Reportaje:

Crimen y castigo maya

Una comunidad indígena de Guatemala azota y expulsa a un ladronzuelo, según los preceptos de la justicia precolombina

Cansados de un aparato judicial que no funciona y sedientos de aplicar un escarmiento que devuelva la tranquilidad al vecindario, un grupo de habitantes de Santa Cruz del Quiché, capital de la provincia del mismo nombre en el norte de Guatemala, detuvo el pasado martes a un joven que fue sorprendido cuando, tras romper el cristal de un coche, huía con la radio sustraída al vehículo.

En una rápida composición de lugar, el grupo que detuvo al delincuente comprobó que tanto el malhechor, identificado como Jesús Bocel, de 18 años, como el ofendido, cuyo nombre no se dio a conocer, eran maya...

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Cansados de un aparato judicial que no funciona y sedientos de aplicar un escarmiento que devuelva la tranquilidad al vecindario, un grupo de habitantes de Santa Cruz del Quiché, capital de la provincia del mismo nombre en el norte de Guatemala, detuvo el pasado martes a un joven que fue sorprendido cuando, tras romper el cristal de un coche, huía con la radio sustraída al vehículo.

En una rápida composición de lugar, el grupo que detuvo al delincuente comprobó que tanto el malhechor, identificado como Jesús Bocel, de 18 años, como el ofendido, cuyo nombre no se dio a conocer, eran mayas. En consecuencia, ignoraron los procedimientos legales y buscaron a las autoridades propias: el alcalde indígena (figura que data de la época colonial, inspirada en las organizaciones precolombinas) y a un grupo de ancianos, para que hicieran justicia.

El tribunal maya, tras oir a las partes, decidió castigar a Bocel con 20 azotes en público y expulsarlo de la comunidad. De acuerdo con la tradición, en el castigo debían tomar parte el ofendido, algunas personas del pueblo reconocidas como honorables y un pariente de quien con su conducta había violado los valores comunitarios y alterado la paz. Inmediatamente, varios vecinos se ofrecieron voluntarios para ir a buscar ramas verdes de membrillo, que, por su dureza y resistencia, causan mucho dolor.

Parte esencial del castigo consiste en la humillación pública, que también salpica a la familia. De ahí que entre los verdugos deba figurar un pariente próximo del flagelado, para "limpiar el honor" mancillado y que la casa no sufra del repudio comunitario.

Dictada la sentencia, la multitud se dirigió a una calle de la ciudad donde Bocel recibió en público azotes en manos, espalda y pies hasta que brotó sangre. Previo al castigo y de acuerdo al derecho consuetudinario de los mayas, los líderes indígenas explicaron al detenido los avances de su falta. Le hicieron ver que el castigo era parte de un proceso de purificación, dirigido a que enmendara su conducta delictiva, de tal suerte que en el futuro se convirtiera en un hombre de provecho.

El flagelado reconoció su falta públicamente, pidió disculpas y prometió firmemente que cumpliría la condena de ostracismo a la que había sido sentenciado. Posteriormente, los ancianos y sacerdotes acompañaron al delincuente hasta su comunidad, en la vecina provincia de Sololá, donde fue entregado a las autoridades indígenas locales, a quienes explicaron lo sucedido y dejaron encomendado el proceso de regeneración del ladronzuelo.

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Este tipo de castigos ha sobrevivido con un alto grado de vigencia a cinco siglos de sometimiento de las culturas mayas. Juan Zapeta, uno de los líderes que el martes formó parte del tribunal que castigó a Jesús Bocel, lo explicó con rotundidad: "El castigo maya corrige y ayuda al delincuente. Quienes van a las cárceles de los ladinos [mestizos] sólo llegan a aprender nuevas técnicas para delinquir", en una clara alusión al deficiente sistema carcelario de Guatemala.

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