El Tribunal Supremo de EE UU anula 150 penas de muerte
La decisión se basa en la consideración de que esas condenas deben ser establecidas por jurados y no por jueces
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado al menos 150 penas de muerte, al establecer que esas condenas deben ser fruto de la decisión de los jurados y no de los jueces.
La decisión, aprobada por 7 votos a favor y 2 en contra, establece la primacía de la Sexta Enmienda de la Constitución de EE UU, según la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus pares, es decir, por un jurado.
Esta medida, que se aplicará de forma retroactiva, tendrá alcance en al menos cinco de los 50 Estados de la nación y tendrán que revisarse como mínimo 150 casos, han indicaron fuentes j...
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado al menos 150 penas de muerte, al establecer que esas condenas deben ser fruto de la decisión de los jurados y no de los jueces.
La decisión, aprobada por 7 votos a favor y 2 en contra, establece la primacía de la Sexta Enmienda de la Constitución de EE UU, según la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus pares, es decir, por un jurado.
Esta medida, que se aplicará de forma retroactiva, tendrá alcance en al menos cinco de los 50 Estados de la nación y tendrán que revisarse como mínimo 150 casos, han indicaron fuentes judiciales.
Hasta ahora, aunque el jurado determinaba la culpabilidad o inocencia del acusado, los jueces en Arizona y otros cuatro Estados tenían atribuciones para dictar la sentencia según diversos factores agravantes, principalmente la naturaleza del crimen. Pero es al jurado al que le corresponde tomar en cuenta todos los factores del crimen cometido antes de recomendar una sentencia, según la decisión del máximo tribunal de justicia de Estados Unidos.
El 'caso Apprendi'
El Supremo estadounidense ha basado su resolución en un caso de 2000, en el que también revocó una sentencia emitida por un juez, el llamado caso Apprendi.
La juez Ruth Bader Ginsburg, en representación de los siete jueces que han votado a favor, ha hecho referencia al fallo del Supremo en aquel caso de Nueva Jersey, en el que un juez federal extendió en dos años una condena de cárcel por factores agravantes, una decisión que luego revocó el Supremo.
Según la magistrada portavoz, la misma protección que ampara a un convicto cuando se trata de la extensión de la privación de libertad debe aplicarse a los afectados por la pena de muerte.