La pena capital divide a Guatemala

La decisión del Congreso guatemalteco, que la pasada semana votó mayoritariamente para devolver al presidente de la República la potestad del indulto como último recurso para salvar la vida de los condenados a muerte, vuelve a poner en vigor una pena que, aunque contemplada en la Constitución, no se aplicaba en el país centroamericano desde que, en el año 2000, el entonces mandatario, Alfonso Portillo, promovió la eliminación de esa figura legal por considerar que atentaba contra la independencia de poderes.

Tal decisión impidió que en Guatemala se pusiera en práctica la máxima pena en ...

La decisión del Congreso guatemalteco, que la pasada semana votó mayoritariamente para devolver al presidente de la República la potestad del indulto como último recurso para salvar la vida de los condenados a muerte, vuelve a poner en vigor una pena que, aunque contemplada en la Constitución, no se aplicaba en el país centroamericano desde que, en el año 2000, el entonces mandatario, Alfonso Portillo, promovió la eliminación de esa figura legal por considerar que atentaba contra la independencia de poderes.

Tal decisión impidió que en Guatemala se pusiera en práctica la máxima pena en los últimos ocho años, a pesar de que en la actualidad hay 41 reos condenados a muerte; de ellos, en sólo 21 casos existe sentencia en firme.

La nueva ley establece que, una vez agotados todos los recursos, el reo que sea condenado a la pena capital podrá pedir que se le conmute por la del máximo tiempo de prisión —50 años— en los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que sea firme la sentencia. Añade que el presidente tendrá que estudiar ineludiblemente todas las solicitudes y resolverlas en un plazo de 30 días. De lo contrario, la petición "se tendrá por denegada tácitamente".

Las reacciones no se han hecho esperar. El rechazo más contundente ha llegado del arzobispo primado de Guatemala, el cardenal Rodolfo Quezada Toruño, quien en una entrevista publicada el sábado por el matutino local Prensa Libre calificaba la decisión del Congreso (legislativo, unicameral) como una "vergüenza". "Son unos irresponsables. Estamos volviendo a los tiempos de Nerón", advirtió.

Añade que la nueva ley, promovida por el Partido Patriota (PP, del general Otto Pérez Molina, que quedó en segundo lugar en las elecciones del pasado noviembre y centró su campaña presidencial en el lema mano dura), es una suerte de demagogia: "Esto se llama demagogia poselectoral. Es satisfacer de una manera incorrecta la justa indignación de los familiares de las víctimas (…). Resulta muy difícil distinguir entre justicia y venganza. Si la justicia fuera ecuánime y pareja, sin autoamnistías, más de algún personaje de nuestra historia pasada y reciente hubiera pasado por la cámara letal", dijo Quezada Toruño.

A las voces de protesta de organizaciones humanitarias locales se sumó, inmediatamente después de conocerse la noticia, Amnistía Internacional (AI), que recordó al presidente, el socialdemócrata Álvaro Colom, que el pasado diciembre Guatemala votó en la ONU a favor de una eliminación progresiva de la pena de muerte. Desde Costa Rica, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional asegura que la decisión del Legislativo guatemalteco va en contra de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocida como Pacto de San José y solicitó al mandatario el veto a la nueva ley, "como una clara señal de su compromiso con los derechos del hombre".

La población, agobiada por una ola de crímenes que ya ha dejado más víctimas mortales que la guerra civil, tiene una percepción diferente. En una encuesta telefónica realizada por Prensa Libre, el 97,4% de los 7.565 lectores que expresaron su opinión respondió que la pena de muerte puede ser eficaz para combatir la inseguridad ciudadana.

Las cifras ayudan a comprender esta actitud. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Gobernación (Interior), 5.885 personas murieron asesinadas en el país durante 2006. Los números de 2007, aunque menores, son absolutamente inaceptables: 4.620 víctimas.

Lo más dramático es la impunidad. Sólo dos de cada 100 casos son investigados y éstos raramente llegan a los tribunales, porque ni la policía ni la fiscalía se muestran capaces de aportar las pruebas necesarias para que un juez pueda dictar sentencias condenatorias.

En ese contexto, el presidente Colom, que necesita ofrecer una imagen de firmeza ante una criminalidad que puede dar al traste con sus planes de Gobierno, ha asegurado que asume la responsabilidad: "Mi postura siempre ha sido muy clara y es que la ley se debe aplicar". Y puntualiza que "estaría fuera de lugar que una determinación presidencial pase por encima de una decisión colegiada de los jueces", extremo que aleja la posibilidad de que pueda aplicar algún indulto. El diputado Mario Taracena, jefe del grupo parlamentario del partido de Gobierno, abundó en el tema: "El mandatario no va a decidir quién vive ni quién muere. Tan sólo va a respetar la sentencia de los jueces, ya que no tiene por qué pasar por encima de ellos", dijo a la prensa local.

Entretanto, las autoridades del Sistema Penitenciario ya han iniciado los trabajos de remodelación de la cámara donde se aplicará la inyección letal, el sistema con que se quita la vida a los condenados, ubicado en la Granja Penal de Pavón, la cárcel más grande de Guatemala. El centro ha permanecido abandonado desde junio de 2000, cuando fue ejecutado Tomás Cerraté Hernández, tras ser encontrado culpable del secuestro y asesinato de una octogenaria. En las paredes de la capilla todavía puede leerse "Que Dios guarde mi alma", escrito por Cerraté minutos antes de ser ejecutado.