Un gemido, no una explosión

Lo peor de las críticas apocalípticas al Gobierno de Sánchez es que llevan implícitas la deslegitimación de un gobierno democrático

Patricia Bolinches

El poeta británico T. S. Eliot (nacido en Estados Unidos) escribió que el fin del mundo no llegaría con una explosión, sino con un gemido. En España, desde luego, lo que existe desde hace meses es lo contrario, una explosión de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, con un tono cada vez más apocalíptico, que se va contagiando hasta instalarse en lugares insospechados. ...

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El poeta británico T. S. Eliot (nacido en Estados Unidos) escribió que el fin del mundo no llegaría con una explosión, sino con un gemido. En España, desde luego, lo que existe desde hace meses es lo contrario, una explosión de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, con un tono cada vez más apocalíptico, que se va contagiando hasta instalarse en lugares insospechados. Las recientes reformas del Código Penal (delitos de sedición y malversación) ya no se critican en esos círculos como errores gubernamentales, sino como cataclismos insoportables que acabarán con el país. Lo peor de este tono de hecatombe es que lleva implícito algo que es bastante más peligroso que lo que se denuncia: la deslegitimación de un gobierno elegido democráticamente en las urnas. Eso y el deterioro de las instituciones, impidiendo su correcto funcionamiento, son los verdaderos daños insoportables en las democracias.

En realidad, lo más grave que ocurre en España es el bloqueo de las instituciones, la imposibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el veto que mantiene el principal partido de la oposición, el PP, y la consiguiente imposibilidad de que el Tribunal Supremo haga su trabajo con normalidad. Lo más grave en una democracia no suele ser una reforma del Código Penal, por muchas quejas razonables que suscite, sino que las instituciones dejen de funcionar. Los vocales del CGPJ tienen caducado su mandato desde hace más de cuatro años y, aun así, no hay forma de convencer al PP para que permita su renovación. El Tribunal Supremo, máximo tribunal de casación, que tiene encomendada la aplicación uniforme de las leyes en todo el país, dejará de dictar, según sus propios cálculos, 1.200 sentencias este año porque, al no renovarse el Consejo, no se podrán cubrir las 24 plazas vacantes, más de un 30% del total. Ese bloqueo es el que produce mayor daño en las instituciones, porque, además, no se trata de un eventual error, sino de una voluntad deliberada.

El apocalipsis que esos círculos anuncian en España, con la destrucción del Estado, ocultan silencios clamorosos sobre esos otros daños que son bien reales y evidentes. Ni la situación política ni la económica, ni la posición internacional de España (sensiblemente mejoradas las dos últimas bajo la presidencia de Sánchez) auguran una hecatombe. Habrá, seguramente, serios problemas, pero ni la situación en España ni la situación en Europa permiten hacer grandes comparaciones con el pasado histórico reciente. España no camina sonámbula hacia su destrucción porque sigue en vigor su Constitución, su Tribunal Constitucional y su Parlamento, y existe un fuerte entramado de instituciones que cumplen correctamente su cometido. Europa tampoco se encamina sonámbula, como ocurrió en la I Guerra Mundial, a un enorme conflicto, entre otras cosas, precisamente porque existen nuevas instituciones multilaterales (las de la Unión Europea y las de la Alianza Atlántica, especialmente) que funcionan con razonable eficacia. Una vez más, en Europa como en España, el principal riesgo sería, precisamente, que esas instituciones se bloquearan.

Lo que más inquietud produce, además del posible deterioro institucional, es la extrema polarización en el debate político, no solo en España, sino en toda Europa. La radicalización se está produciendo dentro de cada marco nacional, no en el debate estrictamente europeo. Lo cierto es que, poco a poco y en muchos países de la UE, va desapareciendo la voluntad de compromiso interno y van surgiendo nuevos modos de enfrentamientos políticos radicales, unos contra otros, que sí recuerdan a viejos tiempos.

La debilidad de los partidos políticos, tanto los tradicionales como los relativamente nuevos, en su papel constitucional de instrumento fundamental de participación política es otro de los elementos de preocupación en España y en Europa. La Constitución española les reservó un protagonismo fundamental (su existencia se configura nada menos que en el artículo 6) como expresión de pluralismo y mecanismos para la formación y manifestación de la voluntad popular, pero es evidente que la mayoría de ellos (y muy especialmente el PSOE) han sufrido un proceso de endeblez notable. Quizás esa falta de resistencia y solidez del partido del Gobierno sea lo que deja tanto espacio a las voces apocalípticas.

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