El gigantesco negocio que se oculta en el mar: cómo los accesos a los recursos genéticos generan desigualdad
Los países más ricos acaparan las patentes obtenidas a partir del material biológico de los océanos, frenando la investigación y el desarrollo tecnológico propio del resto
Suiza es el depósito hídrico de Europa. Hasta el 6% de las reservas de agua dulce del continente están en un territorio rodeado de montañas, donde no hay playas ni mar. Aun así, pertenece al club de los 10 países del mundo —entre ellos EE UU, Alemania y Japón— que poseen casi el 98% de todas las patentes genéticas marinas del planeta. Tiene una explicación: en Suiza tienen su sede las principales firmas farmacéuticas, uno de los sectores que más recursos invierte (y mayores beneficios obtiene) con...
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Suiza es el depósito hídrico de Europa. Hasta el 6% de las reservas de agua dulce del continente están en un territorio rodeado de montañas, donde no hay playas ni mar. Aun así, pertenece al club de los 10 países del mundo —entre ellos EE UU, Alemania y Japón— que poseen casi el 98% de todas las patentes genéticas marinas del planeta. Tiene una explicación: en Suiza tienen su sede las principales firmas farmacéuticas, uno de los sectores que más recursos invierte (y mayores beneficios obtiene) con la explotación de estas licencias.
Al fin y al cabo, bajo las aguas oceánicas habita una biodiversidad inmensa, mucha de ella aún por descubrir y estudiar. Miles de organismos cuyo valor científico (y económico) hace ya tiempo que está en el radar de las grandes economías y empresas del globo. Que la multinacional alemana BASF, el fabricante químico más grande de esta industria tan poderosa, tenga registradas hasta el 47% de las 12.998 secuencias genéticas asociadas a 862 especies marinas, demuestra el gigantesco negocio que se oculta en el mar.
Un estudio elaborado por el Centro de Resiliencia de Estocolmo y la Universidad de la Columbia Británica (Canadá) prevé que, para 2025, el mercado global de biotecnología marina alcance los 6.400 millones de dólares y cubra una amplia gama de soluciones comerciales para distintos ámbitos, incluidos el farmacéutico, los biocombustibles o el sector químico.
El problema es que dos tercios de los océanos quedan fuera de las jurisdicciones nacionales, es decir, de las aguas territoriales que pertenecen a los países. En otras palabras: la mitad de la superficie de la Tierra carece de regulaciones sobre el acceso o el uso de los recursos genéticos. Y solo los Estados más ricos —los que cuentan con más músculo financiero, medios y tecnología— pueden sufragar las expediciones hasta esos lugares lejanos, extraer las muestras biológicas, investigar en el laboratorio y patentar el recurso para su posterior explotación comercial.
“Es preciso establecer un marco legal y ético internacional que garantice un acceso equitativo y sostenible a estos recursos genéticos marinos, que deberían ser proclamados Patrimonio Común de la Humanidad”, afirma Nuria Navarro, profesora del departamento de Biología de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).
Más allá de las ganancias monetarias, que un grupo de países privilegiados disponga de la mayoría de estas patentes implica que pueden controlar su utilización y excluir a otros Estados. Ese veto implica enormes dificultades para realizar investigaciones y desarrollar tecnologías propias basadas en esos genes marinos. Es decir, se acentúan de nuevo las desigualdades entre ricos y pobres.
Un acuerdo histórico
A finales del año pasado, Naciones Unidas dio un paso importante y necesario para empezar a controlar la situación. En septiembre entró en vigor el Acuerdo para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, un pacto refrendado por 60 países, entre ellos España. El documento aboga por “crear un marco para la distribución justa y equitativa” de los posibles beneficios derivados de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos y su secuenciación digital en aguas internacionales, que garantice que estas actuaciones “beneficien a toda la humanidad”.
El investigador del Centro Oceanográfico de Canarias IEO-CSIC Jesús Arrieta destaca este “hito histórico, que intenta promover el acceso a la tecnología y al conocimiento” de todas las naciones. Pero ahora queda lo difícil, que es plasmarlo en acciones precisas. “Aún falta por saber qué mecanismos concretos se van a establecer para redistribuir entre todos los beneficios económicos y el acceso a la información genética internacional”, advierte Nuria Navarro.
Desde 1994, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en sus siglas en inglés) controla la exploración y la explotación de los recursos situados en los sedimentos oceánicos que quedan fuera de los límites de la jurisdicción nacional. “Pero esta regulación solo afectaba a los suelos y no a la columna de agua. Por eso, el primero que llegaba se llevaba el recurso”, explica Arrieta. Y la industria era (y es) consciente de ese potencial.
Nuevos tesoros
Ya en 2010, este experto participó en un trabajo del CSIC que demostraba un aumento del 12% anual de las patentes de genes marinos, un crecimiento 10 veces más rápido que la descripción de nuevas especies. “El éxito en encontrar sustancias químicas de interés no descritas aún en organismos marinos es 500 veces más alto que en el caso de las especies terrestres”, sostiene su investigación. Además, los recursos genéticos con potencial económico “abundan en los puntos calientes de biodiversidad, como los arrecifes de coral, las montañas submarinas o los ecosistemas polares”, todos ellos amenazados por el cambio climático y el impacto de la actividad humana.
El coordinador de Áreas Marinas Protegidas en WWF España, Óscar Esparza, incide en este punto. El hecho de que apenas un puñado de países utilice la mayoría de los recursos del planeta, lamenta, compromete la biodiversidad. “Es un peligro que la conservación quede bajo las manos del mercado porque puede provocar que se lleven a cabo prácticas de monopolio y de explotación injusta”, insiste Esparza. Los primeros indicios de que hay un interés real por avanzar hacia el bien común y poner coto a estas prácticas ya se han activado. Pero el camino que queda por recorrer solo acaba de empezar.
Hasta 20 años de explotación
A partir del momento en que se presenta la solicitud, los propietarios de cada patente tienen por delante 20 años para su explotación en exclusiva. Conseguir un título de patente implica un coste altísimo, y no es fácil. “Se patentan aplicaciones técnicas de ideas y hay que demostrar que funcionan. Solo se otorgan cuando el examinador comprueba que realmente son una novedad, que nadie ha hecho antes nada igual y que no se desprenden de forma evidente del estado de la técnica”, apunta Pancho Sueiro, experto del área de Transferencia del Conocimiento del CSIC.