Cuatro asesores de Bush participaron en la decisión de destruir las cintas de interrogatorios de la CIA
Entre ellos se encontraba Alberto R. Gonzales que se convirtió en fiscal general del Estado
Al menos cuatro asesores jurídicos de Bush participaron en una reunión con la CIA para decidir sobre la destrucción de las cintas donde se mostraban supuestas torturas a miembros de Al Qaeda, han revelado al New York Times fuentes oficiales de la inteligencia norteamericana.
Los agentes en activo que han informado al diario neoyorkino indican que oficiales de la Casa Blanca estuvieron involucrados en los debates que precedieron a la destrucción de las cintas comprometidas en noviembre del año 2005, que contenían dos grabaciones en vídeo de interrogatorios a dos miembros de Al Qae...
Al menos cuatro asesores jurídicos de Bush participaron en una reunión con la CIA para decidir sobre la destrucción de las cintas donde se mostraban supuestas torturas a miembros de Al Qaeda, han revelado al New York Times fuentes oficiales de la inteligencia norteamericana.
Los agentes en activo que han informado al diario neoyorkino indican que oficiales de la Casa Blanca estuvieron involucrados en los debates que precedieron a la destrucción de las cintas comprometidas en noviembre del año 2005, que contenían dos grabaciones en vídeo de interrogatorios a dos miembros de Al Qaeda donde se veía a agentes de la CIA practicando duras técnicas de interrogatorio a sospechosos de terrorismo. Imágenes, que según el director de la CIA, Michael Hayden, "carecían de valor para el espionaje", pero que en realidad involucraría a varios agentes al haber sido públicos los interrogatorios que contenían métodos de tortura como el llamado waterboarding (obligar a alguien a tragar agua con la nariz tapada hasta que la sensación de ahogo sea insoportable).
Según publica el Times, entre los nombres que participaron en esas conversaciones y pudieron decidir sobre la eliminación de las cintas, se incluyen Alberto R. Gonzales, quien luego sirvió a la Casa Blanca como fiscal general hasta principios de 2005; David S. Addington, quien fue consejero del vicepresidente Dick Cheney; John B. Bellinger III, que estuvo hasta enero de 2005 en el Consejo Nacional de Seguridad como abogado en jefe; y Harriet E. Miers, que sucedió a Gonzales como consejera jurídica de la Casa Blanca.
Las fuentes señalan que todos estos altos cargos habrían tenido conocimiento de informes previos que chocaban con la tesis de la destrucción. Se trataría de documentos redactados por varios miembros de la administración norteamericana durante el 2005 e indicando que nadie en la Casa Blanca había expresado su apoyo a la destrucción de los vídeos.
Asimismo, la información facilitada al New York Times ofrece nuevos detalles sobre el papel que jugó José A. Rodríguez Jr. durante esas conversaciones, quien es el principal sospechoso de destruir las cintas al ser entonces jefe de la Dirección de Operaciones de la CIA, el departamento más secreto de la agencia. Antes de llevarse a cabo la eliminación de los vídeos, Rodríguez Jr. podría haber recibido una confirmación legal de dos abogados de la CIA, Steven Hermes y Robert Eatinger, que aseguraron que el deshacerse de las grabaciones no violaba la ley.