El estado de California, incapaz de ejecutar a un reo por la negativa del personal médico
Aplazada indefinidamente la ejecución de una condena a muerte ante el debate nacional sobre la objeción de conciencia de médicos y anestesistas, introducidos en el caso por la defensa del condenado
Michael Morales ha vuelto a escapar de la muerte en la prisión de San Quintín, en bahía de San Francisco, en California. Morales, que fue condenado a muerte en 1983 por torturar, violar y asesinar a una joven de 17 años en 1981, y su equipo legal, han conseguido detener su ejecución involucrando al colectivo médico. Hoy, la prisión ha decidido cancelar de manera indefinida su ejecución al ser incapaz de encontrar a personal médico para que participe en ella.
El caso es peculiar, ya que a la campaña de los activistas contra la pena de muerte que es habitual en este tipo de ejecuciones se...
Michael Morales ha vuelto a escapar de la muerte en la prisión de San Quintín, en bahía de San Francisco, en California. Morales, que fue condenado a muerte en 1983 por torturar, violar y asesinar a una joven de 17 años en 1981, y su equipo legal, han conseguido detener su ejecución involucrando al colectivo médico. Hoy, la prisión ha decidido cancelar de manera indefinida su ejecución al ser incapaz de encontrar a personal médico para que participe en ella.
El caso es peculiar, ya que a la campaña de los activistas contra la pena de muerte que es habitual en este tipo de ejecuciones se ha sumado en esta ocasión el debate abierto de la comunidad médica. Los anestesistas que deberían introducir en el torrente sanguíneo de Morales el cóctel químico se han negado aduciendo motivos de conciencia.
Habitualmente es un dispositivo, sin intervención directa de ninguna persona, el que suministra la inyección, pero en este caso el preso de 46 años y su equipo legal, en cuyas filas está el ex Fiscal General Kenneth Starr, consiguieron que un juez de San José (también en la bahía de San Francisco) fallase a su favor.
Un proceso excepcional
El togado federal Jeremy Fogel consideró que, como aducía la defensa, la administración de la condena es un método excesivamente cruel, y va en contra de la Constitución. Según Fogel, los tres productos químicos que usa el estado de California tardan a veces varios minutos en hacer efecto y en parar el corazón del condenado. Por ello decretó que hubiese personal médico en la sala, para acelerar el proceso.
Una vez dictaminado esto la prisión, encargada de hacer cumplir la sentencia contra el reo de 46 años, no ha podido encontrar profesionales médicos con licencia en ese Estado que estén dispuestos a participar en la ejecución. Ni doctores, ni enfermeras ni ningún otro profesional con capacidad legal para inyectar medicamentos han aceptado aún ejecutar la condena, así que la prisión ha decidido suspenderla.
Las principales asociaciones médicas y de anestesistas de California y del resto de EE UU han mostrado en las últimas horas su firme oposición a que sea personal sanitario el encargado de suministrar la mezcla mortal.
La suerte de Morales se decidirá el 1 de mayo
Ante la excepcional situación, el juez Fogel, ha fijado una audiencia para aclarar esta cuestión el próximo 1 de mayo, así que entonces es casi imposible que la fiscalía consiga que se produzca la ejecución antes de esa fecha. De llevarse a cabo la ejecución esta primavera, Morales se convertiría en el decimocuarto reo en ser ejecutado desde la restauración de la pena de muerte en California en 1978.