que los familiares de los sacerdotes que eran españoles —Ellacuría, Montes, Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno— están perdiendo la paciencia por la impunidad local y podrían llevar el juicio a tribunales españoles", advirtió Tojeira.
Por su parte, el abogado Benjamín Cuéllar, representante de las víctimas ante la CIDH, cuestionó la moral y la ética del Estado salvadoreño por haber nombrado como su representante o "agente estatal" al abogado Carlos Méndez Flores, que defendió a los acusados materiales e intelectuales del asesinato de los jesuitas.
La UCA achaca la responsabilidad de la masacre al entonces presidente, Alfredo Cristiani, y a su ministro de Defensa Humberto Larios, por omisión y encubrimiento, mientras que acusa a altos oficiales del Ejército como los autores intelectuales de la ejecución de los jesuitas, a quienes consideraban colaboradores de la guerrilla.