Trabajo reclama al hospital de Torrejón casi medio millón de euros en cuotas a la Seguridad Social al considerar que usó falsos autónomos

La Inspección de Trabajo levantó en octubre un Acta de Liquidación contra Torrejón Salud, S.A., concesionaria del ...

La Inspección de Trabajo levantó en octubre un Acta de Liquidación contra Torrejón Salud, S.A., concesionaria del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (público de gestión privada), en la que reclama 488.503 euros por impagos a la Seguridad Social al considerar que usó a 28 sanitarios como falsos autónomos. El documento, al que accedió EL PAÍS, analiza el periodo transcurrido entre diciembre de 2020 y agosto de 2025 y hace un desglose mensual de trabajadores, bases de cotización y cuotas dejadas de ingresar según el criterio de los inspectores. Ese balance, sin embargo, “no contempla de forma correcta la naturaleza de las relaciones profesionales analizadas”, según un portavoz del hospital, que avanza que el centro ha recurrido, y que también lo han hecho varios profesionales afectados. Ribera Salud, grupo al que pertenece el hospital, se remite a esa explicación.

La concesión de Torrejón está en el centro de la polémica desde que EL PAÍS desveló un audio del CEO del grupo Ribera, Pablo Gallart, en el que este pedía a los mandos del hospital que tuvieran en cuenta en su trabajo la cuenta de resultados del centro. “Seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de la sociedad (...) y qué procesos sí lo son, y qué actividad nos interesa más hacer”, dijo.

“En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, añadió Gallart en esa intervención de septiembre, en la que reclamó “hacer iteraciones”, es decir, ajustes, para “alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones”.

Contactado por este diario, Santiago Orio, director gerente del Hospital de Torrejón, dijo entonces: “Ribera tiene único plan: ofrecer una atención de la máxima calidad a los pacientes de Torrejón”. La Comunidad de Madrid reaccionó al audio enviando al hospital a equipos de auditores que dijeron no haber encontrado defecto alguno en la gestión. La Administración regional, a través de su consejera de Sanidad, Fátima Matute, incluso celebró los datos del centro.

A esa controversia se suma ahora la reclamación de casi medio millón de euros en cuotas a la Seguridad Social que la Inspección de Trabajo hace al centro al considerar que usó falsos autónomos. En el acta, que detalla que la naturaleza del descubierto es la “falta de afiliación o alta (en la Seguridad Social)” de trabajadores, se lee: “En documentos anexos por cada periodo parcial se detallan los datos que han servido para calcular el débito, la liquidación parcial, con el importe principal del débito, el recargo del 20% por falta de ingreso en plazo reglamentario y el total de ambos. En los supuestos de derivación de responsabilidad se incluyen también los intereses y costas. De todo ello resulta que el importe total de la deuda del periodo del descubierto es de 488.503 euros”.

La Inspección no ha levantado acta de infracción. Sí adjunta al acta un listado de 28 profesionales que han prestado servicios en el hospital de Torrejón en los periodos indicados “sin estar de alta en dicha empresa (constando de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la Mutua Médica)”. De ellos indica que no atienden a pacientes propios, sino del hospital. Que no utilizan medios propios, sino del hospital. Y también que es el hospital el que les proporciona su ropa, o que llevan una tarjeta identificativa en la que consta su nombre, especialidad y el nombre del hospital.

Durante la inspección, los representantes del hospital explicaron que la relación del centro con profesionales sanitarios por cuenta propia y sociedades mercantiles ―es decir, autónomos― se debe principalmente a tres situaciones.

La primera, a que algunos prestan servicios que tienen “una actividad muy limitada” dentro de la cartera que ofrece el hospital. Se refiere a médicos que “solo vienen a realizar ciertos procedimientos complejos de alta cualificación técnica” y los que define como “personal muy escaso y altamente especializado en su campo, de actuación que normalmente trabajan mercantilmente para varios hospitales al mismo tiempo, bien a través de su propia sociedad o como trabajadores autónomos”.

La segunda se relaciona con las guardias médicas por continuidad asistencial, que obligan a tener facultativos “de presencia física o localizada las 24 horas del día, los 365 días del año”. “Esta organización se lleva a cabo con los médicos laborales del hospital, sin embargo, en ocasiones surgen incidencias puntuales (permisos, enfermedades) que no pueden ser cubiertas por el personal laboral y se tiene que llamar un médico externo para que realice la guardia”, explicó el hospital a la Inspección.

La tercera situación corresponde a “incrementos de actividad y/o falta de oportunidad de contratación laboral”. Se trata de escenarios que “obligan a los hospitales a tomar medidas de refuerzo de su personal asistencial para evitar el colapso hospitalario”, por ejemplo durante picos de gripe, o en la covid. Este mecanismo también se aplica, argumenta el centro, para reducir las listas de espera.

Finalmente, el hospital también indica que la contratación de profesionales mercantiles ronda un 5% sobre los profesionales contratados por cuenta ajena y subraya que la actividad mercantil dentro de la del hospital “es muy puntual y limitada”.

“Estructura laboral irregular”

Para el abogado Javier Flores, el acta de la Inspección de Trabajo “no es un expediente laboral aislado”. “La Inspección acredita oficialmente que durante casi cinco años el hospital funcionó con una estructura laboral irregular, con el consiguiente ahorro de costes empresariales”, asegura.

El letrado ve en esa situación un dato clave para entender que la Comunidad de Madrid ‘rescatara’ en julio a este hospital, al que transfirió 33 millones de euros con el argumento de que había estado dando servicios y prestaciones que no incluía su acuerdo original con la Administración, y que por lo tanto suponían un gasto compensable.

“(El análisis de la Inspección) encaja con las anomalías económicas denunciadas: caída abrupta de ingresos declarados, incremento posterior de costes y solicitudes de reequilibrio económico con cargo a fondos públicos”, expone Flores. Y opina: “El acta refuerza el contexto general de las denuncias sanitarias en un periodo de tiempo amplio: precarización laboral, dependencia económica de profesionales y un modelo de gestión en el que el criterio económico se impone al asistencial, tal y como reflejan las grabaciones internas y las denuncias de directivos cesados”.

Desde el hospital de Torrejón han respondido a este periódico por escrito: “Tanto el hospital como algunos profesionales afectados han recurrido la citada acta de Inspección por considerar que no contempla de forma correcta la naturaleza de las relaciones profesionales analizadas. Mientras no haya una resolución firme sobre este asunto, tanto el hospital como los profesionales exigen el máximo respeto y confidencialidad dada la sensibilidad del asunto en cuestión”.

Ribera Salud también fue contactada por este diario, pero se remitió a la explicación del hospital.