Un tribunal de Malta decide entregar al príncipe Paul de Rumania a la justicia de su país

Un tribunal de Malta ha decidido entregar a la justicia rumana al polémico príncipe Paul Philippe de Rumania, que fue arrestado a finales del pasado mes de abril en la isla pues sobre él pesaba una orden europea de búsqueda después de que el Tribunal de Casación y Justicia rumano lo condenara a tres años y cuatro meses de prisión por tráfico de influencias, blanqueo de capital y soborno al pertenecer a un grupo criminal que se dedicaba a restituir propiedades expoliadas durante la dictadura comunista, y que él reivindicaba como heredero de la familia real del país de la Europa del Este.

Así lo ha anunciado este martes 25 de junio la ministra de Justicia rumana, Alina Gorghiu, quien ha precisado, en cambio, que la resolución de la instancia judicial isleña, donde se encuentra encarcelado en la actualidad quien es más conocido como Paul de Rumania, no es definitiva ya que puede ser recurrida. “Se trata de una decisión esperada por el Ministerio de Justicia y por el Estado rumano, que constantemente se esfuerza por traer a los fugitivos al país”, ha escrito Gorghiu en su perfil de Facebook.

El cambio de parecer de la justicia maltesa sobre el caso del prófugo rumano, que se halla en arresto preventivo desde finales de abril tras ser detenido en un complejo turístico, se conoce precisamente un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) diera la razón a una instancia rumana para que se procediera a la entrega del inculpado, al señalar que la información sobre la existencia o agravamiento de deficiencias sistémicas en materia de independencia del poder judicial en un Estado miembro no puede ser suficiente por sí sola para justificar la negativa a ejecutar una orden de detención europea emitida por un tribunal de un país comunitario. Tras las tentativas fallidas de entrega, la Corte de Apelación de Brasov —una ciudad situada en el corazón de Transilvania— planteó a la máxima instancia judicial comunitaria que analizara si se respeta la legislación de la UE sobre la orden de detención contra el príncipe Paul Lambrino, nieto del rey Carlos II de Rumania. En su respuesta, el TJUE recalcó que “la Comisión Europea subraya que ninguno de sus informes sobre los progresos realizados por Rumania en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación o sobre el Estado de derecho o los recientes de la Comisión de Venecia, no han puesto de relieve irregularidades sistemáticas en relación al juramento de los jueces en Rumania”. Además, enfatizó que la Comisión Europea cerró en septiembre del pasado año el Mecanismo de Cooperación y Verificación respecto a Rumania por cumplir de manera satisfactoria con todos los objetivos establecidos, como el de la independencia del sistema judicial.

La instancia de Malta rechazó el pasado mes de mayo hasta en dos ocasiones la extradición. Los abogados del príncipe Paul solicitaron a las autoridades isleñas que refutaran la petición de entrega, ya que el condenado no había estado presente cuando el Tribunal de Casación y Justicia pronunció la sentencia definitiva en diciembre de 2020. Este argumento, no obstante, fue rechazado por los jueces malteses. Pero los letrados insistieron en que se violarían los derechos humanos en el caso de que cumpliera la pena de prisión en su país. A raíz de esta afirmación, las autoridades judiciales de Malta pidieron a Rumania más detalles sobre las condiciones de arresto. Bucarest contestó que estaría detenido en el centro penitenciario de Prahova, a las afueras de la capital, durante tres semanas en una celda de al menos cuatro metros cuadrados, y que podría optar por participar en diferentes actividades, teniendo así la posibilidad de pasar más tiempo fuera del espacio de detención, según reveló el diario Adevarul.

“Las autoridades rumanas nos han informado de que, considerando la duración de la sentencia, el príncipe Paul Philippe de Rumania probablemente cumplirá su condena en la Penitenciaría de Prahova en condiciones dignas y que, considerando su avanzada edad (76 años), hay una posibilidad de que una comisión especializada decida que entre en un régimen semiabierto. Después de cumplir una quinta parte de su condena, una comisión determinará si se beneficiará del régimen semiabierto o abierto, en cuyo caso sería trasladado a la cárcel de Jilava, donde las restricciones son mucho menores. Además, el tribunal puede decidir la libertad condicional una vez cumplida la mitad de la pena, es decir, unos 20 meses”, afirmaron los magistrados malteses a finales de mayo. Sin embargo, los jueces invocaron también un argumento inusual para motivar la decisión de ese rechazo —del que ahora han cambiado de parecer—. “Un detalle importante que hay que tener en cuenta es la posición delicada y única de Paul Philippe de Rumania, miembro de la casa real de Rumania, y las reclamaciones sobre la descendencia y sucesión del rey Carlos II; la Administración Nacional de Penitenciarías no ha proporcionado ningún detalle relacionado con los mecanismos que se aplicarán para que Paul Philippe de Rumania no sea discriminado ni sometido a ningún castigo arbitrario o trato discriminatorio por su conexión con la historia monárquica de Rumania”.

La justicia rumana emitió en diciembre de 2020 una orden europea de búsqueda después de que el príncipe se diera a la fuga tras ser condenado por generar un perjuicio de 9,5 millones de euros a las arcas públicas. Restablecida la democracia en Rumania tras el derrocamiento del dictador Nicolae Ceaușescu en la Navidad de 1989, el príncipe Paul se unió a una organización ilícita, con el propósito de beneficiarse de una ley gubernamental que permitía la restitución de propiedades expropiadas por el régimen. Fue acusado de haber trabajado con una banda criminal entre 2006 y 2013 para recuperar grandes parcelas de terrenos que reivindicaba como beneficiario de la familia real, entre las que se encontraban 47 hectáreas del bosque de Snagov —donde se sitúa un monasterio en el que, según la leyenda, se haya enterrado el cuerpo sin cabeza de Vlad Drácula— y otras 27 hectáreas de la antigua granja real situada en Baneasa, ambas al norte de la capital rumana.

Tras huir de la justicia, se localizó su paradero en junio de 2022 en Francia, donde estuvo detenido en prisión preventiva antes de ser puesto en libertad bajo fianza. Pero un tribunal francés rechazó a principios de octubre del pasado año que fuera trasladado a Rumania para cumplir la sentencia judicial. Paul Lambrino se negó a ser extraditado a su país de origen alegando que el caso en su contra era eminentemente político. “Me acusan porque se me considera el heredero de mi abuelo”, llegó a aseverar. Su padre, Carlos Mircea Grigore Lambrino, luchó todo lo que estuvo en sus manos para que se le reconociera como el heredero legítimo del rey Carlos II, quien gobernó de 1930 a 1940, y a quien siguió su hijo Miguel I, quien abdicó en 1947 por la llegada al poder de los comunistas tras la Segunda Guerra Mundial. El progenitor de Paul Philippe había nacido en 1919 de la relación del monarca con Juana María Zizi Lambrino, la primera esposa del rey. La casa real no aceptó ese matrimonio al aducir que violaba el Estatuto de la monarquía, que establecía la unión solo con miembros de otras familias reales. Al final, tras varios lustros de demandas, el Tribunal Superior de Rumania acabó dándole al príncipe Paul la razón en enero de 2012 al conferir de manera oficial su reconocimiento como heredero del trono.