El Gobierno de Ayuso paga una indemnización de siete millones por el tren del parque Warner, que costó casi 100 y lleva 13 años sin usarse
El Ejecutivo de Madrid pierde un pleito por un proyecto impulsado en 2000 por Gallardón, lo que eleva la compensación por una expropiación
La justicia ha obligado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid a pagar 7.560.102,77 euros como indemnización a una mercantil cuya explotación de una mina de mineral de yeso se vio afectada por la expropiación para construir el tren de Cercanías que diseñó el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003) para dar servicio al parque de atracciones Warner y a la localidad de San Martín de la Vega en conexión con Pinto. Es la culminación de un fracaso total. La obra costó 85 millones de euros. El tren se inauguró en 2002. En 2012, cuando apenas habían pasado diez años, dejó de funcionar, por falta de viajeros. Y ahora, según documentación a la que accedió EL PAÍS, la factura de dinero tirado a la basura crece en casi diez millones tras fallar el Tribunal superior de justicia de Madrid (TSJM) en contra de las pretensiones de la Administración, que consideraba suficiente la indemnización de 1.105.142,99 euros, más los intereses legales correspondientes, que había fijado el Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid en 2022.
Esta es la historia de un desencuentro. Otro, entre Gallardón y su sucesora, Esperanza Aguirre, que fue presidenta entre 2003 y 2012. El Ejecutivo autonómico no solo impulsó una línea de tren sobre la que había dudas desde el principio. Incluso llegó a poseer el 46% del parque Warner, un complejo de montañas rusas y atracciones con miles de visitantes. Un año después de alcanzar la presidencia de Madrid, Aguirre comenzó a cuestionar la rentabilidad de la inversión del proyecto, hasta que en 2006 la Comunidad vendió su participación por 40 millones. No fue el punto final de la rectificación a Gallardón. En 2012, Aguirre volvió a desentenderse de la gestión de su predecesor ordenando el cierre de la línea ferroviaria, explotada por el gobierno de España al ser de Cercanías, “debido a la baja demanda”.
“Esta línea se ha demostrado que no era rentable, le costaba al Consorcio de Transportes cerca de cuatro millones al año”, reconoció el entonces director general de infraestructuras, Raimundo Herráiz Romero en la comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid. Y ofreció un dato esclarecedor: “La línea del ramal de Pinto a San Martín de la Vega llegó a un momento en el que la ocupación media de los trenes era de 16 viajeros/tren”.
Este es el frío apunte con el que el ejecutivo regional asume ahora el último capítulo del fiasco, y su derrota judicial, según documentación consultada por este diario: “Acuerdo por el que se autoriza el gasto por importe de 7.560.102,77 euros, correspondiente al pago del justiprecio expropiatorio de los derechos mineros derivados de la autorización de explotación “Monte Espartinas” número A-72 afectados por la obra: “Nuevo Acceso por Ferrocarril al Parque Temático y a San Martín de la Vega″.
La sentencia que ha provocado el pago, además, critica la lentitud de la Comunidad en afrontar sus responsabilidades, lo que ha engordado la factura final. “Aunque la ocupación tuvo lugar en diciembre de 2000, según consta en el acta levantada al efecto; sin embargo, el inicio efectivo del expediente de justiprecio se produjo en diciembre de 2020 (fecha de requerimiento por la Administración expropiante de hoja de aprecio a la expropiada)”, se lee. “Desde luego, dicho retraso, de 20 años, debe enteramente imputarse a la Administración”.
Este diario contactó con el gobierno regional para ampliar esta información, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.
El pago de la indemnización enfrente de nuevo al actual gobierno con una herencia envenenada procurada por sus predecesores. Si hoy es un proyecto de Gallardón el que obliga al Gobierno de Ayuso a sacar la chequera, antes le ocurrió con otros fiascos de Aguirre. ¿La factura? Cientos de millones de euros tirados a la basura.
Así, el Ejecutivo de coalición de PP y Cs, también encabezado por Díaz Ayuso, acordó en enero de 2020 pagar 99,5 millones de euros entre 2020 y 2024 a las seis universidades públicas madrileñas para compensar los recortes decididos en el plan de inversiones 2007-2011, que impulsó la anterior baronesa. Fue la culminación de una batalla jurídica que siempre perdió la Comunidad, con una treintena de sentencias en su contra y a favor de las universidades, que finalmente supuso un desembolso millonario: más de 574 millones.
En la misma línea, el fracaso del tren que debía unir Móstoles con Navalcarnero, y que ahora estudia recuperar el gobierno de España, le ha costado 162 millones a la actual Administración... sin que haya circulado nunca un solo convoy.
Peor es el caso de la línea 7B de Metro, también impulsada por Aguirre, y que ha estado parcialmente cerrada durante tres años, tras causar el derribo de 73 viviendas en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Volverla a poner en uso, como ocurrirá este 22 de noviembre, e indemnizar a los afectados, como está haciendo la Comunidad, ha supuesto un desembolso de 171 millones de euros.
Además, la Ciudad de la Justicia, en la que Aguirre gastó una cifra millonaria sin levantar más que un edificio, verá ahora la luz, 20 años después, y por un coste previsto de 653 millones de euros.
Y con Ayuso al frente, Madrid también ha tenido que pagar 73 millones de euros a la constructora de la MP-203, una autopista de peaje impulsada en época de Aguirre, por la que nunca ha circulado ni un solo coche, y que ni siquiera se ha terminado.
Quizás por eso la actual administración ha tanteado en varias ocasiones la posibilidad de que el Gobierno de España, o un operador privado, vuelva a explotar el tren de San Martín de la Vega, cuyas vías transcurren sin que nadie las use en paralelo a la carretera que da acceso al parque Warner. Por ahora, sin éxito.