El FBI solicita a las universidades de EE UU datos sobre profesores y alumnos extranjeros
La Agencia Federal se ampara en una ley de reciente aprobación para investigar posibles vínculos con grupos terroristas.-Algunos centros y la oposición demócrata consideran la medida ilegal
El último frente de la guerra contra el terrorismo declarada por el presidente Bush tras los atentados de 2001 en Nueva York y Washington afecta de lleno a las universidades estadounidenses. Según la información a la que ha tenido acceso el diario The Washington Post, el FBI ha solicitado a los centros universitarios del país información personal sobre los estudiantes y profesores extranjeros para investigar posibles vínculos con organizaciones terroristas como Al Qaeda.
La medida ya ha encontrado el rechazo frontal del Partido Demócrata, que ha levantado la voz para denunciar la...
El último frente de la guerra contra el terrorismo declarada por el presidente Bush tras los atentados de 2001 en Nueva York y Washington afecta de lleno a las universidades estadounidenses. Según la información a la que ha tenido acceso el diario The Washington Post, el FBI ha solicitado a los centros universitarios del país información personal sobre los estudiantes y profesores extranjeros para investigar posibles vínculos con organizaciones terroristas como Al Qaeda.
La medida ya ha encontrado el rechazo frontal del Partido Demócrata, que ha levantado la voz para denunciar la ilegalidad de este nuevo paso en la restricción de derechos a los ciudadanos en suelo estadounidense. Los senadores demócratas Patrick Leahy (Vermont) y Ted Kennedy (Massachusetts) se han expresado en este sentido. Además muchas de las universidades y grupos educativos la han puesto en cuestión.
The Washington Post indica que el FBI pidió a comienzos de diciembre a centros docentes de todo el país los "nombres, direcciones, números de teléfono, información de ciudadanía, lugares y fechas de nacimiento, y cualquier información de contacto" de los profesores y estudiantes que no tienen nacionalidad estadounidense.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia argumentan que la denominada Ley Patriótica, recientemente aprobada y destinada a luchar contra el terrorismo, permite que las universidades otorguen esa información sin comunicárselo al interesado. Pero los críticos de la medida creen que es ilegal porque, para obtener esa información, es preciso obtener un requerimiento judicial.
El rechazo de los demócratas
En una carta enviada al fiscal general de EE UU, John Ashcroft, los senadores Leahy y Kennedy han expresado sus discrepancias con la medida. "Esta ley requiere una orden de un tribunal y debe demostrar que está hecha específicamente para investigar el terrorismo", indica la misiva. "El FBI no parece cumplir completamente ninguna de estas dos premisas", añade la carta de los senadores.
El diario de Washington, que obtuvo una copia de la carta enviada por el FBI a universidades de todo el país, ha indicado que los investigadores federales no han informado acerca de cuántos centros docentes han respondido al requerimiento, que, según señalan, es de cumplimiento voluntario.
El Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de Estados Unidos ya ha comenzado a crear una base de datos sobre los más de 200.000 alumnos extranjeros que cada año acuden a centros docentes de este país. Pero ese organismo solicita información en base a las leyes de inmigración, a diferencia del FBI que, según expertos consultados por el diario de Washington, tiene mucha menos capacidad de maniobra legal para obtener esos datos.
Varios de los secuestradores aéreos que causaron unas 3.000 muertes en los atentados de Nueva York, Washington y Pensilvania habían entrado en Estados Unidos con visados de estudiantes y tomaron clases en escuelas de aviación norteamericanas.
Desde los brutales atentados, más de 1.200 extranjeros, cuyos nombres no han sido revelados, han sido detenidos en Estados Unidos para investigar sus posibles vínculos con el terrorismo. En al menos seiscientos de los casos, sus audiencias judiciales fueron secretas y la mayoría, al parecer, fueron deportados.